Desde 1984, con el Congreso Pedagógico Nacional convocado por Raúl Alfonsín, no paran las reformas privatistas de la educación. Primero fue la Ley Federal de Educación de Menem, que la Ley de Educación Nacional (2006) del kirchnerismo mantuvo prácticamente por completo junto a la Ley de Financiamiento Educativo de 2005, ambas del ex ministro Daniel Filmus; luego el Plan Maestro de Macri, que los Fernández dejaron intacto, y ahora los gobiernos del Frente de Todos dan un golpe final a la educación pública.

Se trata de una maxi devaluación de los contenidos y de las condiciones de aprendizaje, desde el jardín hasta la universidad.

La excusa actual son los resultados de la evaluación realizada en diciembre pasado mediante la “Prueba Aprender” : El 44% de los alumnos de sexto grado del país ahora tiene dificultades para comprender un texto adaptado a su edad, mientras en el 2018  el porcentaje era del 24,7%. Suman a la crónica de una degradación premeditada que “tanto en Lengua como en Matemática, el mayor impacto se produjo entre los alumnos más pobres. En particular, el desempeño en Lengua ya llega a niveles alarmantes: hoy, casi 7 de cada 10 alumnos del nivel socioeconómico bajo (68,1%) no llega a un nivel satisfactorio en comprensión de textos. Y 4 de cada 10 (el 41,9%) ni siquiera llega al nivel básico” (Clarín, 21,06).

Apoyados en el desastre social y educativo que ellos mismo produjeron, implementan una flexibilidad educativa que –argumentan- servirá para que los jóvenes puedan alcanzar la terminalidad en base a currículas básicas y desenvolverse en el mundo laboral.

Implosión de la primaria, menos y peor secundario

Como indican los datos precedentes, no solo el secundario está en crisis. La salida que acaban de ratificar para resolver el desastre que muestra la evaluación en chicos de sexto grado, Perczyk y el Consejo Federal de Educación es aumentar una hora de clase en la escuela básica, a costa del esfuerzo de la docencia, que lo rechaza masivamente, sin afrontar ninguna de las condiciones que han generado este declive educativo, desde la pauperización extrema de la comunidad educativa, hasta el estado edilicio, las condiciones sanitarias y los salarios docentes.

Pero el mismo camino se profundizará ahora para la escuela media. En febrero de este año, y ya amparándose en los resultados que justamente iba a arrojar el “Aprender”, el ministro de educación nacional, Jaime Perczyk, adelantó “que el Gobierno convocará a los alumnos, los profesores, las pymes, los trabajadores y la ciencia, para pensar una escuela secundaria que incluya la formación para el trabajo” (Info-Región, 07.02). Sin embargo, en la Feria del Libro, el ministro se atajó declarando que “la educación para el trabajo no va de la mano del empleo” (los que despiden y no toman trabajadores son los patrones cuando la producción no les resulta rentable), pero no obstante insistió en orientar definitivamente la educación hacia la formación laboral: “La escuela tiene un papel en eso. La escuela técnica lo hace, la escuela agraria lo hace, y tenemos que meter la formación para el trabajo en la escuela secundaria común” (7.05), un reclamo sistemático de las cámaras empresarias.

El ministro de educación bonaerense, Alberto Sileoni, fue mucho más explícito: “la escuela secundaria necesita un cambio más profundo. Necesitamos un secundario atractivo para los sectores que no pueden hacer frente a un secundario extenso, por diferentes razones. Aspiramos a que ese cambio vaya para el lado de una escuela con conocimientos básicos y, junto con esto, una fuerte carga de formación profesional”. Pero a Sileoni también se le escapó la tortuga, cuando admitió que “está la discusión de cuánto se pueden ´adelgazar´ algunos conocimientos generales para que se incluyan conocimientos sin degradar la educación secundaria” (ídem).

El “adelgazamiento” de los conocimientos generales Sileoni lo viene haciendo desde el 2009: dispuso “crear un sistema escolar más flexible, que le permita a los alumnos avanzar por materias y no por ciclos anuales (las denominadas trayectorias reales),dado que muchos chicos, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas, no se pueden adaptar al modelo tradicional” (La Nación, 25/07/2009).

Nada de esta desintegración de la educación media, que ahora se redoblará, resolvió que en las escuelas estatales egresa sólo el 36% de los alumnos, mientras que en las privadas la cifra asciende al 64%.

San Luis, otra vez punta de lanza la precarización laboral y educativa

En el año 2001, San Luis implementó el sistema de escuelas chárter, escuelas autogestionadas, un sistema que promueve la concesión de la gestión pedagógica y administrativa de escuelas públicas a asociaciones civiles, muchas de ellas integradas por padres. Se trata de un modelo nacido en Estados Unidos en 1991, que se llegó a aplicar en la enseñanza básica y polimodal de la provincia de San Luis con miles de alumnos y centenares de docentes, aproximadamente el 10% del sistema educativo puntano, solventadas por el Estado y en beneficio sustancialmente de las escuelas confesionales. El proceso se paró por la enorme resistencia de la docencia puntana.

Una reciente nota de la revista Noticias las rescata como la solución a la crisis educativa nacional, porque “las escuelas chárter son colegios de gestión privada que cuentan con financiamiento estatal, se rigen con menos regulaciones, y especialmente porque las relaciones laborales que establecen con los docentes son mucho más flexibles que en las escuelas públicas” (Revista Noticias 03-02-2022).

Hoy, el gobierno de los Rodríguez Saá, mediante la aplicación de la “Escuela Generativa”, aprobada en el 2019 por la legislatura provincial, en el marco de la Ley N° II -0035-2004, está informalizando por completo la educación pública.

Estas escuelas, según la ley, realizan “su actividad en espacios de educación no formales que comienzan a desempeñar una función de educación formal como clubes, academias de danzas, espacios gubernamentales ligados a la cultura, al arte y al deporte; desarrolla un proyecto educativo institucional contextualizado y desde un eje disparador como el deporte, la danza, la comunicación, el medio ambiente, la música, el teatro, la informática, las ciencias; Desarrolla sus propios dispositivos de evaluación en base al proyecto educativo innovador”, puede abarcar a todos los niveles educativos obligatorios y son implementadas “por personas jurídicas como organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales y clubes deportivos”.

Así mismo, en el artículo 6, destaca el “adelgazamiento” que promueve Sileoni para Buenos Aires: “El Proyecto Educativo Institucional Generativo abordará los contenidos mínimos en el marco de la normativa vigente para la acreditación, movilidad, promoción y egreso de los/las estudiantes”. También es un ajuste, porque el Estado puntano se desentiende del estado de la infraestructura, y sólo sostiene los salarios de los trabajadores de la educación (“El Estado garantizará el aporte económico para solventar las necesidades materiales que no revistan carácter estructural”). Ensayos similares ya existen en Chaco, con las llamadas escuelas sociales.

Perczyk y Sileoni, hijos de Llach

Los pedagodos nac y pop al final siguen la letra del liberal y derechista Juan José Llach, ex jefe de asesores (1991) de Menem, ex secretario de Programación Económica (1991-1996) de Domingo F. Cavallo, y ex ministro de Educación bajo la presidencia de Fernando De La Rúa.

En una nota titulada “Propuestas para mejorar la educación”, Llach reclama “centrar las propuestas de políticas públicas en la vinculación de la escuela con el mundo laboral; diseñar una nueva carrera docente, obligatoria para los nuevos maestros y optativa para quienes están en ejercicio y salario por resultado en los aprendizajes”. Llach plantea también modificar “una carrera docente insuficiente, con más de 1200 institutos de formación docente no satisfactorios para la formación de maestros y profesores, con las excepciones de algunas instituciones”, terminar con la universidad abierta y gratuita, y “potenciar a la Argentina en términos educativos fundando entre 1 y 5 institutos tecnológicos por provincia, centrarse en las especialidades propias de cada una, atractivos, luminosos y articulados con las escuelas medias y las universidades”.

Esta es la política de Perczyk y Sileoni, que lógicamente no necesita de maestros y profesores, sino de tutores acompañantes de trayectorias educativas flexibles y simples.

La devaluación de los contenidos curriculares en los profesorados de la provincia de Buenos Aires y el avance de la degradación de los títulos universitarios, con carreras cortas, más de 500 trayectos de corta duración, diplomaturas y tecnicaturas universitarias que se dictan en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional, denunciados por la Naranja Universitaria, muestra que el ataque a la educación pública va del Jardín a la Universidad.

La fuerte represión de la policía bonaerense de Kicillof y Berni contra estudiantes y docentes del terciario 103, que reclamaban por mucho más que seguridad, muestra que no fue un error (Berni la justificó plenamente) sino que para los Perczyk y Sileoni, más que nunca, “la letra con sangre entra”.

Está planteado poner en pie un gran movimiento educativo en defensa de la educación pública.

https://prensaobrera.com/sindicales/la-rioja-sexta-semana-de-paro-de-docentes-autoconvocadxs

https://prensaobrera.com/educacion/caba-vamos-a-la-marcha-educativa-contra-el-ajuste