Los partidos de la coalición liberal que gobierna Bélgica pactaron presentar una reforma laboral que permitirá “aglutinar” la jornada laboral semanal en cuatro días, flexibilizando la condiciones de trabajo. La medida implica una sobrecarga de horas de trabajo por día, con su costo en la salud de los trabajadores, y una mayor versatilidad patronal para aumentar la productividad.

Para “facilitar” la digestión de esta propuesta, que aún debe atravesar el tratamiento parlamentario, el gobierno publicita que los trabajadores recuperarán, de esta forma, una jornada libre para el quinto día laboral. El proyecto también habilita la posibilidad de compensar las horas trabajadas entre distintas semanas, pero sin modificar la cantidad de horas generales.

Se trata de una presentación que tiene todo el carácter de una estafa contra los trabajadores, encubierta dentro del reclamo de reducción de la jornada laboral con conservación del salario; o reparto de las horas de trabajo sin afectar la paga. Los empleados no trabajarán menos horas por semana, sino más horas por día, estimándose en un total de 10 horas diarias.

Con esto, el gobierno busca extender la tasa de empleo de un 71,4% a un 80% en 2030, por lo cual la medida tiene un claro interés de maximizar el efecto de la inversión privada sobre la base del deterioro de las condiciones de trabajo, flexibilizando la jornada laboral tradicional. Las patronales podrían optimizar la amortización del capital teniendo la fábrica produciendo a toda hora, con más trabajadores trabajando más horas.

Si bien sería el trabajador quien debería solicitar la modificación del régimen, está claro que se trata de una voluntariedad comprometida: la propia prensa belga presenta la alternativa como “atractiva” para situaciones de coparentalidad. Además que no se descartan presiones patronales para que el trabajador se avenga a este posible nuevo régimen.

La iniciativa oficial se asemeja a lo que ocurre con la depreciación de los salarios combinados con premios a la productividad, trabajo a destajo y pago de horas extras, donde el trabajador se ve compelido a romperse el lomo, extendiendo su jornada laboral o forzando al límite su capacidad de trabajo, para alcanzar una paga que cubra sus necesidades.

La propuesta del gobierno nada tiene que ver con una reducción real de la jornada de trabajo, lo que implicaría disminuir las horas semanales y mensuales de prestación laboral, para repartir las tareas resultantes entre las y los trabajadores desocupados: lo sería la forma más eficiente de organizar la producción de la riqueza social. Claro que sin disminuir el salario total de cada trabajador.

La incorporación de nuevas tecnologías y procesos productivos acelerados, que ha multiplicado exponencialmente la productividad, en lugar de dar pie a la disminución de la jornada laboral para reducir la carga sobre los trabajadores, incorporando nuevo personal al proceso productivo, lo que hace es aumentar la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, como en este tipo de reformas laborales.

Un gobierno de trabajadores procedería, en cambio, a incorporar a los trabajadores desocupados al proceso productivo, por medio del reparto de las horas de trabajo –entre otras políticas-, sin disminución salarial y con ingresos que sirvan para atender las necesidades de los trabajadores, lo que le daría un carácter progresivo a la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo.