La detención de la expresidenta golpista Jeanine Añez y de varios de sus ministros y el anunció que van a ser juzgados por provocar un golpe de Estado y por sus crímenes, ha despertado las simpatías de los pueblos de Latinoamérica. La cárcel a los verdugos y represores de los trabajadores es lo que de diferentes maneras reclaman las masivas manifestaciones contra Sebastián Piñera en Chile o la bronca existente contra Jair Bolsonaro y su gobierno lleno de militares que llevan adelante una política de entrega nacional y ataque a las conquistas de los trabajadores.

La derecha fascista de Bolivia pide que se respeten “los derechos humanos” de los que asesinaron a 31, hirieron a 500 y detuvieron a 1500 compañeros. La ex presidente golpista Añez dice que en Bolivia no hubo golpe sino una rebelión popular contra el autoritarismo del presidente Evo Morales del MAS y que esto lo llevó a “renunciar”. Una “renuncia” impuesta por el accionar de bandas fascistoides, el motín policial y la amenaza del Ejército. Un golpe que lanzó una campaña terrorista contra el pueblo. Añez fue elegida porque “renunciaron” todos los masistas que la antecedían en el orden. Es correcto señalar que la dirección del MAS acordó-facilitó la institucionalización del golpe, con sus renuncias. El pueblo en las calles comenzó una resistencia que culminó en agosto pasado con una huelga general que forzó el retiro de los golpistas y los obligó a convocar a elecciones, donde fueron aplastados por los votos de las masas en clara posición antigolpista.

La ex presidente Añez denuncia que su prisión preventiva de 4 meses -para reunir las “pruebas” de su acción golpista- no corresponde. Pero es una medida elemental. Su ex ministro de Interior, Arturo Murillo, que amenazaba a los luchadores antigolpistas con imponer el “orden” a sangre y fuego, se fue clandestinamente al exilio en los Estados Unidos. Una de sus últimas acciones antes del comicios fue viajar a Nueva York, para comprar armas con que librar esa guerra de terrorismo de Estado. En ese viaje también negoció que el imperialismo lo recibiría en caso de que fracasara. La OEA, la ONU, el gobierno yanqui y otros imperialistas (ha salido a la luz que el embajador británico pasaba fondos para financiar a candidatos derechistas) protestan por la detención de los jefes golpistas. Tiene lógica, fue la OEA la que sacó un documento denunciando que había habido fraude en las elecciones de octubre del 2019 que le habían dado el triunfo y la reelección a Evo Morales. Este documento sirvió de base ideológica-propagandística justificadora de los preparativos golpistas. La curia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de raigambre derechista, los medios, etc. critican la detención. ¡Bolsonaro pide por los derechos humanos de Añez! Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no se ha querido definir. La prisión preventiva de los golpistas vuelve a evidenciar quién es quién.

¿Cárcel para todos?

La prisión preventiva y la acción judicial contra la ex presidenta y sus ministros están siendo extendidas a jefes de policía y del ejército durante el golpe. Pero… la no detención de Luis Camacho (famoso internacionalmente por entrar a la Casa de Gobierno en el instante de la ejecución del golpe con una gran cruz), que financió las bandas fascistas y azuzó la represión racista contra la población indígena, crean dudas si todos los responsables políticos y ejecutores de la represión irán a la cárcel. Los familiares de los asesinados y reprimidos en las masacres de Sacaba y Senkata vienen movilizándose desde antes de la asunción del nuevo gobierno de Luis Arce Catacorra reclamando la cárcel para los “ideólogos” y ejecutores de la represión golpista. Tardó 5 meses la “justicia” en decretar estas primeras prisiones preventivas contra los golpistas-derechistas. Los eventuales juicios (¡se buscará las pruebas de que los golpistas dieron el golpe!) serán llevados adelante por la misma “justicia” que avaló los decretazos golpistas y encerró en la cárcel a 1500 luchadores antigolpistas. Ninguna garantía de que la cárcel para los militares y la derecha golpista se efectivice. Por otro lado: ¿los ejecutores de las órdenes represivas asesinas serán juzgados y encerrados? ¿O se les reconocerá -como en la Argentina post dictatorial- alguna especie de “obediencia debida” que los exonere de ser juzgados?

En las recientes elecciones del 7 de marzo, el MAS retrocedió: perdió en 8 de las 10 ciudades más importantes, cuando 6 meses antes había ganado por goleada (56%). Lo que evidencia que las listas del MAS para las elecciones nacionales del 18 de octubre fueron un canal, usado como herramienta electoral, para echar a la derecha golpista. Gente que lo votó entonces, en las recientes elecciones estaduales y municipales lo abandonó. Particularmente en las ciudades. La derecha ha utilizado este rearme electoral para complotar. En principio no quiere intentar un nuevo golpe, sino condicionar la acción del gobierno de Arce Catacora. Se ha lanzado a organizar manifestaciones pidiendo la libertad de Añez y de los “presos políticos” represores del pueblo. Los grupos fascistoides levantan cabeza. Mientras que las organizaciones de masas que dirige el MAS están paralizadas. La segunda vuelta para gobernaciones y alcaldías se realizarán el 11 de abril. Entre la primera y segunda vuelta el gobierno decidió encarcelar a los asesinos físicos e ideológicos del golpismo, esperando polarizar y recuperar parte del electorado perdido. Pero es la caricatura de la gran movilización campesina de agosto del 2019.

Es necesario poner en pie un partido de los trabajadores para intervenir en forma independiente en esta y las próximas crisis que se avecinan en Bolivia. Lamentablemente, el POR, el partido de izquierda más desarrollado, no aprende la lección de haber apoyado al golpismo, siendo que se ha sumado ahora a la campaña política derechista de que en el 2019 no fue un golpe el que volteó al gobierno del MAS sino una sublevación popular.

Arce devolvió al FMI el préstamo de más de 300 millones de dólares que había recibido el gobierno de Añez. Pero… respetó el acuerdo de pagar intereses por 30 millones.

Al mismo tiempo, avanza en sus intentos de regimentación. Uno de los dirigentes del MAS anunció que pretenden eliminar la autonomía universitaria. Otro, que ha metido en una ley de salud la prohibición de huelgas, antecedente importante para generalizar el condicionamiento del derecho de huelga a todas las organizaciones de masas.

¡Independencia política del movimiento obrero y campesino!