Finalmente, las elecciones bolivianas fueron convocadas para el domingo 6 de septiembre, a través de un acuerdo impulsado por el MAS de Evo Morales con los otros partidos y el Tribunal Electoral.

Las dos cámaras del Congreso ya lo ratificaron y el proyecto de convocatoria fue enviado al Poder Ejecutivo. La presidenta golpista Jeanine Añez lo está ‘aceptando’ a regañadientes. En una carta pública que distribuyó el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, se afirma que Añez y el gobierno “no obstaculizarán jamás la fecha de elecciones”. Pero… plantean a los dirigentes políticos y del Tribunal Electoral que “se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en salud que puedan generarse con la realización de las elecciones en el momento más grave de la pandemia” (ver facsímil). Pide -para promulgar la ley de convocatoria- ¡que el Parlamento le presente los estudios científicos de que la pandemia estará dominada para el 6 de septiembre! Deja abierta así la puerta para forzar -si logra cambiar la correlación de fuerzas- una nueva postergación continuista. Si Añez llegara a promulgar la ley de convocatoria, aún tendría que aprobarse un presupuesto extra por parte del Ministerio de Economía para hacer las elecciones con el mayor margen posible de bioseguridad. Pero la prensa ha hecho circular declaraciones de funcionarios planteando que “las elecciones no constituyen una función suprema y menos una responsabilidad financiera de prioridad”.

El golpismo derechista boliviano está acorralado, en retroceso. La crisis que afronta Trump a manos de la rebelión popular en los Estados Unidos repercute directamente sobre el gobierno golpista de Añez y sus planes fascistoides derechistas (como sobre los otros regímenes derechistas: Bolsonaro de Brasil, Piñera de Chile, etc.).

Hace 20 días en una nota que sacamos en Prensa Obrera caracterizábamos que Bolivia estaba yendo aceleradamente a una polarización política y social. La presidenta Añez rechazaba las elecciones, que el Tribunal Electoral y el Parlamento plantearon por segunda vez, para el 2 de agosto. Con la excusa de la pandemia, Añez levantó la convocatoria inicial para el 3 de mayo y planteaba postergarlas en forma indefinida, hasta que el problema sanitario estuviera resuelto.

Por su lado, los mandos militares, dirigidos por su comandante en jefe, general César Orellana, se apersonaron ante el parlamento, en ropa de combate, para hacer un planteo: el Congreso debía aprobar las listas de ascensos y promociones que le habían sido presentada por el alto mando y la presidenta. Si no lo hacían antes de una semana habría que “atenerse a las consecuencias”.

Pero la crisis capitalista mundial y la crisis política en Bolivia avanzan rápidamente. La situación sanitaria y social se ha descompuesto aceleradamente y la agitación social está creciendo. En la mayoría de las asambleas y acciones de lucha, junto a las reivindicaciones específicas, se planteaba que el gobierno golpista debía irse y se convocara de inmediato a elecciones.

Corrupción: la biblia y el calefón

La imagen del gobierno se ha venido abajo en forma acelerada. El recambio de ministros y funcionarios es permanente, acusados por su derechismo y corrupción. Hace un mes se denunció la compra de respiradores para enfrentar el coronavirus en terapias intensivas por 28 mil dólares la unidad, cuando costaban 8.000. El ministro de salud, patrón de tres sanatorios privados, no tuvo más remedio que renunciar.

Ahora ha saltado que en la compra de granadas de gas para reprimir manifestaciones, hicieron flor de negociado. En diciembre el gobierno golpista compró 100 mil unidades de granadas a un precio de 270 bolivianos la unidad, cuando el precio del ‘mercado’ es de 108 bolivianos por unidad. Intermedió la compra la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos. Están en la picota las cabezas de los ministros de Defensa y de Gobierno.

En el medio, tuvo que renunciar el ministro de Minería, Fernando Vázquez, quien frente al señalamiento que tuvo un rol en ese rubro dentro del gobierno de Evo Morales (lo que evidencia que las mineras están paradas con uno u otro gobierno)  no tuvo mejor idea que mirarse al espejo, describir sus ojos verdes, su cabello crespo, decir que es blanco y que esas condiciones lo hacían incompatible “con el resto de personas del Movimiento al Socialismo”. El escándalo desatado por el racismo ministerial lo obligó a renunciar.

El viceministro de Trabajo, Franz Choque, también tuvo que renunciar cuando salió a la luz que su promesa de un plan de obras públicas que crearía 60 mil puestos de trabajo era una maniobra mentirosa para empadronar desocupados con la promesa de que entrarían a trabajar cuando Añez ganara la elección. Podríamos seguir… ¡Esto solo en 6 meses! Parte de la clase media que apoyó el golpe oponiéndose a la corrupción del gobierno del MAS, se ha ido realineando ahora en contra del gobierno derechista.

Añez levanta la emergencia sanitaria

La cuarentena se ha transformado en una trampa mortal para la familia trabajadora: las ‘ayudas’ estatales son claramente insuficientes, están condenando al hambre y la miseria. Lo que ha generado movilizaciones por reclamos concretos y por el levantamiento de la cuarentena para que se pueda salir a buscar trabajo y/o recursos para sobrevivir. El equipamiento sanitario está colapsado. En estos seis meses los golpistas se dedicaron al robo, la corrupción y la entrega, no a preparar el sistema sanitario para enfrentar la pandemia. La zona rural del Beni está totalmente colapsada. En Santa Cruz, 55 municipios han declarado que no cuentan con recursos para afrontar la pandemia.

En el momento más complicado, el gobierno -con el decreto 4245- decidió levantar la emergencia sanitaria nacional por la pandemia que se aplicó desde el 17 de marzo. Y dejó la responsabilidad a los municipios y a las gobernaciones, que están sin recursos económicos. Solo cinco de los nueve departamentos tienen laboratorios y casi todos están sin reactivos para pruebas de Covid-19. “Nos mandaron a la guerra sin municiones”, afirmó el presidente de la Federación de Municipios, Álvaro Ruiz.

Acabar con la plaga golpista

El gobierno golpista se ha transformado en un peso muerto, reaccionario en toda la línea e incapaz de intervenir incluso frente a los problemas más acuciantes. Es una carga que deben soportar las masas bolivianas, que tienen planteada la urgencia de sacárselo de encima en defensa de sus condiciones de vida más elementales. Un estudio del Banco Mundial afirma que Bolivia retrocederá este año 6% en su PBI. Lo que es más significativo si se tiene en cuenta que en el primer trimestre (enero-marzo) había desacelerado su crecimiento pero -a diferencia de Argentina, por ejemplo- había crecido un 0,55%. Lo que quiere decir que la caída es abrupta. El déficit fiscal este año se va a duplicar: del 6 al 13%. Cierres de empresas, despidos y suspensiones masivas de trabajadores. Todo es un coctel explosivo.

Evo Morales y la dirección del MAS pretendían llegar a las elecciones y para ello venían frenando las movilizaciones de masas por los problemas acuciantes que plantea la pandemia sanitaria y la crisis capitalista. Pero ahora tienen más claro que Añez no ha renunciado a sus planes continuistas: que se prepara para interrumpir el proceso electoral -que no se ha podido iniciar porque formalmente no ha sido convocado- a la primera de cambio. Por eso el Parlamento acaba de votar un proyecto que ‘reglamenta’ el estado de excepción (estado de sitio) dándole mayores atribuciones al Poder Legislativo en detrimento del Poder Ejecutivo (Añez).

Inmediatamente Añez y su ministro de gobierno Arturo Murillo declararon que la norma promulgada pretende “desestabilizar el país”. Murillo denuncia que la ley ata de manos a las Fuerzas Armadas y la Policía para seguir las órdenes de represión que emanen de la presidenta golpista.

La polarización está al rojo vivo. Es claro que no será con una ley que se detendrá el afán golpista continuista. Es necesario unir las reivindicaciones urgentes de las masas contra la crisis capitalista (prohibición de despidos, etc.) con la organización de la lucha nacional contra el coronavirus (centralización de todo el sistema hospitalario, nombramiento de médicos, etc.) y contra la entrega y la corrupción. Y todas ellas, con la lucha contra el poder político. Con el gobierno golpista no habrá elecciones elementalmente democráticas. Es necesario terminar con esta plaga golpista. De la misma manera que la población norteamericana se levantó contra Trump, esta tendencia también se está incubando en Bolivia. Para ello la vanguardia obrera, campesina y de la izquierda debe impulsar la realización de asambleas fabriles y barriales para votar una plataforma de lucha contra el gobierno golpista, que levante el reclamo directo de ¡fuera Añez!, se organice y prepare una movilización lo más organizada y consciente posible para hacerlo realidad.

 

Facsímil de la carta de la presidenta Jeanine Añez al Congreso