Internacionales
15/9/2025
¡Bolsonaro "en cana"!
Organizar una alternativa independiente, de lucha antiimperialista y por las reivindicaciones de las masas.
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Jair Bolsonaro.
El 12 de septiembre, el STF (Superior Tribunal Federal) condenó al expresidente Bolsonaro (que estaba en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, por temor a que se pudiera fugar: se corría incluso el temor que buscara “asilo político” en la Argentina de Milei) a 27 años y 3 meses de prisión por cinco delitos: golpe de Estado; intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho; organización criminal armada; daño calificado contra el patrimonio de la Unión; y deterioro de patrimonio protegido. Cuatro de cinco jueces del STF votaron afirmativamente la pena, lo cual impide, incluso, que pueda apelar, porque la jurisprudencia exige que tiene que haber dos jueces, por lo menos, que votaran en contra para que esto fuera posible. Y solo uno voto a favor de Bolsonaro.
Como la pena supera los 8 años esta debería ser cumplida en prisión cerrada. Pero no se efectivizara de inmediato, porque hay que esperar unos meses a que salga el fallo escrito y otros trámites. Mientras tanto continuará en “arresto domiciliario”. Igualmente, se ha planteado que siendo un expresidente no tendría que ir a una cárcel común. Según La Nación (12/9) “tiene derecho a un encarcelamiento especial, el cual podría tener lugar en el edificio principal de la Policía Federal en Brasilia, un batallón de la Policía Militar o una unidad de las Fuerzas Armadas. El Ejército cuenta con 20 celdas del Estado Mayor en el Distrito Federal, aptas para recibir a los condenados por la conspiración golpista”.
Además de Bolsonaro fueron sentenciados otros 7 golpistas, 5 militares y 2 civiles: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), condenado a 16 años; almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina, 24 años de prisión; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, 24 años de prisión; general Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional, 21 años; general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, 19 años de prisión; general Walter Souza Braga Netto, exministro de la Casa Civil, 26 años. El teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente Bolsonaro, por su “acuerdo de colaboración” (delator) entregando testimonios de la trama golpista, recibió una condena de 2 años en “régimen abierto”.
Bolsonaro tiene 70 años, si la condena se cumpliera totalmente saldría de la cárcel… ¡con 94 años!
Hay sectores burgueses y medios de prensa (Folha de San Pablo, etc.) que consideran que, siendo justo el juicio, las condenas son muy duras.
Para el presidente Trump se trata de “una caza de brujas”. El secretario de Estado y portavoces del nuevo ministerio de Defensa (antes denominado Pentagono) declararon que van a accionar con “medidas económicas y militares”.
Detrás de esta condena se ha montado un vasto operativo publicitario, incluso internacional, considerando que estamos ante un “fallo ejemplar”. Se lo asimila al “Nunca Más” de los Juicios contra la Junta Militar de la dictadura argentina (1985). Igual que entonces, solo una parte mínima del alto mando militar fue condenada, dejando en libertad a miles de oficiales ejecutores del genocidio de 30 mil militantes populares y, fundamental, de gran parte de los grandes capitalistas que avalaron (y se enriquecieron) con el régimen represivo militar.
Blanqueo de la justicia y las fuerzas armadas
La condena a Bolsonaro y sus cómplices vino acompañada de un amplio operativo político para rescatar a la Justicia (STF) y las Fuerzas Armadas. Ellos fueron artífices ejecutores de la destitución golpista de la presidenta Dilma Roussef (Partido de los Trabajadores, PT) en 2016 y el nombramiento del derechista Michel Temer.
Tanto la milicia, como la “Justicia” metieron preso a Lula en el 2017 y habilitaron su proscripción y la llegada al poder de Bolsonaro. Dejaron planificar y montar el operativo golpista del 8 de enero del 2023. Durante semanas, turbas derechistas acamparon frente a los cuarteles (y tuvieron apoyo logístico), empresarios financiaron micros, la policía rodoviaria dejo pasar estos hacia el centro del poder en Brasilia, se retiraron las guardias que custodiaban las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, permitiendo que fueron asaltadas y ocupadas por los partidarios civiles y militares de Bolsonaro. No lograron despertar un alzamiento popular y tuvieron que refluir.
Con estas 7 condenas se trata de rescatar las “instituciones” de la Justicia y la fuerza militar, pilares centrales del Estado burgués. En el informe leído de la sentencia fue explicito que se juzgaba a algunos hombres y no a la “institución”. Moraes, presidente del STF declaro: “Las Fuerzas Armadas brasileñas merecen todo nuestro respeto y admiración, y han sabido superar este momento, al igual que todo el país”.
El ataque de Trump
Como parte de la guerra comercial proteccionista que desarrolla el presidente yanqui en todo el mundo, ha colocado aranceles del 50% a numerosos productos que exporta Brasil hacia EEUU. Esto a pesar de que el comercio entre ambos países es superavitario para los yanquis. Trump no solo reclama ventajas comerciales, sino que ha sumado a sus reclamos el de la libertad de Bolsonaro y lo apoya para que pueda ser candidato en las elecciones de octubre 2026. Trump también ataca a Lula y su gobierno porque juegan un rol activo en los BRICS, la coalición con China, Rusia, Sudáfrica e India y otros países, que buscan complementarse entre sí frente al embate imperialista yanqui (estudian una moneda alternativa al dólar en sus movimientos comerciales, etc.).
Lula se ha declarado un hombre de “dialogo” y adopta una posición de “negociación”. Ni siquiera ha apelado a medidas de retaliación y reciprocidad aumentando los aranceles brasileros para la importación desde los EEUU. De las “negociaciones” trascendió que hay unos 60 productos que han sido liberados por Trump. Para los no liberados, el gobierno Lula está implementando planes crediticios y exenciones impositivas y buscando nuevos mercados.
Trump busca ventajas económicas como, por ejemplo, la anulación del sistema electrónico nacional de pagos y transacciones PIX, que compite fuertemente con las tarjetas de Visa y MasterCard. También que Brasil se aleje de la estrecha relación comercial que ha establecido con China. Por ahora, por el contrario, esta ha aumentado, desde el momento que China ha dejado de comprar soja y otros granos a los EEUU como represalia a que Trump bloquea la entrada de productos chinos (aranceles, etc.). La oligarquía agropecuaria brasilera está conforme con el crecimiento de exportaciones y ganancias que obtiene de esta crisis.
¿”Unidad Nacional”?
Lula venia retrocediendo en la aceptación popular. Una encuesta de hace un mes le daba un 29% de popularidad. Se afirma que ahora creció al 33% y hasta el 38%. Existe una disconformidad social extendida en la base social de los explotados. Las ilusiones populares que su situación se revertiría con el ascenso de Lula se han defraudado. Las reformas laborales, previsionales, educativas antiobreras y reaccionarias no se han revertido. Ha crecido la informalidad laboral, la tercerización y la superexplotación. Se ha desarrollado un movimiento desde abajo con bastante fuerza, por la reducción de la semana de trabajo contra el 6 x 1 (seis de trabajo por uno de descanso), que las burocracias sindicales progubernamentales (CUT, et.) lo han transformado en proyectos legislativos, negándole el camino de la acción directa y quedando empantanados en el cajoneo de las “negociaciones” parlamentarias.
Lula, como hizo Alfonsín primero (con el juicio a las Juntas) y Néstor Kirchner después (retomando los juicios a militares asesinos, después de descolgar el cuadro de Videla del Colegio Militar), quiere usar la bandera de la lucha contra los golpistas y la ofensiva de Trump para emerger como un paladín de la “defensa de la democracia y la soberanía”, llamando a la “unidad nacional”.
El 7 de septiembre encabezo un desfile militar en Brasilia, llamando a defender a un “Brasil Soberano” y mostrando sus buenas migas con la jerarquía militar, unos días antes de las condenas del STF. Hablo de la ecología y otras cuestiones, pero los problemas de las masas trabajadoras fueron ignorados.
¿Amnistía?
Habiendo fracasado las presiones de Trump y la derecha que prometía una ola de protestas si salían condenas a Bolsonaro, la derecha viene desarrollando una campaña para que Congreso vote una “ley de amnistía”. El proyecto de Ley 2858/22 propugna una amnistía para todos aquellos juzgados y condenados por actos contra la democracia desde 2021. Según versiones, el mismo contaba con 262 firmas de legisladores (de las cuales unas 140 eran de partidos integrantes de la coalición de gobierno). El gobernador de San Pablo, el derechista Tarcisio de Freitas, se ha proclamado coordinador de esta iniciativa sumando una treintena de legisladores más.
El gobierno tiene el Congreso bloqueado para sus proyectos e iniciativas. El TSF acaba de pronunciarse a favor del gobierno en un conflicto motivado por el rechazo del parlamento a un decreto que elevaba el IOF (Impuesto a las transacciones Financieras) para la compra/venta de divisas, lo que le permitiría aumentar los ingreso fiscales en unos 10 mil millones de Reales. Pero leyes que prometían modificar la semana laboral del 6 x 1, o eliminar el impuesto a la ganancia para los salarios menores a 5.000 Reales (935 dólares) y otras diversas, están bloqueadas por la mayoría legislativa centrao/derecha.
Detrás de la amnistía y libertad de los golpistas bolsonaristas, estan en juego las candidaturas a la presidencia para octubre 2026. Bolsonaro está inhabilitado para presentarse por una sentencia anterior. Pero aun así, va a jugar un rol trascendental en designar al sucesor derechista para la candidatura presidencial por la derecha. El gobernador Tarsicio de San Pablo aparece como un candidato derechista expectable. El bolsonarismo está totalmente alineado con Trump. En los actos y movilizaciones que realizar se ve junto a las banderas brasileras, insignias de EEUU e Israel.
Unidad de los trabajadores
Con la bandera de la lucha contra la ultraderecha y por la soberanía, Lula quiere constituir un fuerte bloque de “unidad nacional” en defensa de su reelección. Subordinarse al gobierno del Frente Popular de Lula-Alckmin es enajenar el futuro del movimiento obrero. Es renunciar a tomar en sus manos la lucha por la derogación de las reformas reaccionarias laborales y previsionales y seguir apoyando al gobierno ajustador.
La presidenta del centroizquierdista PSOL, Paula Coradi, declaro: “La justicia prevalece, Brasil afirma su soberanía y los traidores a la patria pagarán caro sus crímenes” y el diputado Valente, planteo: “estamos aquí: por la democracia, por la igualdad social, por un proyecto nacional para este país y para combatir la regresión civilizatoria". Un llamado a cerrar filas detrás del gobierno Lula.
El gobierno del Frente Popular es de “conciliación de clases”, de subordinación de las organizaciones de los trabajadores a los capitalistas y sus políticos. Anestesia a las masas con versos democratizantes, mientras mantiene de pie todas las conquistas reaccionarias y antiobreras que el régimen cívico-militar de Temer primero y Bolsonaro (la mayoría de sus ministros eran militares) después, impusieron a las masas trabajadoras y explotadas. Las organizaciones obreras (CUT, etc.) y populares (Movimiento Sin Tierra, MST; Unión Nacional de Estudiantes, UNE, etc.) han paralizado a las masas en la lucha por recuperar sus reclamos.
La Corriente Socialismo y Barbarie de Brasil (agrupada junto al Nuevo MAS de la Argentina) coloca como centro de la izquierda “la lucha por la soberanía” contra los aranceles y las prepotencias de Trump. Para ellos este es “el primer punto de esta lucha política, justo después de la lucha contra la intervención imperialista, es la lucha por arresto y el mantenimiento en prisión de Bolsonaro y todos los golpistas”.
Su caracterización es que el país se va a polarizar políticamente entre estos dos extremos, afirman. Y la izquierda no debiera ser “sectaria” y alistarse activamente para enfrentar la “contraofensiva derechista” junto al gobierno frentepopulista. Después de años de haber estado dentro del PSOL y romper cuando este se incorporaba al gobierno del Frente Popular, vuelven a dar un giro de acercamiento a la verborragia centroizquierdista. Consideran que se viene una etapa central de lucha por “superar los elementos autoritarios heredados de la dictadura militar y avanzar en la conquista de los derechos democráticos”.
La izquierda que se reclama revolucionaria debiera intervenir en forma independiente de ambos bandos capitalistas. Unirse en un Frente de Izquierda y los Trabajadores. La lucha contra la injerencia imperialista exige medidas reales (nacionalización de la banca y del comercio exterior, desconocimiento de la deuda externa, etc.). Y, fundamental, poner de pie a la masa trabajadora para recuperar sus conquistas arrebatadas por Temer y Bolsonaro, y preservadas por Lula y Alckmin. No es un planteo “economicista”, es el motor de la movilización de masas. Solo millones en la calle conseguirán quebrar al imperialismo, al parlamento derechista y superar al gobierno que concilia con ellos y ataca a las masas trabajadoras.
La condena a Bolsonaro y el mando golpista, siendo limitada en su alcance de lucha contra la reacción, es un golpe contra Milei, los derechistas latinoamericanos y del mundo (Trump en primer lugar). Por supuesto, que hay que defenderla contra la Amnistía y los intentos de anularla por la reacción imperialista/burguesa nacional. Pero poner a las masas en pie de lucha exige que sean tomadas las reivindicaciones sociales y antiimperialistas como bandera de lucha.
No a la amnistía. Juicio y castigo a todos los involucrados en la conspiración golpista. Hay que ir hasta el final en el desmantelamiento del aparato represivo y su sostenimiento en el campo económico y de la Justicia.
