Internacionales
7/10/2026
Brasil ante el balotaje y la necesidad de una respuesta obrera
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Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula: unos 2,2 millones de votos de diferencia. Hasta el balotaje del 25 de octubre se abre una crisis para el gobierno y un reagrupamiento de la derecha, reforzada en el Congreso. El problema obrero es cómo enfrentar al bolsonarismo cuando la política de conciliación del Partido de los Trabajadores (PT) contribuyó a su recuperación.
Lula conserva casi 54 millones de votos. La ultraderecha aún no ganó la Presidencia, pero su avance la excede. La derrota de Fernando Haddad frente a Tarcísio de Freitas en San Pablo golpeó a una figura central del oficialismo. El Partido Liberal (PL) alcanzó 28 de los 81 escaños del Senado y 121 de los 513 diputados. Esa fuerza institucional será utilizada para preparar una ofensiva contra los derechos sociales y las libertades democráticas.
En el gobierno, el primer reflejo fue atribuir el resultado a fallas de comunicación. La campaña revisa su llegada a jóvenes y mujeres y prepara una propaganda sobre el peligro de perder beneficios sociales. Apunta también a los más de 33 millones de electores que no votaron. Identificar toda abstención con apatía recuperable por el PT es, sin embargo, una hipótesis de campaña, no un dato comprobado (6/10). Se trata de una abstención “normal” (20,95% en 2022, 21,08% en este 2026), nunca en ningún lugar del mundo vota todo el padrón.
El diagnóstico publicitario elude el balance del gobierno. No alcanza con explicar mejor una política que mantuvo las reformas laboral de Temer y previsional de Bolsonaro. Las promesas de reparación chocaron con la preservación de esas conquistas patronales. La derecha pudo presentarse como portadora del cambio porque el lulismo conservó aspectos decisivos de su programa social. Postergar la lucha obrera no frenó su avance, como señaló Prensa Obrera.
Lula busca, además, reforzar las garantías al empresariado y estaría dispuesto a que Geraldo Alckmin asuma Hacienda si obtiene la reelección, conservando la vicepresidencia. Ampliar la autoridad económica del dirigente ligado a la burguesía paulista apunta a conquistar confianza fiscal. Busca recuperar apoyo popular y al mismo tiempo, garantizar los intereses de los acreedores, un malabarismo difícil de sostener en el tiempo.
Caiado y Zema (exgobernadores de la derecha de Goia y Mina Gerais) respaldaron a Flávio; también la federación Unión Brasil-PP. El Partido Social Democrático (PSD) de Caiado dejó libertad a sus afiliados. Los votos no se transfieren automáticamente, pero los acuerdos aportan aparatos territoriales para disputar al electorado de las candidaturas eliminadas (Folha, 6/10).
Flávio combina una presentación institucional con un programa de concentración del poder. Pretende aprovechar su fuerza parlamentaria para controlar las presidencias de ambas cámaras y “reformar la Constitución, para redemocratizar el país” (El País, 7/10).
La ofensiva tiene como blanco al Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente a Alexandre de Moraes, protagonista de los procesos contra el intento golpista. La destitución requiere 54 votos: el resultado electoral aproxima a la derecha a ese objetivo, pero no le asegura una mayoría para consumarlo. La derecha utiliza la perspectiva de controlar el Ejecutivo y el Senado para presionar desde ahora al tribunal. Incluso una reelección de Lula dejaría en pie esa ofensiva parlamentaria (Folha de S.Paulo, 5 y 6/10). Las divisiones atraviesan también a la Justicia Electoral.
Lula pretende despegar su candidatura tardíamente del descrédito del poder judicial y endurece las críticas a las relaciones de algunos magistrados con el banquero Daniel Vorcaro y el caso del Banco Master. Según UOL, sus aliados avisaron a Fachin que elevaría el tono para despegar su candidatura de ese descrédito. Las sospechas no equivalen a responsabilidades probadas, pero su explotación electoral expone una crisis que alcanza al propio aparato estatal (UOL, 7/10). La defensa de las libertades democráticas requiere independencia frente a estas negociaciones: los acuerdos entre magistrados y dirigentes patronales subordinan su alcance a la preservación de sus posiciones de poder. A todo eso viene al caso destacar que Trump celebró el resultado de Flávio (Reuters, 5/10). Su victoria reforzaría la ofensiva derechista continental. Enfrentar la injerencia estadounidense exige también combatir a los capitalistas brasileños que se benefician de ella.
El entusiasmo de los mercados y el malestar social
Los mercados dieron una respuesta de clase. El 5 de octubre, el Ibovespa subió un 7,7% y cerró en 206.911,89 puntos; el real se fortaleció alrededor del 4,1%. Los inversores apostaron a que Flávio y un Congreso favorable facilitarían recortes del gasto y privatizaciones (Reuters, 5/10). La valorización bursátil expresa expectativas sobre la rentabilidad del capital. No pronostica una mejora del salario ni del acceso a los servicios públicos.
El contraste con la experiencia familiar es decisivo. El desempleo fue del 5,3% en el trimestre finalizado en agosto de 2026. Tener empleo, sin embargo, no elimina el agotamiento por las jornadas ni garantiza llegar a fin de mes. El crédito caro absorbe parte del ingreso y limita el alcance de las mejoras salariales.
La Confederación Nacional del Comercio registró un 82% de familias endeudadas en julio y un 29,8% con pagos atrasados; el 29,5% del presupuesto familiar estaba comprometido con deudas (Agência Brasil, 6/8).
La carga de las cuotas explica por qué mejores estadísticas de empleo no se traducen en respaldo al gobierno. Sobre esa contradicción opera el bolsonarismo: recoge el descontento y lo dirige hacia una salida favorable a los patrones. Cuando las organizaciones obreras sacrifican su accionar para defender al gobierno, dejan sin cauce independiente las demandas de los endeudados y precarizados. La derecha ocupa ese espacio con promesas de orden y renovación, mientras recibe el aplauso de los beneficiarios del ajuste.
Los sindicatos y las primeras movilizaciones
Las direcciones sindicales ya definieron su orientación. Una declaración del 6 de octubre, firmada por la CUT, Força Sindical, UGT, CTB y otras cuatro centrales, respaldó a Lula-Alckmin. Reconoció limitaciones de la campaña, llamó a conversar con votantes derechistas y abstencionistas y propuso ampliar alianzas (Agencia Sindical). Deposita en la reelección la posibilidad de avanzar en los derechos laborales, sin formular un balance de las concesiones del gobierno a la burguesía y la contemporización con la derecha y obviando que un nuevo mandato de Lula iría dela mano de un nuevo ajuste con un posible nombramiento de Alckmin para la cartera de Economía, un representante de los empresarios con el cual comparte la fórmula presidencial. La Central Única de los Trabajadores (CUT) llamó a organizar acciones en los lugares de trabajo y las periferias, coordinar con movimientos sociales y reclamó la votación inmediata en el Senado de la semana de cuarenta horas y del fin del régimen de seis días de trabajo por uno de descanso, el 6×1 (CUT, 6/10). Pero el alcance de esa convocatoria y el empeño en organizarla es un gran interrogante.
La pelea por la jornada puede dar contenido a la respuesta obrera. El Senado inició el 6 la discusión de la PEC 221/2019, que reduce el máximo semanal de 44 a 40 horas y establece dos días de descanso sin rebaja salarial. No es todavía una conquista sancionada: necesita 49 votos en ambas votaciones (Agência Senado, 6/10). Flávio la calificó de oportunista y defendió una remuneración por horas que admite cobrar menos si se trabaja menos (Folha, 6/10).
Las confederaciones empresarias presionan contra la reducción de jornada y anuncian pérdida de empleos (UOL, 6/10). Son pretextos patronales y no hay ningún fundamento serio que lo respalde. Las centrales deberían impulsar asambleas y medidas de lucha por la aprobación, sin aceptar que la reivindicación espere al próximo presidente.
La Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB) convocó para el 7 de octubre una plenaria nacional virtual para definir su actuación pero en las declaraciones de sus voceros no aparece una convocatoria a huelga general. Existe el peligro que se reduzca a una medida aislada, si la hay, para descomprimir. Predomina la movilización electoral, junto con el reclamo sobre la jornada. La unidad para defender salarios y rechazar reformas patronales puede reunir a trabajadores que votaron por distintas candidaturas. La propaganda oficialista no alcanza para construir esa fuerza. Es necesario hacer asambleas en cada sindicato.
La reacción tuvo una primera pero todavía muy tenue expresión en la calle. El 5 de octubre, estudiantes de la Universidad Federal Fluminense marcharon por Niterói contra Flávio y en apoyo a Lula. El Centro Académico Evaristo da Veiga y otras entidades organizaron la protesta, que rechazó una amnistía para Jair Bolsonaro. Al día siguiente se difundió una agenda de más de cuarenta asambleas, plenarias y actos en catorce estados y el Distrito Federal (Mídia NINJA, 6/10). Son convocatorias y no acciones ya realizadas. Habrá que ver su alcance para poder ver si se abre una tendencia.
El problema hasta el balotaje es quién dirige esa reacción y con qué objetivos. Someterla a las garantías fiscales para los acreedores reproduciría las condiciones que fortalecieron al bolsonarismo. La independencia obrera debe tomar forma en asambleas por el fin del 6×1, la recuperación salarial y la derogación de las reformas laboral y previsional, contra las privatizaciones y la amnistía golpista. E impulsar un verdadero plan de lucha. Ese movimiento debe continuar después del 25, cualquiera sea el vencedor. Su construcción es la base para disputar a la derecha el descontento popular y abrir una alternativa obrera independiente frente al ajuste capitalista.
