El miércoles 18, la CUT, Conlutas y otras centrales sindicales brasileñas desarrollarán una jornada nacional de lucha contra las políticas privatistas y antiobreras del gobierno de Jair Bolsonaro. Habrá movilizaciones en todo el país y paros de los sindicatos docentes, del Correo, petroleros, eléctricos y otros.

La medida se encuentra antecedida por masivas movilizaciones durante el 8M, en el día internacional de la mujer trabajadora. El 14, a su vez, habrá protestas a dos años del asesinato de la concejal del Psol, Marielle Franco, y su chofer Anderson Gomes, en cuyo crimen aparecen involucradas figuras relacionadas con el clan Bolsonaro. La muerte del miliciano Adriano Magalhaes de Nóbrega, durante un operativo policial en el estado de Bahía, alentó las sospechas sobre un posible crimen para borrar evidencias.

La jornada de lucha se dará en un contexto político convulsivo. Para este domingo 15, simpatizantes de Bolsonaro han convocado –con su aval- una manifestación por el cierre del Congreso, una muestra de las tendencias bonapartistas que recorren al gobierno. La crisis económica, a su vez, ha pegado un salto con el coronavirus. El Bovespa se hundió un 15% el jueves, la mayor caída desde 1998, y el real se ha devaluado al nivel más alto desde su creación. El gobierno ha planteado, frente a la pandemia, que debe acelerarse la agenda de reformas económicas reaccionarias (como la tributaria, que favorece a los capitalistas) y de privatizaciones masivas (que tiene en la mira a Electrobrás, el Correo y otro centenar de empresas públicas).

Luchas

La clase obrera brasileña está protagonizando aguerridos combates contra un ataque en toda la línea por parte de Bolsonaro y su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes. Es el caso de los petroleros, que estuvieron en huelga durante veinte días contra el cierre de una planta de fertilizantes de la petrolera estatal Petrobras, en el estado de Paraná. La medida de fuerza involucró a más de 20 mil trabajadores de más de cien unidades de la compañía, en doce estados diferentes. Fue la huelga más importante en el sector desde 1995. El gobierno impulsó un furibundo ataque a través de la justicia, que impuso multas millonarias a los sindicatos y ordenó que se mantuvieran el 90% de las operaciones, en una alevosa violación del derecho a huelga. La lucha fue derrotada. La directiva de la FUP, ligada a la CUT, condujo el proceso a una mesa de negociaciones que fue hábilmente explotada por el gobierno y la justicia para levantar el conflicto. Los mil despidos finalmente se impusieron. Bolsonaro lleva a cabo una política de desguace de Petrobras, liquidando empresas subsidiarias de la compañía y desprendiéndose en forma acelerada de sus acciones para favorecer al capital privado.

Otro importante conflicto tuvo lugar en el estado de San Pablo, donde se produjo un proceso de movilizaciones contra una reforma jubilatoria que establece un aumento de las contribuciones obreras (del 11 al 14% del sueldo) y que eleva la edad de retiro (en siete años para las mujeres, en cinco años para los hombres). A comienzos de este mes, la legislatura estadual aprobó el proyecto con un enorme despliegue policial en las puertas del recinto, en medio de una movilización de trabajadores del sector público.

Al igual que en San Pablo, en otros cinco estados se impusieron reformas previsionales reaccionarias, incluyendo dos estados gobernados por el PT y su aliado, el PCdoB. En Florianópolis, una asamblea de trabajadores municipales votó el 11 el ingreso en una huelga general contra una reforma que aumenta las cotizaciones obreras.

 

 

El conjunto del régimen político, no sólo Bolsonaro-Guedes, impulsan el ataque a las jubilaciones. El pico más alto de esta agresión fue la aprobación de la reforma a nivel federal, el año pasado, que aumentó la edad jubilatoria y congeló los haberes hasta 2024. Si esta reforma se impuso no fue por una falta de disposición a la lucha por parte de los trabajadores (que se plegaron masivamente al paro del 14 de junio), sino por la orientación derrotista de la CUT y de las principales centrales sindicales, que evitaron escalar las medidas, en la perspectiva de una huelga general, frente a lo que el gobierno definió como la “madre de todas las batallas”. En su momento, esa misma política posibilitó la aprobación de la ultraflexibilizadora reforma laboral –que amplía la tercerización y habilita jornadas laborales de hasta 12 horas- bajo el gobierno golpista de Michel Temer.

Pero a pesar de la política contemporizadora de las direcciones sindicales, los trabajadores salen a la lucha contra Bolsonaro-Guedes.

En la docencia, el comienzo del ciclo lectivo ha estado marcado por movilizaciones y huelgas en varios estados (Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Piauí, etc.). Los trabajadores de la educación reclaman un reajuste salarial del 12,84% que les corresponde por ley, entre otros puntos.

Los trabajadores del Correo enfrentan los aumentos en el servicio de salud y la tentativa de privatización de la compañía. En Dataprev, tecnológica estatal que también está bajo la lupa de los privatizadores, una reciente huelga detuvo temporariamente 500 despidos.

En el banco Banpará, en tanto, los trabajadores se han declarado en estado de huelga (instancia preliminar a las medidas de fuerza) por deudas salariales. En los bancos, se vive una ofensiva de las patronales para barrer con la jornada laboral de 6 horas y extender el trabajo a los días sábado. El año pasado hubo miles de despidos y retiros voluntarios. Los trabajadores del Banco Itaú denuncian la presión patronal para hacer horas extras y afirman que la empresa reemplaza a trabajadores que se jubilan por personal con salarios más bajos. En el Banco de Brasil, mientras tanto, hay una reducción importante de un plus salarial.

En simultáneo con las ganancias récord de los banqueros, los trabajadores bancarios sufren un ataque a sus conquistas históricas. Se anticipa una difícil negociación paritaria para septiembre.

Fuera Bolsonaro-Guedes

El movimiento obrero brasileño ha sufrido fuertes golpes como resultado de los ataques del golpismo y el bolsonarismo, y de las traiciones de la burocracia sindical, pero aún está de pie. Es necesario un congreso de delegados de base del movimiento obrero brasileño que vote un plan de lucha. Fuera Bolsonaro-Guedes y su plan de guerra contra las masas.