18/11/20265 min lect.

Brasil: Lula avanza con el ajuste fiscal y crece la fractura con las bases populares

Los recortes presupuestarios desatan una crisis en el oficialismo del PT y ponen en evidencia el rol desmovilizador de la central sindical CUT.

Lula da Silva

El gobierno de Lula da Silva impulsa en el Senado brasileño el PLP 299/2026 (Proyecto de Ley Complementaria), una iniciativa que subordina el presupuesto público al cumplimiento de los compromisos de la deuda. La propuesta establece nuevos límites al gasto estatal, amplía las posibilidades de congelar partidas y modifica mecanismos de financiamiento en distintas áreas. Bajo el argumento del equilibrio fiscal, el Ejecutivo busca garantizar el pago a los acreedores y trasladar el peso de esa política a las mayorías trabajadoras.

El texto presentado por el senador oficialista del PT (Partido de los Trabajadores) Jaques Wagner, fue aprobado el 12 de noviembre por 45 votos contra 31. Al momento de escribirse estas líneas, permanecían pendientes de votación cuatro modificaciones particulares. Concluido el trámite en el Senado, la iniciativa deberá pasar por la Cámara de Diputados.

A la medida de las patronales y los acreedores

Uno de los principales impulsores del ajuste es Bruno Moretti, ministro de Planificación y Presupuesto, dirigente del PSB —partido aliado del PT en la coalición— y hombre de confianza del reelecto presidente. Su protagonismo en la elaboración y defensa de la norma llevó a la prensa brasileña a denominarla «Plan Moretti». El funcionario pretende presentar los recortes como una necesidad técnica inevitable, pero su orientación es clara: preservar las metas de superávit y asegurar los intereses del capital financiero.

La cartera ministerial mencionada, afirma que las medidas permitirían mejorar el resultado fiscal primario entre 45.100 y 56.100 millones de reales en 2027. Sin embargo, aún está por verse si esas metas, poda mediante, logran ser cumplidas. Hay una punta de iceberg con una deuda pública federal que ronda los 9,4 billones de reales y entre sus principales tenedores figuran bancos, fondos de inversión, fondos de pensión e inversores extranjeros. Mientras se restringen los recursos destinados a políticas públicas, las obligaciones con los sectores concentrados quedan a resguardo.

Entre las disposiciones, se reduce del 2,5% al 2% el crecimiento real permitido del gasto público cuando se activen mecanismos de contención, y se habilitan congelamientos presupuestarios adicionales. Además, limita a 1.000 millones de reales anuales, entre 2027 y 2030, las transferencias previstas por la Ley Kandir, que compensan a estados y municipios por la pérdida de recaudación derivada de la exención de impuestos a las exportaciones. Los pagos postergados deberán completarse posteriormente, hasta 2037.

Asimismo, fija un tope de 3.000 millones de reales anuales para las transferencias que compensan a los sistemas jubilatorios provinciales y municipales cuando sus trabajadores pasan al régimen previsional general. Estos fondos permiten reconocer los aportes realizados durante la vida laboral y financiar los haberes correspondientes.

El PLP, también excluye los ingresos extraordinarios provenientes de la explotación de petróleo y gas del cálculo de la base sobre la que se determina el financiamiento mínimo constitucional de la salud. La medida, que se pretende extender hasta 2030, podría reducir en unos 10.000 millones de reales los recursos mínimos obligatorios destinados al presupuesto sanitario, ya en 2027.

El proyecto, además, profundiza el recorte de los beneficios tributarios: duplica del 10% al 20% la reducción de exenciones impositivas, créditos fiscales y regímenes especiales. La medida alcanza a distintos sectores empresariales, pero preserva determinados incentivos, entre ellos los destinados a la industria informática y de semiconductores. También exceptúa del recorte la exención impositiva para la compra de vehículos por personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista, sin extender esa protección al conjunto de sus consumos. Esta diferenciación expone la contradicción de una reforma que, bajo el discurso de reducir privilegios y mejorar la recaudación, conserva beneficios para determinadas actividades empresariales mientras aplica restricciones sobre otras. De este modo, el gobierno administra selectivamente los recortes y mantiene lo esencial del ajuste.

Un revulsivo político y social

El ajustazo profundizó las diferencias dentro del oficialismo del Partido de los Trabajadores. La disputa alcanzó incluso al denominado «Ejército de Lula», el dispositivo de militancia digital vinculado al diputado André Janones, cuestionado por defender la reforma y enfrentarse con militantes críticos. De hecho, el grupo de WhatsApp perdió cerca de 300 mil seguidores en los últimos días, quienes al retirarse respondían con emojis de tijeras, frustrados por el rumbo adoptado por la gestión.

Asimismo, ayer 17 de noviembre, estudiantes convocados por la UNE se movilizaron contra los recortes en distintas ciudades. En San Pablo, la protesta ocupó la avenida Faria Lima, símbolo del poder económico brasileño. La CUT y la Força Sindical no acompañaron las manifestaciones y anunciaron actividades propias para diciembre. En lugar de impulsar una respuesta común entre trabajadores y estudiantes, las direcciones sindicales evitan y debilitan así una lucha generalizada contra el gobierno.

En paralelo, las patronales brasileñas buscan frenar otra conquista laboral: la eliminación del esquema de seis días de trabajo por uno de descanso. La reforma fue promulgada como Enmienda Constitucional 141/2026 y establece dos días de descanso remunerado, junto con una reducción gradual de la carga semanal: de 44 a 42 horas en diciembre de 2026 y a 40 horas en diciembre de 2027. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación Nacional del Comercio (CNC) recurrieron al Supremo Tribunal Federal para suspender o postergar su aplicación. Argumentan que la norma elevará los costos operativos y reclaman plazos más largos. El ministro Flávio Dino rechazó las medidas cautelares que buscaban frenarla y mantuvo el cronograma. Esta ofensiva confirma que el empresariado también pretende hacer retroceder derechos ya obtenidos.

Perspectivas y salida independiente

Como se ve, queda ratificada la política de conciliación de clases del PT, sus acuerdos con sectores empresariales y el nefasto papel de contención de la burocracia sindical. La victoria electoral frente al bolsonarismo implicaba no depositar ninguna confianza ni apoyo político a Lula y aliados y sostener la movilización y organización por las reivindicaciones pendientes, para evitar darle oxígeno nuevamente a la ultraderecha.

Frente a este escenario, trabajadores y estudiantes necesitan construir una alternativa política independiente, basada en asambleas, coordinación y un plan de acción nacional. Defender la salud, la educación, los salarios, las jubilaciones y la reducción de la jornada laboral exige enfrentar firmemente esta ofensiva, sin ataduras de las organizaciones obreras a los gobiernos capitalistas, sean progresistas o derechistas.

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