El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, declaró incompetente al tribunal federal de Curitiba, que supo tener al frente a Sergio Moro, en las causas que se siguen contra Lula por corrupción, y ordenó que las mismas pasen a un fuero del distrito federal, Brasilia, donde un juez deberá decidir si las condenas contra el expresidente son convalidadas o no. La Procuraduría General de la República anticipó que apelará el fallo, lo que puede llevar otra vez la cuestión al máximo tribunal (esta vez, a sus once miembros, o a alguna de sus salas).

Por lo pronto, la decisión del juez Fachin le permite al expresidente presentarse como candidato en las elecciones de 2022. Lula está acusado de recibir “favores” personales -cuando era presidente- por parte de empresas constructoras a cambio de contratos, en el marco del megaproceso conocido como Lava Jato, que involucra a los principales partidos y a la burguesía brasileña en un esquema de sobrefacturación y sobornos en la obra pública. Todo este proceso judicial, sin embargo, se ha caracterizado por su opacidad y discrecionalidad. Así, sirvió de base para el encarcelamiento y, enseguida, para la proscripción política de Lula, quien no pudo presentarse a los comicios de 2018, en los que fue reemplazado por Fernando Haddad.

El Lava Jato viene sufriendo fuertes reveses. A comienzos de febrero, la unidad judicial dedicada al caso fue disuelta. Y el juez Moro quedó fuertemente cuestionado cuando las investigaciones del sitio The Intercept mostraron su parcialidad y el direccionamiento de la causa. El propio Moro, a su vez, dio un portazo en el ministerio de justicia en abril del año pasado, en el medio de una puja con Bolsonaro, al que acusó de desplazar a un titular de la Policía Federal para bloquear investigaciones en contra de sus hijos.

El fallo de Fachin se produce en un momento crítico de la situación brasileña, debido a una pésima gestión del Covid-19 por parte de Bolsonaro (que igual que Trump tenía un planteo negacionista frente a la pandemia) y los gobiernos estaduales, que han llevado el país al colapso sanitario. En Manaos, faltaron los tubos de oxígeno para los infectados y el año pasado directamente se construyeron fosas comunes. Las terapias intensivas de Porto Alegre están al 100% y los médicos deben decidir a quién dejan morir. Otros numerosos estados están saturados, incluyendo a San Pablo. Y llueven las denuncias de esta índole desde todos lados.

Además, la pandemia agravó la situación social, con despidos y suspensiones y un crecimiento de la pobreza. Bolsonaro intentó paliar esta situación por medio de una asistencia social de emergencia, completamente limitada. La popularidad del mandatario ha caído al 28%, consumiendo la pequeña recuperación que había tenido hace algunos meses.

La economía brasileña sufrió una contracción del 4% en 2020 (la mayor en 25 años) y crecen los cortocircuitos entre Bolsonaro y el “superministro” de economía, Paulo Guedes, quien se opone a cualquier suba del gasto público para atemperar la crisis. También desató un conflicto entre ambos la destitución al frente de Petrobras del economista Roberto Castello Branco, quien había sido propuesto por Guedes. Por medio de este cambio, el presidente apunta a controlar el aumento en los combustibles (del 30% en lo que va del año), que le puede terminar aguando la reelección. Bolsonaro puso al frente a un general y los militares ganarán más puestos en la dirección de la empresa. Tanto el presidente como su ministro, sin embargo, están impulsando juntos una política de privatizaciones, sea en la compañía petrolera (se vendieron varias refinerías y estaciones de servicio), sea en el resto del sector estatal (Correo, etc.).

En las condiciones de crisis señaladas, la habilitación de la candidatura de Lula puede formar parte de un preventivo plan B de sectores de la burguesía, que ven al expresidente como una herramienta potencial de contención social. La CUT y el PT, de hecho, han cumplido ese rol a lo largo de todo el mandato de Bolsonaro, evitando a toda costa la puesta en pie de un plan de lucha frente a los feroces ataques contra los trabajadores.

El gobierno de Bolsonaro experimentó su momento más crítico en los comienzos de la pandemia, hace un año, cuando la combinación de la crisis sanitaria, económica y política, pusieron al mandatario al borde de un impeachment. El bolsonarismo, por su parte, echó a rodar la posibilidad de un autogolpe. De aquella crisis, Bolsonaro salió con un reforzamiento del ala militar, que ganó posiciones, y con un pacto político con el llamado “centrao”, que también fue lubricado con cargos y prebendas a cambio de congelar el juicio político. Es importante tener presente que en el gobierno de Bolsonaro coexisten varios sectores que chocan entre sí: el ala militar, el ultraliberalismo de Guedes, y la camarilla bolsonarista. A su vez, hay disputas por la política exterior. Cuando Bolsonaro quiso avanzar en un alineamiento más decidido con Estados Unidos, su vice, el general Hamilton Mourao, representante del ala militar, le salió al cruce y realizó una gira por China, que es el principal socio comercial del país. Se trata de una administración atravesada por fuertes confrontaciones.

El gobierno argentino celebró la decisión judicial que favorece a Lula. Esto no solo por la posibilidad de reconstruir un eje “nacional y popular” en la región, sino también por las propias causas judiciales que acechan a Cristina en la Argentina.

La agudeza de la crisis brasileña requiere de un planteo frente a la pandemia (centralización del sistema de salud, triplicación inmediata del presupuesto, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo) y un plan de lucha de las organizaciones obreras para derrotar el ajuste de Bolsonaro-Guedes. Y al mismo tiempo, se plantea la necesidad de una alternativa política de los trabajadores, que supere la política de colaboración de clases del PT.