Del 7 al 10 de septiembre deliberó en San Pablo el 5° Congreso de la Central Sindical y Popular Conlutas, que se reivindica como la única central independiente de los gobiernos y el Estado. Este congreso se desarrolló en medio de una crisis de la central que se ha reducido en no menos del 20% de adherentes en los últimos cuatro años (fecha del último congreso), especialmente entre los trabajadores de distintos sindicatos que se han salido de la misma, como el caso de la federación de docentes universitarios (Andes-SN), el sindicato de alcance nacional más importante de la central, en la que, en consecuencia, han tomado más peso los movimientos sociales de aborígenes, negros y negras, mujeres, quilombolas, etc.

Esta crisis no viene de la nada sino de las políticas de la central en los últimos años (especialmente de su dirección en manos del PSTU) sobre el golpe contra Dilma Rousseff, donde se declaró abstencionista; o la conformación de una intergremial con las burocracias sindicales de la CUT, Fuerza Sindical, etc, que en la práctica sirvió como un freno para luchar contra las reformas de las jubilaciones, laborales, y educativas que implementaron los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro.

Es más, desde la asunción del gobierno del Frente Amplio de Lula-Alckmin, un gobierno burgués, según la caracterización de la propia Conlutas, la parálisis continúa. Esto a pesar de que, contrariando las promesas electorales, el gobierno Lula no solo mantiene toda la legislación antiobrera, represiva y antipopular de Temer y Bolsonaro sino que la profundiza con la legislación fiscal y de tierras. Esto implica que, por ejemplo, los empleados públicos solo percibirán un 0,7% de incremento cuando la inflación supera el 6%, una reducción que compite con la aplicada con Massa en este país.  El incremento del salario mínimo propuesto (R$18, menos de 4 dólares) no alcanza para alimentar a una familia obrera durante un día. El denominado ”marco temporal”  es la expropiación de tierras a las comunidades aborígenes, algo nada distinto a lo que provocó el “Jujeñazo” ante la reforma constitucional de Gerardo Morales. Las masacres de las juventudes negras continúan a manos de las policías estaduales, sean estas dirigidas por el PT o gobernaciones “bolsonaristas”. Continúan las privatizaciones, siendo emblemáticas en este momento las que están en curso de los ferrocarriles y el subte de San Pablo.

Como vemos, el gobierno burgués de Lula no necesita del tutelaje del FMI para aplicar las políticas que le exigen las principales fracciones de la burguesía brasileña liderada por la Fiesp (la UIA paulista), el agrobussines (el “campo argentino”), las multinacionales y el capital financiero (que impone una tasa de interés positiva que sería envidiada hasta por Javier Milei).

Este plan contra los trabajadores y la mayoría popular no ha provocado ni un minuto de huelga general por parte de la citada Intergremial, pero asombrosamente (o no) tampoco por parte  de la CSP-Conlutas.

Ni siquiera se presentaron al plenario de cierre programas de movilizaciones independientes, de un congreso de delgados con mandatos de todas las centrales, o planes de preparación con asambleas en la perspectiva de un paro nacional para comenzar a revertir esta situación.

Esta carencia de propuestas de preparación, organización e implementación de un plan de lucha nacional eran encubiertas en las expectativas de los trabajadores en el gobierno burgués de Lula. Ahora bien, ¿cómo terminar con esas expectativas sin poner la central en movilización contra ese gobierno que no solo apoyan las fracciones más importantes de la burguesía sino que ha incorporado a partidos abiertamente bolsonaristas (como el republicano) al gabinete? En este sentido, la “lucha contra la ultraderecha” y la “independencia del gobierno burgués de Lula” son una coartada de su adaptación al mismo.

Esta negativa de poner a Conlutas a la cabeza de la organización e implementación de un plan de lucha nacional es responsabilidad de todas las listas que se presentaron para integrar el Secretariado Ejecutivo nacional, ya que no se puso a votación ninguna moción al respecto. Las listas presentadas fueron la orientada por el PSTU, que obtuvo 20 de los 27 cargos de la Ejecutiva; la orientada por el partido hermano del MST argentino, que obtuvo 3 representantes; la encabezada por la CST (Izquierda Socialista en Argentina), que logró 2 integrantes en el secretariado; la alianza entre el PTS y el MAS alcanzó también 2 representantes. La lista del POR-Masas no obtuvo representación.

Como vemos, las presiones democratizantes llevan a toda la izquierda a la parálisis y vía ese camino a la colaboración de clases, cuidando sus lugares en los “aparatos” aun en crisis que controlan, cuestión que en un extremo llevó al PSTU a conformar listas conjuntas con la burocracia como fue en el caso del sindicato bancario.

La guerra imperialista en Ucrania: ¿Conlutas  con la Otan?

En nuestro país son conocidas las posiciones de IS y el MST en favor de Ucrania y por lo tanto de la Otan en la guerra imperialista. En Brasil esta posición es compartida y activamente desplegada por el PSTU. El  extremo de esta postura es que Conlutas se ha pronunciado oficialmente con esta posición. Un retroceso que sin dudas tiene repercusiones en la propia crisis de la organización.

Mientras no se organizó ninguna campaña nacional contra los planes del gobierno Lula, se ha puesto en pie una campaña política y material a escala nacional de apoyo a Ucrania desde la central. Conlutas ha sido parte del envío de tres convoyes de solidaridad económica y de suministros a Ucrania. Se explicó con detalles que estos suministros no solo llegaron a la población víctima de la guerra sino que llegaron al frente, o sea que fueron un apoyo directo a la masacre que la guerra entre la Otan y Rusia libran en territorio ucraniano. La posición del Partido Obrero es clara. Guerra a la guerra. El principal enemigo se encuentra en cada país y en el caso de Brasil es el gobierno de Lula, que no solo ataca a los trabajadores brasileños sino que coquetea con Putin y los regímenes restauracionistas tanto de Rusia como de China.

Como vemos, en Brasil es necesaria una política para la realización de un congreso de delegados con mandato de todos los lugares de trabajo que ponga en pie un plan de lucha por las reivindicaciones inmediatas de las y los trabajadores y la mayoría popular, la recuperación de todos los sindicatos y que denuncie la guerra imperialista señalando que el enemigo principal se encuentra en el propio país.

 

RESOLUCIONES POR ARAKAKI, RUIZ Y LOS COMPAÑEROS DE SANTA CRUZ

El 5° congreso de CSP-Conlutas, central sindical brasileña, aprobó por unanimidad las dos resoluciones que compartimos a continuación, referidas al reclamo por la absolución de luchadores perseguidos en la Argentina.

 

Exigimos la absolución de César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero

Junto al cese de todos los procesos en el país contra los luchadores queremos reclamar especialmente que se anule la condena contra César Arakaki y Daniel Ruiz. Arakaki, militante del Partido Obrero y Ruiz, del PSTU, fueron condenados en primera instancia, en 2021, a tres años y cuatro meses de prisión, y tres años, respectivamente, por su participación en la gigantesca movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de un fallo cuyo propósito es “aleccionar” a todos los luchadores. La Cámara de Apelaciones debe definir –en los próximos días- si convalida o no la sentencia [nota de redacción: esta resolución ya se dio a conocer]. Si sostienen la condena, Arakaki será detenido y enviado a prisión para cumplir la injusta condena. Reclamamos la anulación de las sentencias dictadas en primera instancia y la total absolución de los compañeros Arakaki y Ruiz el desprocesamiento de Sebastián Romero encausado por los mismos hechos.

 

Absolución inmediata de Ance, Barrionuevo, Valentín y Wasquín

En Santa Cruz se dio a lugar al recurso de reposición que presentó el fiscal en la causa de nuestros compañeros procesados Barrionuevo, Valentín y Wasquín en función del pedido de cambio de carátula por “Tentativa de Femicidio” y “Tentativa de Homicidio” para la compañera Ance.

Rechazamos el cambio de carátula que abre la puerta a la prisión preventiva de 4 luchadores sociales por la movilización del 21 de abril de 2017 frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner. Concretamente la causa ya elevada a juicio por “invasión de domicilio” debía caer por prescripción, pero ahora pasaría a ser tipificada 6 años después y sin ningún elemento nuevo como “intento de femicidio” o “intento de homicidio calificado” constituyendo un ejemplo extremo de la criminalización de la protesta que recorre el país desde Jujuy hasta la Patagonia.

Hay una decisión política de agravar la causa de los compañeros que resulta tan nefasta, como arbitraria.

Se trata de un fallo dividido del Tribunal Oral de Río Gallegos, sometido a una decisión del poder político, ya que es el Fiscal de Estado el que insta la acción, promoviendo que se vuelva a primera instancia y se indague nuevamente a los acusados con el fin de aplicar la prisión preventiva hasta el juicio, como se ha hecho repetidamente en Santa Cruz y en el país.

En el 2017 existía una convulsión social en Santa Cruz, no se cobraban los salarios de manera completa sino en varias cuotas, los jubilados acamparon meses cortando la principal avenida de la ciudad y en los jardines de Casa de Gobierno. Las movilizaciones eran constantes.

El 21 de abril una importante cantidad de manifestantes llegó a la Residencia oficial que está frente a la Casa de Gobierno y el reclamo se mantuvo varias horas hasta que fue reprimido y dispersado por la policía. Los salarios aún no se cobraban y no había aumento para nadie. Alicia y Cristina Kirchner se encontraban en el lugar. Los únicos heridos fueron manifestantes y un periodista por los disparos policiales.

La pretensión actual del cambio de carátula intenta golpear la extensa lucha docente; sumado a ello, el decreto 0695/23 que elimina la Paritaria e impone la condición de pobreza a todos los salarios del sector, por último, una medida cautelar que PROSCRIBE EL DERECHO A HUELGA EN SANTA CRUZ, demuestran el encono que tienen con los educadores.

Rechazamos asimismo la utilización de una conquista del movimiento de mujeres contra el estado patriarcal, como es la figura legal de femicidio, para criminalizar en este caso desde el poder a una protesta social.

Necesitamos la adhesión y solidaridad de todos los trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y comunidad en general en el pedido de absolución para nuestros compañeros procesados.

Los abajo firmantes reclamamos la absolución de Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Juan Valentín y Claudio Wasquín en Santa Cruz.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-boric-reprime-manifestaciones-populares