En la recta final de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los planes de los partidos del orden sufren los vaivenes producto de la crisis política abierta con los negociados de Sebastián Piñera revelados por los Pandora Papers y un rápido empeoramiento de la situación económica. La aceleración sostenida de los contagios aporta a la incertidumbre del actual escenario ya que, según alertan especialistas, estaríamos en el inicio de la tercera ola de la pandemia.

La acusación constitucional que se lleva adelante contra Piñera es el mecanismo con que la “oposición” pretende estabilizar la situación política de cara al cumplimiento de lo que resta del cronograma electoral. Por esta razón, que prospere y el presidente sea finalmente destituido por esta vía dependerá de los cálculos que haga la oposición cómplice, en su rol de garante última del régimen de los 30 años. Las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en ocasión del 2° aniversario de la rebelión popular y las luchas que protagonizan sectores del movimiento obrero son un factor relevante en esos cálculos, pues acotan sus márgenes de maniobra.

Naturalmente, el escándalo de corrupción, uno más, protagonizado por Piñera, afectó al candidato de la coalición oficialista, Sebastián Sichel. Progresivamente y ante su estrepitosa caída en las encuestas, legisladorxs en funciones y candidatos de la derecha emigraron su apoyo hacia la candidatura del ultraconservador José Antonio Kast. Así, la derecha deja en orfandad al candidato que se impuso en las primarias del sector y en los hechos pasa a tener dos listas parlamentarias, lo que complica la pretensión de “Chile podemos más” -ex Chile Vamos- de defender sus bancas en el Congreso. Para la izquierda patronal representada por Apruebo Dignidad (PC-Frente Amplio), la situación no se presenta fácil tampoco porque la política de moderación en sus planteos para acercar al “electorado de centro” se demuestra estéril para contrarrestar el avance de la derecha medieval y síntoma de ello es que hayan llegado al final de la campaña electoral sin un programa político.

Devaluación, inflación y ajuste

La mentada recuperación económica post pandemia tiene ahora factores que la ponen en serias dudas: la devaluación, la inflación y el ajuste fiscal del 22,5% previsto en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para el año que viene.

Si bien la devaluación genera inflación en la medida que encarece los productos que se importan, no es la única razón ya que hay otros factores que inciden en el alza de los precios que en los últimos 12 meses acumula un 4,5%, cifra más alta en décadas. Vemos un coro de economistas, legisladores, periodistas de medios ligados al poder económico y el propio Banco Central a través de su presidente, repetir toda vez que pueden que la inflación se debe a un “sobrecalentamiento de la economía” producto de la gran liquidez que hay en el mercado a partir del IFE y los retiros de los fondos de pensión. Es decir que, según esta mirada, interesada por cierto, la variante que descalabra la economía es que las familias trabajadoras disponen de dinero para hacer frente a sus necesidades en vez de endeudarse para tal fin… ¿Qué tal?.

Pese a que el actual proceso inflacionario es un fenómeno mundial debido al aumento del petróleo, quiebres en la cadena de producción por desabastecimiento en ciertos insumos, encarecimiento del flete, etc., estos personajes poderosos insisten en que las razones son locales y reclaman “enfriar” la economía, es decir, que se corte la asistencia social y que no se apruebe el 4° retiro de las AFP que se va a votar en el Senado en las próximas semanas.

Lo cierto es que el bolsillo de la clase trabajadora no es la causa de la devaluación, ya que el IFE no fue financiado con emisión monetaria sino con deuda; y mucho menos de la inflación. En todo caso, es la víctima y por lo tanto corresponde reclamar la indexación de salarios y jubilaciones de acuerdo a la inflación y la apertura de los libros contables de las empresas para determinar sus costos y márgenes de ganancia y así echar luz sobre abusos como los que han cometido las empresas de gas licuado aplicando un aumento unilateral e injustificado de los precios en plena pandemia, tratándose de un producto de primera necesidad.

El Banco Central, lobbista de las AFP

Entre los defensores de los intereses de las AFP, en la primera línea está el Banco Central que se encuentra en una abierta campaña para evitar el 4° retiro de los fondos de pensiones para lo cual, amparado en sus facultades legales y revistiendo su accionar de un aura estrictamente técnica, no le tembló el pulso para elevar de 1,50 % a 2,75% la tasa de interés, esto es la mayor tasa en 20 años, con la supuesta finalidad de poner un freno a la inflación. Sin embargo, el efecto inmediato es el encarecimiento de los créditos de consumo e hipotecarios, con lo cual además del aumento en los precios de los productos y servicios lxs trabajadorxs vieron incrementar sus deudas.

No debería sorprender a nadie encontrar al Banco Central en la trinchera de las AFP, ya que ha sido esta institución quien financió los anteriores retiros de los fondos de pensión, facilitándoles el dinero necesario para que puedan afrontarlos sin necesidad de liquidar sus activos financieros (El Mostrador, 23/9). Es este Banco Central, que actúa una y otra vez contra los intereses de las y los trabajadores, el que se empeña en respaldar en sus declaraciones públicas Gabriel Boric (candidato de Apruebo Dignidad).

Ahora bien, las advertencias que realiza el BC en relación al impacto inflacionario que tendría un 4° retiro de fondos de las AFP no las hace respecto de “retiros” de utilidades que en los últimos meses realizan accionistas de las grandes empresas chilenas. Estamos hablando de un monto equivalente a los 12.200 millones de dólares (contra los 8.000 millones de dólares que se estima del 4° retiro de fondos de pensiones de ser aprobado) que representan un 80% más del retiro de dividendos efectuado el año pasado (El Desconcierto, 25/10). Sea que ese caudal se inyecte al mercado interno o se fuguen a otros países previa conversión a dólares, el impacto que tiene en la economía es enorme y sin embargo ni los medios ni el BC lo señalan.

De todas formas, el BC debió reconocer la monumental fuga de capitales que se verificó en los últimos 24 meses, que asciende a 50 mil millones de dólares. Ante la incertidumbre que representa la economía y el escenario político a partir de la rebelión popular, el gran empresariado prefiere resguardar sus ganancias y ello no amerita ningún reproche por parte las autoridades del BC, que sin embargo cuestionan que por las mismas razones millones de chilenxs decidan sacar sus fondos de las garras de las AFP, que manejan los aportes como lo haría un casino, como lo demuestran las pérdidas de hasta un 23,8% de los fondos C, D y E.

La clase trabajadora debe salir a rayar la cancha

La acusación constitucional tiene un final incierto, pues aunque Piñera se ha convertido en un lastre incluso para la derecha, su destitución representa riesgos para el régimen político en su conjunto. Esto es algo que debemos tener presente las y los trabajadores, ya que más allá de los discursos acalorados que surgen desde la “oposición”, no podemos confiar en la salida que presentan. La batalla política por poner fin al gobierno del asesino de Piñera y en definitiva al régimen de los 30 años la tenemos que dar en todos los terrenos, incluido el electoral, apuntalando con el voto a la única alternativa política independiente de los intereses de la burguesía representada por el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora que lleva en su programa político las demandas y aspiraciones populares de la rebelión de octubre del 2019, que cuestionó los cimientos del régimen de los 30 años y apuntó a ponerle fin.

La desmoralización y desconfianza que en muchxs trabajadorxs y activistas se acentuó con el funcionamiento del proceso constituyente, adaptado a los límites impuestos por la institucionalidad heredada de la dictadura, no puede traducirse en un abstencionismo funcional a las fuerzas políticas tributarias del régimen. Tomamos nota de la decepción que han provocado la Lista del Pueblo y otros sectores independientes que conquistaron una adhesión masiva del pueblo que tomó las calles, pero terminaron sucumbiendo a las presiones del Estado capitalista y de los partidos que lo sostienen. Es necesario que saquemos las conclusiones de esta experiencia y lograr darle una expresión política -y traducirlo en términos de programa y organización- al giro y la búsqueda de un nuevo rumbo político que se registra en las filas de lxs trabajadorxs y la juventud.

Llamamos a estxs compañerxs, a los sectores independientes y de lucha, a pronunciarse por el voto a lxs trabajadorxs que integran las listas del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora, que es el instrumento para fortalecer un reagrupamiento que, desde la independencia de clase, tiene como objetivo lograr las aspiraciones de la rebelión popular. Un voto masivo a favor de este frente será un punto de apoyo para impulsar un proceso de organización y deliberación popular y colaborar a madurar con un congreso de trabajadorxs que defina un plan de acción con movilizaciones y la huelga general como horizonte para dar una salida a la crisis conforme a nuestros intereses.

Tomemos en nuestras manos las tareas políticas necesarias para que se vaya Piñera y la oposición cómplice; para terminar con las AFP por salarios y jubilaciones que alcancen para vivir, indexados según la inflación; para ponerle fin a la militarización del Wallmapu; para terminar con la violencia estatal y liberar a nuestrxs compañerxs presxs por luchar.

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