La reciente visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía fue un suceso político ya que se trata de un arribo largamente reclamado fundamentalmente por la derecha, consciente del paso en falso que el gobierno tuvo al inicio de su gestión, cuando la entonces ministra del interior Izkia Siches intentó montar una farsa de diálogo rechazada por los sectores mapuches autonomistas con acciones de boicot. Desde entonces, la oposición ha corrido la discusión a sus términos reclamando que se profundicen las acciones represivas, que nunca cesaron.

Al igual que el gobierno de Sebastián Piñera, con Boric se mantuvo el estado de excepción en el sur, lo que básicamente implica una militarización de la zona con la suspensión de garantías constitucionales que se renueva sistemáticamente cada 15 días en el Congreso por iniciativa de La Moneda. En relación a esto, la solución a mediano plazo esbozada por la ministra Tohá no tiene que ver con el retiro de las fuerzas armadas de la zona sino con una modificación normativa que permita el despliegue represivo sin que sea necesario renovarlo cada dos semanas.

En todo caso, Boric fue muy claro en sus declaraciones: trató a las y los mapuches en resistencia como terroristas y comparó su accionar al de los nazis, advirtiendo que se los iba a perseguir con todo el peso de la ley. En definitiva, esta orientación responde a las promesas hechas al empresariado nucleado en la Sofofa semanas atrás en relación a los reclamos en materia de seguridad. Seguridad para sus negociados, no para la población trabajadora que ve avanzar en los barrios el poderío narco de la mano de los “pacos” y los milicos.

Es que la resistencia del pueblo mapuche representa una amenaza para las forestales instaladas en el sur que detentan una propiedad de grandes porciones territoriales viciada desde sus orígenes, más allá de que esté revestida de las formas legales, pues se trata de la tierra arrebatada mediante la masacre y el desplazamiento violento de los pueblos indígenas que en ellas habitaban originariamente. El llamado a todos los sectores a la conformación de una “comisión por la paz y el entendimiento” para abordar el denominado “conflicto mapuche” es la vieja receta de los partidos burgueses para no dar una respuesta concreta al reclamo de devolución de las tierras ancestrales.

Son décadas de espera de un pueblo que ha soportado no solo la violencia estatal desatada en su contra sino las políticas racistas y estigmatizadoras orientadas a un aislamiento en sus reclamos mientras se garantizaban los negociados extractivistas. Los pueblos originarios y la clase trabajadora tenemos un enemigo en común, el Estado capitalista, contra el cual nos tenemos que organizar para conquistar nuestras demandas históricas.

¡Libertad a lxs presos por luchar, fuera los milicos del Wallmapu!

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