A través de un decreto, el gobierno de Gabriel Boric estableció la militarización por al menos 90 días de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá en la frontera norte de Chile con Perú y Bolivia. Esta medida busca aumentar el control frente al ingreso irregular de migrantes que ha venido creciendo durante los últimos años.

El despliegue militar se da en el marco de la reforma constitucional aprobada en enero último, impulsada por las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, que permite el accionar de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica, legalizando el involucramiento de los militares en tareas de política interna. No sólo el concepto de infraestructura crítica es amplio y ambiguo abriendo el camino para una mayor participación militar en todo tipo de actividades dentro del país, sino, más grave aún, vuelve así a tener rango constitucional la doctrina de Seguridad Nacional que rigió durante la dictadura de Pinochet y del Cono Sur.

El emplazamiento de militares en la frontera norte por parte del gobierno de Boric es una continuidad de la política del anterior gobierno derechista de Sebastián Piñera, de expulsión de extranjerxs y que incluyó la ampliación de una zanja cerca del poblado de Colchane, cercano al límite fronterizo con Bolivia, para impedir el ingreso irregular de migrantes.

De esta forma, avanza la militarización de gran parte del territorio chileno. Si bien durante la campaña electoral Boric había sido muy crítico del estado de emergencia y la respuesta represiva de Piñera en la región de La Araucanía, su gobierno mantiene el estado de excepción en el sur, que implica el accionar de las Fuerzas Armadas con la suspensión de garantías constitucionales contra el pueblo mapuche. Frente a la conflictividad social de norte a sur y la erosión del respaldo popular, el gobierno responde con la criminalización y el despliegue de las fuerzas militares.

La militarización de la política migratoria

Se trata de una verdadera crisis migratoria. En los últimos años han muerto decenas de personas tratando de cruzar la frontera por rutas clandestinas en el altiplano, después de recorrer en pésimas condiciones gran parte de Sudamérica hasta llegar a Chile. La mayoría de lxs migrantes son venezolanxs, aunque también ha crecido la llegada de personas de Colombia, Haití y El Salvador.

Según afirma el alcalde de Colchane, Javier García, ingresan al menos 400 personas indocumentadas al día a través de ese cruce fronterizo que es uno de los más utilizados para llegar hasta la ciudad de Iquique en la costa (BBC News Mundo, 27/2). Ahí se instalan en carpas y campamentos precarios en las calles y plazas.

Esta situación ha desatado fuertes protestas en las poblaciones chilenas del norte, con bloqueos con camiones y manifestaciones contra la inseguridad y la inmigración. A fines de 2021 y a lo largo del año pasado, se registraron ataques xenófobos mediante la destrucción y quema de campamentos improvisados por lxs migrantes. La respuesta a estas protestas reaccionarias ha sido la militarización de la región bajo el argumento de mejorar el control de fronteras y rutas, reforzando con este accionar desde el Estado chileno el discurso estigmatizante hacia lxs migrantes y acentuando con eso su situación de vulnerabilidad.

La militarización de la política migratoria a la que han recurrido también otros mandatarios de la región, como Andrés Manuel Obrador en las fronteras norte y sur de México como parte del acuerdo migratorio con Estados Unidos para contener el flujo hacia dicho país, termina por agravar la crisis, con fuertes violaciones a los derechos humanos.

Rechazamos la militarización de la frontera y defendemos el derecho de asilo de los migrantes.

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