La conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores dio lugar a concentraciones y marchas en las principales ciudades del país. En Santiago, tuvieron lugar dos movilizaciones: la oficialista de la CUT, en la que participaron autoridades del gobierno y convencionales constituyentes, y la convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores en la que confluyeron sectores de la izquierda. Las mismas se distinguieron por su carácter, la primera de total subordinación al gobierno de Apruebo Dignidad y la otra de oposición partiendo de reclamos centrales de la clase trabajadora.

Y, claro, el tratamiento de las fuerzas represivas fue sustancialmente distinto. Mientras la convocatoria de la CUT- en Plaza Dignidad- contó con el resguardo de Carabineros para su desenvolvimiento de principio a fin, la realizada por las organizaciones nucleadas en la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, que realizó el acto en el sector de la Alameda lindante al mercado central, se desarrolló en medio de la feroz represión realizada primero con la acción directa de Carabineros, que avanzó hacia el escenario con carros hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a las columnas de manifestantes, y después cubriendo el accionar criminal de bandas armadas asociadas a las mafias operantes en la zona. Es decir, el Estado ha tercerizado en estas bandas las formas de represión más cruentas.

El gobierno y el Estado son responsables

El resultado de la represión desatada fueron cuatro participantes de la movilización heridxs por impactos de armas de fuego, entre ellxs trabajadorxs de prensa de medios alternativos, de los cuales una compañera-Francisca Sandoval- se encuentra grave con riesgo vital tras ser alcanzada por una bala en el rostro mientras se encontraba haciendo una transmisión del acto y la represión.

Lejos de tratarse de “un acto de violencia entre gente con necesidades” en palabras del presidente Gabriel Boric o un “enfrentamiento” como lo señaló la diputada del PC Karol Cariola, fue un ataque a una manifestación llevado a cabo de manera coordinada y conjunta por delincuentes de la zona y carabineros como lo demuestran los registros fotográficos y testimonios. La responsabilidad por la encerrona criminal orquestada es del Estado dirigido por el gobierno de Apruebo Dignidad. El intento de acercamiento a las familias de las víctimas por parte de ciertos ministros y la constitución del Ministerio del Interior como querellante y el anuncio de una investigación interna en carabineros sólo buscan encubrir la responsabilidad estatal en los hechos.

No es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza; idéntico operativo coordinado entre carabineros y estos criminales operó en ocasión de la marcha estudiantil convocada por la Confech semanas atrás, por el que aún sigue en estado de gravedad un estudiante atacado.

Boric mantiene y “perfecciona” el régimen represivo

Si hay un aspecto que da cuenta de que el gobierno de Boric representa un continuismo del orden político de los (más) de 30 años post dictadura, ése es el represivo. Desde el día de su asunción, las fuerzas represivas se han desplegado contra las protestas al igual que lo que sucedía con el gobierno de Sebastián Piñera. Lejos quedó la promesa de campaña de “refundar” Carabineros o, después, de “reformar” esta nefasta institución que continúa bajo la dirección de Ricardo Yañez puesto por Piñera. Por el contrario, le han dado todo el respaldo político para que siga cometiendo atrocidades contra el pueblo.

Atrás quedaron los simbolismos. A medida que la crisis económica y social recrudece y, con ello, las protestas de distintos sectores, el gobierno cierra filas con la burocracia sindical y, como reaseguro, las fuerzas represivas que cargan contra los estudiantes, el pueblo mapuche y la clase trabajadora en general que sale a luchar incluso por demandas mínimas en relación a las condiciones materiales de existencia gravemente afectadas por la inflación creciente.

¿Y la convención constituyente? Se encuentra bailando el ritmo que le impuso la centroizquierda de los 30 años. Presentar a la definición del Estado como “un estado social de derechos” como el fin del neoliberalismo, mientras que se rechazó la nacionalización del cobre y otros recursos estratégicos, no se puso fin a las AFP y se garantizó la posibilidad de que se siga lucrando con la salud y la educación es una impostura absoluta. El crecimiento de la opción “rechazo” en el plebiscito de salida que marcan todas las encuestas tiene que ver con el enorme desprestigio acumulado por este organismo estéril para resolver las demandas populares, más que con la destreza política de la derecha que aún se encuentra lamiéndose las heridas tras significativas derrotas sucesivas.

A organizarnos para enfrentar al gobierno

La realización de una convocatoria independiente del gobierno en la que convergieron sectores sindicales, sociales y políticos con un planteamiento de oposición de clase al gobierno ha sido una contrapartida a la celebración que realizó la burocracia de la CUT, el PC, el Frente Amplio y demás integrantes del gobierno de Boric, como una jornada de colaboración de clases y con el gobierno del capital. Y ha cobrado una importante relevancia política. Quedó planteada una nueva jornada de lucha para el 1° de junio convocada por este frente sindical que se reclama clasista e independiente del gobierno y de la burguesía.

El salario mínimo acordado por la CUT es de una miseria extrema -una suba de 50 mil pesos en dos cuotas- y trae bajo la manga un subsidio a las patronales para que lo afronten. El bono compensador de los aumentos de precios estipulado en el acuerdo es directamente una burla, una provocación: 6 mil pesos, es decir, el equivalente a 3 kg de pan. Mientras que el congelamiento del precio del combustible y la parafina significa el traspaso directo de millonarios fondos del Estado a las empresas del sector en el formato también de subsidios. La crisis les sirvió como excusa para seguir expoliando los recursos públicos en favor del gran empresariado.

Frente a éste escenario, se presenta con claridad la necesidad de retomar las calles por nuestros reclamos urgentes frente a un gobierno decidido a que la crisis la paguemos lxs laburantes. Es necesario un plan de lucha. La CUT y las organizaciones sindicales deben romper toda subordinación al gobierno frentepopulista. Tomemos la jornada de lucha convocada para el 1° de junio por las organizaciones que participaron del primero de mayo clasista y combativo, para realizar una campaña de esclarecimiento, agitación y organización en el movimiento obrero y en todas las organizaciones de masas (estudiantes, pobladores, etc.), realizando asambleas, elaborando petitorios dirigidos a las patronales y adhiriendo a la marcha convocada. Necesitamos un plan de lucha capaz de torcerle el brazo al gobierno. La convocatoria a un Congreso de los Trabajadores ayudaría a centralizar y desarrollar este movimiento.

(nota extraída del boletín de la Fuerza 18 de Octubre)