Este domingo, casi el 80% de los votantes del plebiscito de reforma constitucional se inclinaron en Chile por el “Apruebo”, y en la misma proporción, por una convención en que la totalidad de sus miembros surjan de una elección específica (dicho comicio se llevará a cabo en abril de 2021). La participación estuvo diez puntos por encima de la última elección presidencial y las masas celebraron el resultado en las calles.

Las masas ven este proceso como una conquista de la rebelión iniciada en octubre pasado. Dicha rebelión tuvo como detonante un aumento en el boleto del subte, usado por tres millones de santiaguinos, mayormente trabajadores y estudiantes. A comienzos de ese mes, el movimiento estudiantil inició un proceso de evasión de molinetes. El gobierno desplegó efectivos de Carabineros en las estaciones, con lo que solo logró atizar la bronca popular. El viernes 18 de octubre se convirtió en la fecha icónica de la rebelión: ese día se producen barricadas, cacerolazos e incendios de estaciones del subte y de bancos, que sufren la represión estatal. El presidente Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia y saca el ejército a las calles. La respuesta al “boletazo” solo era la punta del iceberg de un cuestionamiento a todo el régimen político heredero del pinochetismo, con sus injusticias y su privatización de la salud, la educación y las jubilaciones. Esto lo sintetizó la consigna “no son 30 pesos [monto del aumento del cospel], son 30 años”.

Aunque el gobierno anuló el aumento, la rebelión ya estaba en desarrollo. El lunes 21, 100 mil personas se movilizan en Santiago y otras decenas de miles en el resto del país. Paran los portuarios y los mineros de La Escondida. Piñera declara que el país está en guerra y redobla la represión, que para el 21 ya había dejado 17 muertos -algunos de ellos durante saqueos y otros fusilados por las fuerzas de seguridad-, cientos de heridos y miles de detenidos, además de denuncias de violencia sexual contra detenidas. El nerviosismo de la clase dominante queda retratado en un audio de Cecilia Morel, esposa del primer mandatario, quien compara al levantamiento con una invasión alienígena.

El miércoles 23, se inicia un paro general de 48 horas convocado por la Unidad Social, que reúne a la CUT y organizaciones populares. Cientos de miles reclaman en las calles el fin del estado de emergencia y que se vaya Piñera. Ante la dificultad de quebrar el levantamiento por medio de la pura fuerza bruta, Piñera hace un llamado al “diálogo social”, que es rápidamente correspondido por la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical. Y anuncia un pequeño aumento salarial y de las jubilaciones. Otra vez, un audio de la primera dama resume el estado de ánimo en los círculos del poder económico, al asegurar que era el momento de compartir parte de sus privilegios para no perderlo todo. El viernes 25, más de un millón de personas salen a las calles, en una de las movilizaciones más grandes de la historia en el país trasandino. Conforme crece la movilización, se agudiza el ensañamiento de Carabineros, que se ganará el repudio universal por su siniestra metodología de disparar a los ojos para cegar a los manifestantes.

El 12 de noviembre tiene lugar el tercer paro general, con bloqueos de los mineros, marchas obreras y movilizaciones. A contramano del reclamo para que se vaya Piñera, la Unidad Social (donde tallan fuerte el PC y el Frente Amplio) plantea como orientación la apertura de una mesa de diálogo.

Apenas tres días después de este gigantesco paro, se anuncia un “acuerdo social” entre el gobierno y casi toda la oposición parlamentaria (incluyendo un sector del Frente Amplio), que estipula entre otros puntos la convocatoria al plebiscito constitucional que tuvo lugar este domingo. Es un intento por sacar a la población de las calles y resguardar la institucionalidad del régimen. La trampa del proceso constituyente es que impide la participación de las organizaciones surgidas al calor de la rebelión y reserva un poder de veto a la derecha, al establecer un quórum de dos tercios para imponer modificaciones a la carta magna de raíces pinochetistas.

Gracias a este acuerdo político, Piñera logró mantenerse en el poder, no obstante lo cual continuaron las movilizaciones y se desarrollaron asambleas populares en los barrios.

Tras un paréntesis estival, las grandes movilizaciones se retomaron en marzo de este año, teniendo como pico las dos millones de personas movilizadas el 8M, en el día internacional de la mujer trabajadora. La jornada se transformó en un gigantesco pronunciamiento contra Piñera, los femicidios y por el aborto legal.

Este era el cuadro cuando arribó la pandemia. Piñera evitó todo lo que pudo la instauración de una cuarentena en regla, en función de los intereses de los grandes empresarios que querían seguir con el funcionamiento habitual. Recién en mayo, en medio de una situación sanitaria calamitosa, el gobierno decreta una tardía cuarentena en el gran Santiago. Para entonces, se habían desarrollado ya cacerolazos en demanda de medidas sanitarias y bloqueos en el ingreso a la isla de Chiloé, en reclamo del cierre de la isla. Como resultado de la política del gobierno, Chile es uno de los países de la región más afectados por el Covid-19.

La crisis económica se agudizó con la pandemia, empezando por un desplome del 13% en el segundo trimestre. El Estado inyectó recursos masivamente para rescatar a los bancos y las empresas y adoptó un préstamo de 23 mil millones de dólares con el FMI. En cambio, los trabajadores sufrieron suspensiones masivas y despidos. Las consecuencias sociales quedarían expuestas en jornadas como la del 18 de mayo, en la que sectores empobrecidos se movilizaron contra el hambre y la carestía y chocaron con las fuerzas policiales.

Aunque la pandemia le impuso un compás de espera a las grandes jornadas que caracterizaron el comienzo de la rebelión y los primeros días de marzo, hubo cacerolazos el 2 y 3 de julio, movilizaciones del movimiento de mujeres contra los femicidios, así como manifestaciones y un paro portuario para que se autorice el retiro del 10% de los fondos de las AFP ante la crisis -una medida extremadamente limitada, pero que fue enfrentada por Piñera y sus dueños en ocasión de su debate parlamentario.

En el aniversario de la rebelión, el 18 de octubre, cientos de miles volvieron a ganar las calles en Santiago y en todo el país, retomando el hilo de aquella gesta histórica. Sigue planteada la lucha por echar a Piñera y por una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana, que pueda reorganizar el país sobre otras bases sociales.

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