Chile: el “borrador” de la Constitución de Boric

499 artículos que dejan intacto el régimen económico y político de explotación.

Hace falta una verdadera Constituyente soberana y con poder.

Más allá de las alertas y advertencias de todo tipo que caracterizan la campaña de la derecha embarcada en que gane la opción del rechazo en el plebiscito de salida, lo cierto es que del recorrido por el extenso borrador de la nueva Constitución queda claro que no se tocan los pilares del modelo económico capitalista neoliberal. El “Estado social de derechos” no significa el fin del neoliberalismo ni por asomo. Deliberadamente la convención decidió resguardar todos sus resortes, dejando abierta la puerta para que se siga lucrando con derechos elementales como la salud, la educación y las pensiones.

La columna vertebral de toda Constitución política en un Estado burgués es el derecho de propiedad. Pues bien, al mismo se le han dedicado varios artículos para resguardarlo suficientemente, estableciéndose todos los reaseguros para reducir al máximo su afectación vía expropiación (ley previa, utilidad pública, precio justo y previo, derecho a reclamar contra la misma ante la justicia, etcétera). Por si alguna duda cabe, Máximo Pacheco -actual presidente de Codelco (Corporación Nacional del Cobre) con larga trayectoria como ejecutivo empresarial- expresó en una entrevista que el texto constitucional en lo relativo a la propiedad privada  “está a la derecha de muchas constituciones europeas, como la de Alemania”.

El llamado a la calma del capital financiero internacional

Intentando capitalizar el desprestigio popular que acumula el proceso constituyente, que se ha evidenciado no sólo en la imagen negativa de la convención sino en la ventaja que – según las encuestas- lleva la opción del rechazo por sobre el Apruebo de cara al plebiscito, la derecha vernácula viene desplegando una verdadera campaña del miedo.

Sin embargo, las “voces autorizadas” del mundillo financiero vienen a poner paños fríos. Así el banco de inversión norteamericano Morgan Stanley se expidió en un informe destinado a sus clientes en los siguientes términos: “La exclusión de políticas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional que suponían un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal, debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, ya que el resultado debería reducir la incertidumbre política para los empresarios…”. Por su parte, otro importante banco de inversión de Wall Street, JP Morgan, fue más cauteloso aunque más que advertencias plantea dudas respecto de la institucionalidad, en particular la autonomía del Banco Central, pero concluye que “las normas más disruptivas y onerosas para el crecimiento futuro quedaron por el camino, seguramente gracias a la mayoría de los dos tercios…”. Porque, conviene recordar, que se trata de un proceso constituyente pactado entre el expresidente derechista Sebastián Piñera y el actual presidente centroizquierdista Gabriel Boric, donde las normas constitucionales debieron pasar por el antidemocrático quórum calificado de los dos tercios y así se dispuso del poder de veto a las transformaciones de fondo.

A su turno, Bank of América señaló que “el primer borrador de la nueva Constitución fue mejor de lo que esperábamos, ya que excluyó propuestas radicales…”     En la misma línea, el portal económico Bloomberg afirma que se “logró algo que algunos consideraban casi imposible: un documento ‘razonable’ que aplicaría las demandas por derechos sociales sin destrozar la economía de mercado”.

Como se ve, el esqueleto normativo que la burguesía buscaba conservar fue resguardado celosamente por quienes han ostentado la dirección política del proceso constituyente, el Frente Amplio-Partido Comunista con los servicios del Partido Socialista, que usaron los dos tercios para vetar todo aquello que significaba un riesgo para sus intereses.

¿Fin del Estado subsidiario?

Además de definirse al Estado chileno como un “Estado social de derechos”, éste aparece como garante de una larga lista de derechos que se reconocen y/o consagran, entre ellos los denominados “derechos sociales”. Ahora bien, también forman parte del borrador el artículo que lleva por título “Financiamiento de los derechos fundamentales” que expresamente reza “el financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad”; y el que consagra el “Principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal” que establece que “las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”. La Convención se encargó así de relativizar expresamente la  materialización de los derechos consagrados, ya que en definitiva todo dependerá del manejo “responsable” de la billetera fiscal. La misma que votó en contra  de la norma que buscaba la nacionalización del cobre -dando así continuidad al saqueo de estos recursos vigente hace décadas- cuando ello perfectamente podía destinarse a solventar estos derechos.

Cabe tener presente que si de algo han hecho gala los gobiernos de los 30 años, ha sido del manejo “sostenible y responsable” de los recursos fiscales, mientras las familias trabajadoras estaban (¡están!) hundidas en deudas por acceder a derechos básicos.

¿Y entonces? ¿La materialización de los derechos consagrados dependerá de la mentada reforma tributaria que se encuentra negociando el ministro de Hacienda Mario Marcel con el gran empresariado? Evidentemente estamos frente a un callejón sin salida en la medida que toda la política del gobierno de Apruebo Dignidad está al servicio de resguardar los intereses de la burguesía y por lo tanto no va a avanzar en la afectación de sus ganancias, conditio sine qua non para dar respuesta a las demandas que el pueblo chileno puso sobre la mesa con la rebelión popular.

Nos encontramos ante un relanzamiento del régimen económico y político impuesto a sangre y fuego por Pinochet y perfeccionado por los gobiernos que gestionaron la “democracia” capitalista post dictadura. Una remake que, con una reformulación de los poderes del Estado burgués y la utilización verborrágica de las legítimas demandas del movimiento de mujeres y disidencias, pretende cerrar –con un pseudo balance de “progresista”- el proceso político abierto por las masas en octubre del 2019.

Lo que, sin embargo, en ningún caso se encuentra asegurado. Conscientes de que estamos frente a un texto que no resuelve ninguna de las urgencias de la clase trabajadora, desde los sectores que buscan que gane el Apruebo se esgrime que estamos frente a un “punto de partida”, que supuestamente nos permitirá mejorar las condiciones para conquistar lo que falta. Y así podemos estar años.

Las y los trabajadores no podemos seguir esperando. La “salida institucional” pergeñada por los partidos patronales ya mostró su verdadera y única función: salvar al régimen político puesto contra las cuerdas por el pueblo en rebelión.

Hace falta una verdadera asamblea constituyente soberana y con poder. Que tome en sus manos -sin mayorías dibujadas- el gobierno y ponga en práctica la legislación y ejecución de una verdadera transformación social. Las condiciones de vida de las mayorías populares siguen empeorando. Necesitamos echar a andar toda la experiencia organizativa y de lucha acumulada para conquistar nuestras demandas urgentes (libertad a todos los presos políticos; expropiar las AFP; nacionalizar bajo gestión directa de trabajadores y jubilados, el sistema de pensiones; aumento salarial de emergencia, etc.). Frente de lucha independiente del gobierno frentepopulista entregador. Por un partido obrero y socialista que tenga la estrategia de lucha por un gobierno de trabajadores.