El lunes la comisión de Mujer y Equidad de género de la Cámara de Diputadxs rechazó el tratamiento del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. El rechazo se impuso por 7 votos contra 6. Entre los votos antiderechos, el que terminó de inclinar la balanza en contra fue el de la diputada demócrata cristiana Joanna Pérez. En adelante, el proyecto deberá ser considerado en sala de la cámara baja, instancia que en caso de rechazar la idea de legislar al respecto, determinará el archivo del proyecto.

Se trata de una iniciativa presentada en el 2018 cuyo tratamiento es retomado en enero de este año. Tanto su presentación, como el nuevo impulso que adquiere en el Congreso en el 2021, coinciden con momentos donde la marea verde en Argentina logra acorralar al poder político hasta conquistar el aborto legal. Este triunfo de las compañeras argentinas fue recibido y celebrado como un triunfo también de este lado de la cordillera, en la justa comprensión de que mejoraba las condiciones para la conquista de este derecho también en Chile.

El hecho que sea una diputada de la Democracia Cristiana (DC) la que emitiera el voto decisivo en el rechazo puso en aprietos a la precandidata presidencial Yasna Provoste, que se pronunció públicamente, en el marco de las cuasi primarias de “Unidad Constituyente”, a favor de la despenalización del aborto en toda circunstancia por la sola decisión de la persona gestante. Aunque se comprometió en ordenar las filas de su partido para que el proyecto sea acompañado por la bancada de la DC en sala, lo cierto es que son meras declaraciones ya que estamos hablando del espacio político de la iglesia católica por definición.

Actualmente la interrupción del embarazo sólo está despenalizada, desde el 2017, por 3 causales -violación, inviabilidad del feto y grave riesgo en la salud de la gestante- y aún en estos casos tampoco el Estado ha garantizado el acceso a la práctica ya que opera la objeción de conciencia, en términos individuales e institucionales, como la vía para negar el ejercicio del derecho. Ello ya demuestra que la despenalización no alcanza, aunque está claro que correr los límites más allá de las 3 causales actualmente contempladas es un avance.

Para terminar con la violencia del aborto clandestino, que se expresa más descarnadamente en el caso de las mujeres pobres condenadas a parir o abortar en carnicerías clandestinas bajo riesgo de morir, necesitamos organizar la lucha por conquistar el aborto legal, seguro, libre y gratuito.  El reconocimiento de este derecho fundamental no puede depender de los acuerdos de los bloques políticos que históricamente han sido aliados del oscurantismo clerical. Solo movilizadas de a miles en las calles vamos a poder arrancar este y todos los derechos necesarios para que el ejercicio de la maternidad no sea una condena sino el fruto de una decisión libre. El norte estratégico es terminar con este sistema de explotación al que el sometimiento de las mujeres y disidencias le es funcional.