Chile, en vísperas de la Convención Constituyente

“Megaelecciones” en el país trasandino.

El 15 y 16 de mayo Chile enfrenta las denominadas “megaelecciones” ya que se elegirán en simultáneo gobernadores regionales, alcaldes, concejales y lxs 155 convencionales constituyentes encargadxs de redactar la nueva Constitución. Los comicios tienen lugar luego de semanas donde el creciente descontento popular se manifestó en cacerolazos y barricadas, producto de la catástrofe sanitaria y social que sufren las mayorías. Esto generó una crisis política que puso en alerta a los partidos del régimen, que vieron peligrar el esquema electoral armado en función de desviar institucionalmente la rebelión popular desatada el 18 de octubre del 2019. Que el presidente Sebastián Piñera finalice su mandato es central en este esquema y por ello las maniobras desde la “oposición” para sostenerlo no se hicieron esperar.

En este contexto, la huelga general sanitaria del 30 convocada por la burocracia de la CUT solo buscó descomprimir. Prueba de ello no solo es la nula preparación de la misma, sino el “pacto de gobernabilidad” del que participó su titular Bárbara Figueroa (PC), junto a la nueva vocera de la oposición parlamentaria Yazna Provoste, con el presidente Piñera. El pacto significó el compromiso del gobierno de impulsar algunas reformas tributarias y ayudas sociales con alcance universal con el objetivo de evitar un “cuarto retiro” de los fondos de pensión. Que lxs legisladores del PC se bajen de la discusión de estos “mínimos comunes” no cambia su complicidad en la continuidad del gobierno, los servicios a este fin ya fueron suficientemente prestados. A esta altura ya todos tenemos en claro cómo juega el PC: posa de combativo con paros aislados y declaraciones altisonantes de sus referentes, pero pone a jugar todas sus fichas apostando a canalizar electoralmente la irritación de la clase obrera.

Así la huelga, lejos de tratarse de una medida que buscaba abrir una perspectiva de lucha por las demandas urgentes de las y los trabajadores, fue convocada con el objetivo de clausurarla.

La Convención

Lo cierto es que entre el calendario electoral, en que se encuentra inserto el proceso constituyente, y las necesidades acuciantes de las familias trabajadoras hay un abismo, y ello es lo que queda en evidencia con el bajo “entusiasmo” que despiertan las elecciones del próximo fin de semana. El domingo se constatará finalmente si el grado de participación que suscitó el plebiscito del 25 de noviembre pasado se mantiene. En todo caso, las recientes movilizaciones son una muestra de que las expectativas de las masas en la reforma de la Constitución han entrado en crisis. En el caso de los partidos “de los 30 años” lo que está en juego no es solo el copamiento de la convención, para lo cual ya se aseguraron el mecanismo de distribución de los escaños a la medida de sus estructuras, sino las elecciones presidenciales. Con los resultados del domingo sobre la mesa comenzarán horas de frenéticas negociaciones de cara a las primarias presidenciales, para dirimir los candidatos que se presentarán en noviembre.

Mientras tanto, la crisis económica se agudiza y el respiro que significó el tercer retiro de los fondos de pensión pronto quedará atrás. Los “mínimos comunes” del acuerdo entre el oficialismo y la oposición por ahora son meras declaraciones y no van a significar una solución real para las mayorías empobrecidas. Por otro lado, las políticas represivas del gobierno siguen intactas, con lo cual queda en claro que oficialismo y oposición cierran filas también a la hora de reprimir y criminalizar la protesta social.

Con Piñera en el poder, presxs políticxs, crisis sanitaria, el hambre y la represión a la orden del día, se evidencian los límites insalvables del proceso constituyente en curso. Sin embargo, el margen de maniobra que tienen los partidos patronales es estrecho, por lo que es necesario respaldar con el voto a las listas independientes y revolucionarias, que son la expresión política de las asambleas populares, organizaciones territoriales y movimientos sociales que han surgido de la revuelta de 2019. Este respaldo debe ir acompañado de los mecanismos de deliberación, organización y coordinación de la lucha como única garantía para conquistar las demandas que siguen sin respuesta. Necesitamos, más que nunca, un congreso de delegados de base de sindicatos y organizaciones territoriales para discutir un programa y un plan de lucha por todas nuestras reivindicaciones, las urgentes y las de fondo.