24/03/2021

Chile: impulsar la intervención obrera y unificar las listas independientes

Crece la crisis sanitaria y social. El gobierno y la oposición responden con represión.

El optimismo generado por el alza del precio del cobre y del litio y el avance en el plan de vacunación de la población, hizo proyectar al gobierno una cercana reactivación de la actividad económica. Sin embargo, el aumento de la tasa de contagios, a niveles que superan el pico de julio del año pasado, implicó la decisión del retroceso a la fase uno de la cuarentena en prácticamente todo el país y encendió las alarmas en el sistema de salud por el número de hospitalizaciones que lo ponen al borde del colapso. Al mismo tiempo, la actividad económica marcó una caída del 3,1% en el último período, revelando que el ciclo recesivo está lejos de cerrarse. Las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoran a diario y las “salidas” planteadas por todo el arco político patronal apuntan a sostener subsidios para los sectores más necesitados, financiados por los propios trabajadores, y a mantener e incrementar incluso los millones que el Estado destina a subsidiar al capital.

Los datos hablan por sí mismos: el desempleo supera el 10% y la pobreza asciende a un 13,7%, sin contar la gran cantidad de inmigrantes que llegaron al país en los últimos tiempos, que pasan a engrosar el contingente de pobres y desempleados. La crisis habitacional se ha agudizado ya que las familias tienen que optar entre comer o pagar un arriendo, con lo cual las tomas de terrenos se han multiplicado y la respuesta estatal ha sido los desalojos. Los recursos públicos destinados a asistir al sector más golpeado por la pandemia no llegan a los 3 mil millones de dólares, una cifra ridícula con relación a la magnitud del descalabro social. Ello no resulta modificado sustancialmente con los anuncios de Piñera del martes, que reafirman en todo caso la voluntad del gobierno de descargar el costo de la actual crisis en las familias trabajadoras.

Tercer retiro y reforma previsional, el salvataje a las AFPs

Con el agravamiento de la crisis social ha entrado en debate un proyecto de ley para habilitar un tercer retiro de los fondos de pensión. A diferencia de los retiros anteriores, el trámite legislativo se presenta más dificultoso, ya que tendrá que sortear el escollo del Tribunal Constitucional que ya se pronunció contra el segundo retiro y al que el oficialismo anunció que recurrirá si se llega a aprobar el tercero. El gobierno respondió en primer lugar reflotando el proyecto de reforma previsional aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, es decir, en medio de las grandes movilizaciones que protagonizaba el pueblo chileno y que desde entonces era objeto de negociaciones con senadorxs de la oposición, pero la salida de Ignacio Briones del Ministerio de Hacienda dejó todo en la nada. El punto de discrepancia entre oficialismo y oposición respecto del proyecto de la reforma previsional giró en torno al destino del 6% de aumento en la cotización, si va una parte a las cajas individuales como pretende el gobierno o si se destina su totalidad al ahorro colectivo que sería administrado por un organismo estatal autónomo de las AFPs. Queda claro que cualquiera de las variantes se erige como una farsa de sistema mixto, creando un raquítico mecanismo de reparto frente al enorme negociado de las AFP que es lo que en definitiva pretenden salvar. Lejos de constituirse en “una cirugía mayor” al sistema de pensiones privadas, en palabras del presidente Sebastián Piñera, estamos ante un parche que deja intactos sus intereses.

Frente a la presión por un tercer retiro, el gobierno anuncia la extensión del IFE y el bono a la clase media y nuevos subsidios a las patronales. Estamos hablando de medidas de las que resultan excluidas las mayorías populares. La “focalización” de la ayuda estatal es en realidad una política para que la clase trabajadora pague con hambre y miseria la crisis.

Ante estos anuncios, un sector de la propia coalición gobernante salió a despegarse, alineándose con una tercera propuesta de “salida” puesta sobre la mesa por uno de los precandidatos a presidente de la derecha, Joaquín Lavín, quien pretende que se habilite la utilización de los fondos de seguro de cesantía en lugar de recurrir nuevamente a los fondos de pensión. Se trata de otra variante de autofinanciamiento de las consecuencias de la crisis por parte de la clase trabajadora y como tal tuvo cierta llegada a sectores del oficialismo y por eso no sorprende que reciba el apoyo de sectores de la derecha, dividiendo al oficialismo.

Lo cierto es que el pueblo chileno planteó como una de las demandas centrales de la revuelta del 2019 el fin de la privatización de sistema previsional a través de la consigna “No + AFP” y es justamente lo que tanto el oficialismo como la oposición cómplice se niegan a hacer. Ni un nuevo retiro de los fondos de pensión, ni la reforma previsional trucha son una verdadera salida a la acuciante situación que están atravesando miles de trabajadorxs y pensionadxs. Necesitamos un seguro de cesantía, salarios y pensiones que cubran el costo de la canasta familiar.

Un nuevo capítulo en la crisis sanitaria

La vuelta a la normalidad que el gobierno impulsaba, con anterioridad incluso a la puesta en marcha del plan de vacunación, a costa de la salud y la vida de las y los chilenos, ha sufrido un golpe ante una nueva ola de contagios de la que es responsable directo. Se registran récords de contagios en las distintas regiones, con lo cual no existe la posibilidad de traslados para descongestionar los hospitales ya que el sistema de salud en todo el país está al límite de su capacidad.

El retorno forzado a las clases en forma presencial, cuando no estaban dadas las condiciones para hacerlo, empujó al contagio de trabajadorxs de la educación, alumnxs y sus familias. A pocos días del inicio de clases más de 50 establecimientos educativos debieron entrar en cuarentena por los contagios verificados, lo que motivó que organizaciones de docentes y demás trabajadores de educación, así como padres y apoderados se presenten ante el ministerio de salud para solicitarle al ministro Enrique Paris la suspensión de las clases presenciales. Las advertencias sobre la falta de condiciones para el regreso seguro a la presencialidad fueron desoídas por el gobierno. Y frente a la confirmación de las advertencias, el ministro de educación Raúl Figueroa asumió una actitud negacionista, minimizando los contagios y culpando a las familias al afirmar que se produjeron en las casas y no en las escuelas, negándose a suspender la presencialidad.

El gobierno pretende mostrarse ante el mundo como un ejemplo en materia de vacunación, pero lo cierto es que los niveles de inmunización alcanzados no son suficientes para evitar los contagios. Frente al salto que se registra las medidas adoptadas -retroceso de fase en regiones enteras y endurecimiento del toque de queda- tienen únicamente un carácter represivo. Ya que las y los trabajadores están obligados a continuar asistiendo a sus puestos de trabajo, los desocupadxs están obligados a salir a buscarlo ya que carecen de un seguro al parado, y todos son empujados al hacinamiento en el metro, sin que exista el más mínimo control respecto del cumplimiento de los protocolos.

La gravedad de la situación sanitaria ha generado un debate, que mayormente se desarrolla por lo bajo, en relación con la posibilidad de que puedan realizarse las elecciones, ahora desdobladas en dos jornadas de votación. Lo cierto es que ni oficialismo ni “oposición” lo plantean abiertamente ya que se trata de la gran operación puesta en marcha para canalizar la bronca popular y, por lo tanto, estos sectores políticos están comprometidos en que no naufrague.

Represión y convención constituyente

Como era de esperarse, el Senado aprobó la extensión por 90 días de la modalidad de estado de excepción reclamada por Piñera, el estado de catástrofe, vigente en el país desde hace un año. Así, el Congreso, con votos y abstenciones de la “oposición”, le da al gobierno la herramienta que necesitaba para avanzar en el proceso de militarización iniciado en la Araucanía, lo que se suma al adelantamiento del toque de queda. La represión se constituye como el pilar para garantizar el último año de mandato de Piñera, en el que se encuentran interesados incluso los partidos de la oposición centroizquierdista. Los megaoperativos desplegados por Carabineros los viernes en Plaza Dignidad, el allanamiento y detenciones de decenas de personas en un comedor popular en Villa Francia y la represión a vecinos que se encontraban en la feria de Puente Alto sirven de muestra de la magnitud de la represión que a diario se desata sobre las y los chilenos. En Chile la violación de los derechos humanos es una política de Estado.

El actual marco fuertemente represivo revela que la constituyente carece de cualquier vestigio de soberanía. A su vez, la convención puede terminar copada por el oficialismo que, según las proyecciones, se alzaría con al menos un tercio de los escaños, lo que le permitiría vetar toda reforma que eventualmente signifique algún cambio de fondo. Por su parte, la oposición centroizquierdista solo apunta a rescatar el régimen en su conjunto realizando meros cambios cosméticos, y las listas y candidaturas independientes, fuertemente atomizadas, solo conquistarían en el mejor de los casos un puñado de bancas.

Frente a este escenario se plantea la necesidad de generar un polo de listas combativas que, en base a un programa en torno a las reivindicaciones motoras de las masas que protagonizaron el estallido, selle un acuerdo que impulse las listas que tienen mayores posibilidades en cada distrito en la elección del 11 de abril. Ello junto a una política que impulse la ruptura de la tregua que llevan adelante las burocracias de los sindicatos y organizaciones populares, que con su acción paralizante se han transformado en un pilar fundamental de sostenimiento del gobierno y el régimen. No soltar las calles e impulsar la intervención obrera y popular es la única garantía para romper con las maniobras en curso, que pretenden cerrar las perspectivas políticas de la revuelta sin dar respuestas a las demandas levantadas por el pueblo chileno.