Luego de meses de postergación, en una agenda oficialista determinada por el proceso constituyente, finalmente el gobierno presentó su proyecto de reforma previsional semanas atrás. En la cadena nacional en la que fue anunciada, Gabriel Boric expresó conceptos que luego quedarían relativizados en la medida que se conocieron los términos del proyecto. Lo central es que no se termina con el régimen de capitalización individual, ni con la gestión privada respecto de los fondos previsionales de las y los trabajadores y mucho menos con el financiamiento a capitalistas, pues incluso parte del 6% a cargo de las patronales contemplado en el proyecto y que gestionaría un ente público, tiene por destino el mercado de capitales, es decir, que se aumentaría el flujo de recursos que lo sustenta actualmente.

Las cosas por su nombre

El proyecto -según las palabras de Boric- crearía un sistema mixto, es decir, un sistema donde conviven la capitalización individual y el reparto. Sin embargo, si miramos el destino de los fondos, presentarlo de esa manera es una falacia, toda vez que el grueso de lo recaudado -el 10,5% a cargo de trabajadoras y trabajadores- sigue bajo la lógica de la capitalización con el agravante de que las actuales AFPs podrán convertirse en gestoras privadas de inversión de esos aportes, con lo cual quedarían también en las mismas manos. En relación al 6% de contribución patronal está por verse aún si en su totalidad se destinará a financiar pensiones con los criterios de reparto y solidaridad, ya que es el punto de discordia con la oposición, que maneja los hilos del Congreso, que no se conforma con que se mantenga incólume el régimen previsional instaurado en dictadura y que pretende además que ese porcentaje siga secuestrado por las AFPs y se destine íntegramente a seguir financiando a lxs capitalistas con tasas de interés irrisorias.

Así las cosas, más que un sistema mixto estamos frente a una consolidación del régimen de capitalización individual apalancado por el Estado a través de la PGU [Pensión Garantizada Universal], que convivirá con un escuálido esquema de reparto y solidaridad que además será subsidiado también por el erario público, pues la contribución a cargo de las empleadoras será gradual y mientras tanto la plata saldrá del Estado. A contramano de lo que ocurre en países con sistemas mixtos, donde el componente de capitalización es sólo accesorio -voluntario generalmente- y el reparto es el central, en Chile se mantiene el negocio con las cuentas individuales como pilar fundamental del sistema previsional que tanto interesa a la burguesía por las cuantiosas ganancias que le reporta a las AFPs y porque, en definitiva, los aportes de las y los laburantes es su principal fuente de financiamiento barato.

La promesa de mejores pensiones

El negociado no se acaba pero cabe preguntarse qué va a pasar con las pensiones, porque en voz del presidente escuchamos la promesa de que van a mejorar sustancialmente la situación de actuales y futurxs jubiladxs. No es la primera vez que las y los chilenos escuchamos una promesa de ese tipo, por lo que corresponde poner la lupa en ello.

El diseño del proyecto contempla una pensión compuesta por 3 pilares: el que proviene de la capitalización individual del 10,5% que aporta cada trabajador; el que aseguraría el seguro social que se crea y que sería financiado por el 6% a cargo de las patronales; y la PGU que seguirá como componente principal, porque la capitalización individual gestionada por manos privadas no está para garantizar pensiones suficientes, como ha quedado demostrado, y el seguro social es minoritario en el esquema de recaudación. Ahora bien, el aumento de la PGU -que se iría a 250 mil pesos- está supeditado a la aprobación de la reforma tributaria y además es gradual, es decir que no beneficiará al universo de jubilados inmediatamente. Actualmente, cabe tener presente, tampoco tiene un carácter universal ya que sólo llega a un poco más del 70% de quienes la necesitan.

Considerando lo expuesto, estaríamos hablando de pensiones entre 330 y 390 mil pesos para el grueso de las y los trabajadores, que son quienes laboraron toda su vida con bajos salarios y lagunas previsionales producto del empleo informal. Es decir, que con la reforma ni siquiera llegarían a los 400 mil del salario mínimo vigente, quedando asimismo muy lejos de la canasta familiar que es el doble prácticamente. El presidente dio ejemplos en su alocución por cadena nacional, uno de ellos de una docente: “…una profesora de educación media que ha cotizado el 80% de su vida laboral con un salario de 960 mil pesos, hoy tiene una pensión que no supera los 438 mil. Esto es menos de la mitad de su sueldo. Con esta reforma su trabajo será reconocido y su pensión será casi de 635 mil pesos, un 45% más que la actual…”. Boric puntualizó en el salto entre la pensión paupérrima vigente y una con la reforma concretada, sin embargo los números expuestos dan cuenta que el sistema de pensiones reformado no cambia sustancialmente la situación de las y los jubilados, ya que las pensiones no tienen relación con el costo de la vida y menos aún con el salario que se tenía en actividad.

Por un sistema previsional para las y los trabajadores

La situación no va a cambiar para millones de jubiladoxs en la medida que siga privatizado el sistema de pensiones, negociado que el gobierno de Apruebo Dignidad no quiere tocar. La jubilación es un salario diferido y por ello su monto debe tener relación con los últimos salarios percibidos en actividad y debe ser financiada enteramente por las patronales. En Chile rige hace 40 años un sistema donde, no sólo las patronales se desentienden de los aportes jubilatorios siendo estos soportados exclusivamente por las y los trabajadores, sino que además estos fondos son el principal recurso del mercado de capitales que las financia y ello sigue intacto. La discusión es sobre el destino del porcentaje menor que aportarían las patronales, pero el aporte de las y los laburantes sigue secuestrado en el esquema de capitalización individual pensado para dinamizar el sistema financiero. La posibilidad de que lo administre un ente público, como establece el proyecto oficial (respecto de los aportes futuros, pues el stock acumulado podrá seguir en manos de las AFPs rebautizadas), no modifica esta cuestión de fondo.

Para desmontar esta estafa completa hay que terminar con las AFPs -parásitas de un sistema donde es el Estado el que finalmente pone el 75% de lo que se paga en concepto de pensiones-, nacionalizando el sistema y poniéndolo bajo la  gestión y el control de las y los trabajadores en actividad y jubiladxs. Por aportes a cargo de las patronales exclusivamente y un impuesto al gran capital para reponer los fondos de pensiones menguados por los retiros materializados, para solventar la crisis de las familias trabajadoras en pandemia. Jubilaciones que cubran el costo de la vida. Este programa lo tenemos que imponer desde las organizaciones de los trabajadores, en primer lugar desde los sindicatos y exigiendo a la CUT que lo impulse, mediante un plan de lucha.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-boric-contra-el-pueblo-mapuche-con-todo-el-peso-del-estado