Multitudinarias marchas se realizaron el pasado domingo 24 de julio a nivel nacional en contra de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Sólo en Santiago, más de 200 mil manifestantes recorrieron la Alameda bajo el reclamo de “No más AFP”. Este hecho se repitió en más de 40 ciudades.

 

La situación de los jubilados a 35 años de la creación de las AFP por la dictadura pinochetista, siguiendo el mandato del Banco Mundial, es desastrosa. Hoy, el 91% de las pensiones pagadas bajo el mecanismo de retiro programado, bordean los 156.312 pesos, un 61% del salario mínimo. Las proyecciones apuntan a que en 10 años más, el 50% de quienes cotizaron entre 25 y 33 años, obtendrá menos del 22% del salario que tenía en los últimos diez años. Estas son las consecuencias de tres de décadas de sistema de capitalización individual (contribución forzosa exclusiva a los asalariados) y de AFP privada que hicieron un meganegocio a costa de los ahorros y las condiciones de vida de los jubilados, con la excusa de lograr una “mejor rentabilidad”. La situación de miseria extendida que vive el proletariado de la tercera edad en Chile, ha logrado movilizar a la familia obrera, quien perdió el miedo y se volcó a las calles.

 

Bachelet pretende confiscar las pensiones, como lo hizo la dictadura

 

Frente a la vasta movilización, Bachelet salió por los medios planteando que “desde el inicio de mi gobierno hemos escuchado esa demanda (no más AFP); estamos impulsando la creación de una AFP Estatal y definimos una hoja de ruta para tener un sistema de pensiones que tenga más solidaridad y mejores pensiones” (Emol, 25/7). La Nueva Mayoría montó una comisión investigadora (Comisión Bravo) la cual en 2015 planteo que, frente a las bajas pensiones, se aumente el llamado “pilar solidario”, que no es otra cosa que un plan de asistencia para entregar una miserable pensión a quienes nunca cotizaron, incrementar el monto de las pensiones bajas y sumar recursos a las pensiones de invalidez. Además, y lo más grave, se busca mantener el negocio de las AFP privadas, pero adicionando una AFP estatal, iniciativa que guarda directa relación con la caída de los precios del cobre como consecuencia de los golpes de la bancarrota capitalista en el país.

Buscan que esta AFP estatal entre al negocio para invertir el dinero de los ahorros jubilatorios en diferentes empresas (tal como lo hacen las privadas) para así paliar el déficit fiscal que ha traído aparejado la estrepitosa caída de los precios del cobre. De esta manera, el gobierno prepara una doble trampa, donde por un lado se busca concretar un rescate a las AFP privadas y a una caja estatal que se utiliza para subsidiar capitalistas, y por el otro, cooptar bajo el verso “reformista” uno de los principales reclamos obreros de las últimas décadas.

 

¡Vamos por el paro nacional!

 

Estamos, a todas luces, en presencia de un cambio importante de la situación política, donde la clase obrera comienza a copar la agenda política. El movimiento obrero ha entrado en escena y necesita dotarse de un programa de acción que lo delimite de la política cooptadora de la Nueva Mayoría y de la burocracia sindical del partido comunista, para así enrielar una alternativa independiente. Es necesario que el sindicalismo combativo y la izquierda revolucionaria se pongan a la cabeza de la lucha, para terminar con las pensiones de hambre, planteando el 83% móvil del salario en actividad, por la restitución inmediata de los aportes patronales, la eliminación de las contribuciones de los asalariados y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual esté bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivos. Es necesario garantizar que el Estado no meterá mano en los ahorros de los jubilados para beneficio del capital.

 

Se ha convocado a una nueva jornada de movilización para el 10 de agosto y es urgente que se levante una campaña en la perspectiva de un paro nacional.