Finalmente el miércoles 14 pudo comenzar a sesionar la Convención Constituyente. Así se dio tratamiento a la cuestión de la libertad de los presos políticos, en un contexto donde la urgencia en expedirse sobre el tema se impuso desde las calles por parte de las organizaciones de víctimas de la represión, familiares, asambleas y activistas. Particularmente en las movilizaciones que tuvieron lugar en la sesión de instalación de la convención del 4 de julio, donde la demanda de liberación de lxs presxs políticxs fue transversal a todos los espacios que se auto convocaron y la respuesta del Estado fue, una vez más, la represión.

En la sesión del jueves, tras una segunda votación, la convención aprobó por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, la declaración presentada por constituyentes del Partido Socialista, Partido Comunista (PC) y Frente Amplio (FA). Esta delega el problema de la libertad de lxs presxs por luchar en manos de las instituciones del Estado que reprimió ferozmente al pueblo y lxs encarceló.

En la primera votación la Lista del Pueblo y convencionales independientes integrantes de la “vocería de los pueblos” presentaron otra propuesta de declaración que sacó 49 votos (frente a 52 de la ex Concertación, FA y PC), que en sus definiciones políticas plantea: “Las circunstancias de origen y concurrentes a la legitimidad del proceso constituyente, así como el compromiso con el respeto irrestricto a los ddhh (derechos humanos)… son parte de nuestra competencia”. Esta definición es sumamente relevante pues reafirma la competencia de la Constituyente para tratar y resolver sobre la libertad de los presos políticos, desafiando la campaña mediática lanzada por el gobierno y los círculos de poder rechazando esa facultad. En otros términos, lo que afloró tempranamente a través de este debate es el carácter de la Constituyente, si a va a ser soberana o una instancia amañada prisionera de las instituciones y del orden social en vigencia. Sin embargo, no debe pasar desapercibido el hecho de que la propuesta de los independientes, a renglón seguido, al derivar la resolución de la libertad a los “poderes constituidos” se declaraba incompetente, en abierta contradicción a lo expuesto líneas más arriba. Sin la mayoría necesaria hubo una segunda vuelta en la votación. La derecha, por su parte, presentó otra declaración, pero como “opinión”: no la puso a votación consciente que perdía por paliza y que, en definitiva, la moción votada defendía la estabilidad del régimen ya que aparece como un pedido más a los poderes constituidos y por lo tanto un reconocimiento a éstos.

Ahora bien, ¿qué plantea la declaración votada? Solicita a los poderes constituidos –parlamento nacional y Poder Ejecutivo- que acelere el trámite legislativo del proyecto de ley de indulto general básicamente, pero lo más importante son sus fundamentos. Dice expresamente: “La convención constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias y atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con éstas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social…”.

Es decir, que renuncia explícitamente a ser un poder soberano, se declara un poder que se restringe a emitir pronunciamientos pidiendo a los poderes del Estado cuestionados por la movilización popular y carentes de legitimidad a que sigan gobernando arbitrariamente contra la voluntad de la mayoría explotada.

La estabilidad del régimen represivo “de los 30 años” depende completamente del bloque PS, PC, FA. Pero este bloque no hubiese triunfado si independientes integrantes de la Lista del Pueblo y Vocería de los Pueblos no se hubieran sumado con sus votos.

Cientos de luchadorxs seguirán tras las rejas

Esto plantea una crisis en el bloque de la “vocería de los pueblos”. Tratándose de una declaración redactada por el PS-FA-PC no llama la atención que se adapte completamente al pacto del 15 de noviembre, que habilitó este proceso constitucional con la funcionalidad política de darle continuidad al actual régimen. Son coherentes a su política tributaria del régimen de los 30 años.

La declaración aprobada ni siquiera plantea la libertad de todos los presos políticos, sino que se posiciona en favor de una salida limitada, ya que por los alcances del proyecto de indulto general quedarían fuera quienes han sido criminalizados con anterioridad al estallido, principalmente (pero no exclusivamente) lxs hermanxs mapuches.
Pero, en el caso de los convencionales integrantes de la “vocería de los pueblos” (y otros que se reclaman independientes), es un paso atrás frente a la declaración pública con la que se presentan como bloque. Vuelven sobre sus pasos para cerrar filas con la “izquierda” colaboracionista integrante del régimen de los 30 años. Entre la primera declaración de este espacio y la declaración que terminaron votando hay un abismo político.

Solo la propuesta de la convencional María Rivera (Movimiento Internacional de Trabajadores -MIT-, integrante de la LIT-CI) planteaba intimar a los poderes estatales a la libertad de todxs lxs presxs y en caso de oposición de éstos o no pronunciamiento, declarar su libertad directamente desde la Convención, convocando al pueblo a movilizarse en defensa de esta resolución. Pero nadie la acompañó.

La burguesía está “controlando” la Constituyente pese a que la derecha no posee los escaños siquiera para vetar nada y lo hace a partir del bloque centroizquierdista del PS, PC, FA, que obtiene su mayoría de la migración de los independientes hacia ellos.

Plan de lucha para conquistar la libertad de nuestrxs compañerxs

La batalla política para conquistar la libertad de las y los presos políticos y, en definitiva, todos nuestros derechos, se dará en el terreno de la acción directa, en un paro general y en las calles.

La declaración aprobada por la Constituyente no cierra la lucha por la libertad de nuestrxs compañerxs. El llamado a que el parlamento y el presidente Sebastián Piñera den una solución al reclamo es una vía para que el movimiento salga de las calles. La frustración en la Constituyente puede terminar provocando un desinfle en el espíritu beligerante del pueblo que estalló con la rebelión popular y que aún permanece latente. De todos modos, en caso que no fuera suficiente, hay un reaseguro. Este operativo de contención orquestado con el “acuerdo de paz” del 18 de noviembre tiene ahora un segundo acto con las elecciones presidenciales y legislativas. Así como inicialmente se esgrimió como argumento que había que esperar la Constituyente, ahora se procura concentrar la atención en que la salida de los reclamos y aspiraciones populares que la Constituyente no pude resolver vendrá de la mano del nuevo titular del Ejecutivo y una renovación parlamentaria y por esa vía tirar la pelota para adelante. El recurso electoral, como lo comprobamos en otras experiencias en el escenario latinoamericano, es una carta fundamental a la que apela la burguesía en momentos en que irrumpen severas crisis políticas y levantamientos populares, procurando desactivar esta bomba de tiempo.

Si la movilización obrera y popular se desarrolla y crece, es probable que el régimen decida “tirar lastre” y marchar a algún tipo de “concesión” en este terreno. Hay familiares de detenidos que han visto como “positiva” la declaración que reclama la libertad de los presos. Otros que la critican y hasta protagonizan la toma del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y las acciones que de allí surgen para potenciar su reclamo de libertad ya. La presión sobre la Constituyente, reclamando que asuma la soberanía y libere a los presos debe continuar y acrecentarse.

Pero la movilización popular es clave para terminar con la violencia estatal que no cesa, que se sigue cobrando víctimas, de lo que da cuenta la ejecución del weichafe mapuche Pablo Marchant por parte de Carabineros.
Para ello es necesario articular en forma independiente del Estado y de los partidos del orden burgués y represivo, entre las organizaciones, asambleas, y coordinadoras y partidos o movimientos de izquierda que se reclaman de esta lucha contra la impunidad y la represión por parte del Estado; para poner en pie un plan de lucha que conquiste la libertad de lxs presxs políticxs, así como verdad, justicia y reparación para las víctimas. En esa dirección cabe destacar el rol de nucleamiento que está jugando la toma del INDH por parte de la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, entre otras organizaciones, que en la última semana se ha convertido en un espacio de deliberación y organización del movimiento popular y de lucha.

La intervención protagónica de los trabajadores no solo por la libertad de los presos políticos sino por sus demandas (nacionalización de las AFP, etc.), de los estudiantes (derogación de la educación privada, educación laica, estatal y gratuita, etc.) es fundamental. En el movimiento obrero hay que reclamar que la central obrera (CUT) y los sindicatos rompan con la parálisis y pasen a un plan de lucha nacional para imponer estos reclamos.

A organizar el plan de lucha para conquistar la libertad de lxs presxs por luchar; por verdad y justicia para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos; por la desmilitarización del Wallmapu; para terminar con el Estado terrorista y su régimen de impunidad; por todos nuestros derechos. Fuera Piñera. Asamblea soberana y con poder para dar respuesta inmediata a las demandas de las familias trabajadoras y no al servicio de los intereses de este sistema de hambre, opresión y terror.

https://prensaobrera.com/aniversarios/cincuenta-anos-de-la-nacionalizacion-del-cobre-en-chile/