El gobierno de Xi Jinping dio a conocer regulaciones para erradicar “prácticas monopólicas” en la industria de Internet, buscando reducir la creciente influencia de corporaciones como Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. El gigante asiático ya venía intensificando los controles sobre las empresas, pero el dato nuevo es que el blanco han pasado a ser las tecnológicas, que hasta el momento estaban relativamente excluidas de la fiscalización estatal. A las autoridades les preocupa que las empresas se hayan vuelto “demasiado poderosas”, según la lectura coincidente de diversos analistas internacionales. Solo Alibaba, Ant y Tencent tenían una capitalización de mercado combinada de casi US$2 billones, superando fácilmente a gigantes estatales como Bank of China Ltd. como las empresas más valiosas del país.

Las nuevas normas antimonopolio, que provocaron la caída de las acciones tecnológicas y originaron una venta masiva en las acciones chinas, llegan aproximadamente una semana después de las nuevas restricciones en el sector financiero. Los nuevos anuncios coincidieron con la repentina suspensión de la oferta pública inicial de Ant Group Co, que tenía previsto comenzar su ingreso a las bolsas extranjeras. Ya hay estimaciones que señalan que la valoración de US$280.000 millones de Ant podría reducirse a la mitad debido a regulaciones más estrictas. Ant, concentrada en el negocio de los micropréstamos, al igual que Alibaba (una suerte de Amazon china), fueron cofundadas por el multimillonario Jack Ma, el empresario más importante de China.

La normativa antimonopolios apuntaría a frenar, según la propaganda oficial, el comportamiento anticompetitivo, como la colusión para compartir datos confidenciales de los consumidores, las alianzas que tienden a desplazar del mercado a los rivales más pequeños y los servicios de subsidio por debajo del costo para eliminar a los competidores. Las sanciones son muy severas pues los infractores pueden verse obligados a desinvertir activos, propiedad intelectual o tecnologías y abrir su infraestructura.

Pero la nueva regulación va más lejos, pues ataca los crecientes vínculos que se venían tejiendo entre las empresas chinas y el capital extranjero, en muchos casos burlando la legislación vigente. La normativa que se acaba de conocer apunta a restringir sensiblemente el uso por parte de las empresas chinas de la denominada “Entidad de Interés Variable” (EIV), un vehículo a través del cual prácticamente todas las principales empresas chinas de Internet atraen inversiones extranjeras y cotizan en el extranjero, que a partir de ahora deberán pasar por filtros más estrictos de las autoridades chinas.

“Una preocupación es que la incertidumbre en torno a las nuevas reglas enfriará la inversión, las adquisiciones y el financiamiento de capital de riesgo” (The Economist, 28/11). La estructura de EIV ha sido tolerada por mucho tiempo por las autoridades chinas pero sin pleno reconocimiento legal. Los extranjeros no tienen virtualmente ningún recurso en China para reclamar derechos sobre activos en los que han invertido. Los fondos extranjeros desconfían desde hace mucho de este marco, pero la mayoría de las compañías tecnológicas chinas aún lo usan para estructurar sus inversiones extranjeras.

Una relación conflictiva

La relación de Xi Jinping con la ascendente burguesía china siempre ha sido problemática. Si bien Xi Jinping trató de poner paños fríos y desmentir que el Estado hubiese declarado una guerra a los empresarios, lo cierto es que las tensiones han ido en aumento.

El PC chino ha buscado tener una intervención más activa en las decisiones de negocios. Un antecedente, en 2019, en lo que fue interpretado como un volantazo de la élite dirigente china, fue la decisión de colocar comisarios y células del partido en los principales conglomerados económicos.

Mas allá de la lectura que hacen diversos comentaristas sobre el alcance de la medida, hay una visión compartida de que estaríamos en un “punto de inflexión”. Los nuevos anuncios podrían estar indicando el pasaje de una política light de multas a otra más severa de intervención estatal y hasta disolución de grupos económicos y el traspaso de su patrimonio al Estado. Recordemos el antecedente de que la injerencia gubernamental ha llegado al extremo de apelar a la persecución directa y al encarcelamiento y hasta la desaparición de prominentes hombres de negocios de la floreciente burguesía china. Wu Xiaohui, el presidente de Anbang, que compró el Waldorf, entre otros activos, recibió una condena a 18 años de prisión en 2018 por crímenes financieros. Ye Jianming, que intentó comprar una participación en la petrolera rusa Rosneft, fue detenido a comienzos de 2018. Aún se desconoce el paradero de Xiao Jianhua, un broker al servicio de la élite política china que en un tiempo controló el banco Baoshang.

La coacción estatal se verifica en el abrupto final que se le ha dado al florecimiento explosivo de las inversiones y adquisiciones que venían haciendo empresas chinas privadas en el extranjero. De los 250.000 millones a las que habían ascendido en 2016, se pasó apenas a un quinto en 2019. Bajo presión del gobierno, grupos privados han desinvertido en activos por valor de miles de millones de dólares.

Los nuevos anuncios empalman con un nuevo impulso a la injerencia partidaria en el mundo empresario, reclamándole a firmas que lancen comités partidarios, que pueden opinar respecto de si una decisión corporativa estaba alineada con la política gubernamental. Hasta el momento, el número de empresas privadas que admitían la presencia del partido era baja comparada con la proporción mayoritaria de firmas de propiedad estatal.

En septiembre de este año Xi reclamó que el sector privado se “una en torno del partido”. La Federación de Industria y Comercio, una organización poderosa controlada por el Partido Comunista, pidió que grupos privados establezcan departamentos de recursos humanos conducidos por el partido y unidades de control que permitan al PC auditar a los jefes de compañía. Este “pedido”, en los hechos, representa una instrucción compulsiva.

El panorama aquí descripto corrobora que la burguesía todavía no ha logrado consolidarse como clase dirigente. Sigue oficiando de segundo violín en un escenario en que el Estado chino sigue concentrando las principales decisiones del país. Este hecho da cuenta, como venimos sosteniendo desde las páginas de Prensa Obrera y en los análisis que el Partido Obrero viene realizando, del carácter inconcluso de la restauración capitalista.

El capital internacional tuvo inicialmente al Estado chino un aliado para integrar al gigante asiático al proceso mundial de acumulación capitalista; lo mismo puede decirse de la burguesía nativa china que creció a la sombra y bajo la protección del la elite dirigente del PCCh. Pero con el tiempo se ha ido transformando en un escollo para ambos sectores.

Reformas empantanadas

El imperialismo, por un lado, y la burguesía nacional, por el otro, cuyas aspiraciones, intereses y apetitos no son siempre coincidentes -y resultan en muchos casos antagónicos-, vienen pugnando por llevar a la práctica las reformas que pongan fin a las regulaciones y proteccionismo estatal aún vigente y, por esa vía, acelerar la restauración capitalista. Uno de los aspectos es afianzar la seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad que está sometido en muchos caos a la discrecionalidad del gobierno chino.

“El dinamismo (económico) convive aún con los tentáculos de un Partido Comunista que lo abarca casi todo. China tiene unas 150.000 empresas estatales. Es una cantidad ínfima en comparación con el total de compañías que existen en el país, pero su poder es abrumador. Actúan en un régimen de casi monopolio en industrias clave, de las telecomunicaciones a la energía, y pese a ser menos eficientes y productivas nadie puede competir contra ellas por la protección del Partido” (El País, 8/1).

El sector financiero, también en manos del Estado, “reparte el crédito de forma desproporcionadamente favorable a estos grupos estatales. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran con enormes dificultades para financiarse, lo que las ha llevado durante años a pedir prestado a la llamada banca en la sombra, intermediarios que no están sujetos a prácticamente ninguna regulación” (ídem). Las autoridades, temerosas de un colapso generalizado de este sistema informal, iniciaron una agresiva campaña hace dos años para terminar con el sector, algo que ha puesto en serios aprietos a muchas compañías porque no pueden financiarse y profundizado su visión de que el gobierno las discrimina.

Sobre el sistema financiero chino, el Banco Mundial decía lo siguiente en un informe del año 2015: “en todo el mundo, el Estado es importante para los sistemas financieros como promotor estratégico, propietario y regulador. Sin embargo, estos roles están mal alineados en China, especialmente el de promotor: en lugar de promover las bases para un desarrollo financiero sólido, el Estado ha interferido de manera extensa y directa en la asignación de recursos a través de controles administrativos y de precios, garantías, pautas al crédito, políticas regulatorias y propiedad ubicua de las instituciones financieras. Este nivel de intervención no encuentra comparación con ninguna de las economías de mercado modernas”. Nada ha cambiado desde que se escribieron estas líneas (ídem).

Otro de los puntos en los que apenas ha habido avances en el último lustro es en la apertura al capital foráneo de sectores protegidos. China ha flexibilizado sus restricciones en el sector bancario y en el del automóvil, pero los empresarios consideran que estos cambios saben a poco y llegan tarde. “Son reformas marginales y en áreas en las que el país ya ha alcanzado una posición dominante, con lo que su apertura no tiene un impacto en la industria. La estrategia parece basarse en retrasar el acceso al mercado hasta que las compañías locales sean tan fuertes que las extranjeras no puedan competir contra ellas. Las autoridades son muy selectivas sobre qué sectores abren y cuándo”, afirma Tim Stratford, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China (ídem).

Perspectivas

A las crecientes tensiones en el gigante asiático aquí señaladas no se las puede desligar del desarrollo de la bancarrota capitalista. Antes de estallar el coronavirus, China ya venía sufriendo una brusca desaceleración y un desempleo creciente en medio de una amenaza de quiebras, que el régimen chino no estaba en condiciones de evitar. Este panorama amenaza echar leña al fuego al descontento que ya viene abriéndose paso a través de un crecimiento de la conflictividad laboral. China no está en condiciones de oficiar de locomotora de la economía mundial, como ocurrió cuando estalló la crisis financiera de 2008. Esto ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre adaptarse a las exigencias de una mayor apertura económica, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. La capacidad de arbitraje de Xi Jinping va ser puesta a prueba. Ingresamos en una nueva etapa convulsiva de la historia china, cuyo desenlace estará signado, como ya ocurrió en el pasado, por la lucha de clases nacional e internacional. En primer lugar, con la aparición en escena y la irrupción en la crisis del proletariado y los explotados chinos.