A la caída del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, escriba del proyecto de reforma tributaria que disparó la rebelión popular, le ha seguido ahora la caída de la ministra de relaciones Exteriores Claudia Blum. La ahora ex ministra Blum ha sentido el asedio de la opinión pública internacional, que ha condenado la represión criminal que el gobierno de Iván Duque ejecuta contra el pueblo colombiano.

Aunque la renuncia de la ministra se hizo pública el viernes 14, había sido presentada según diversos medios varios días antes, luego de que se transformara en un escándalo internacional la emboscada perpetrada por las bandas paramilitares y las fuerzas represivas contra la guardia indígena en Cali. Aquella emboscada del domingo 9 por la tarde tuvo como saldo 14 campesinos heridos con balas de plomo. La represión, a poco más de dos semanas de desatada la rebelión popular, ya se ha cobrado la vida de más de 40 manifestantes, a lo que hay que sumarle los centenares de heridos y un número desconocido de desaparecidos. El viernes 14, organizaciones de derechos humanos de la localidad de Popayán denunciaron el suicidio de una joven de 17 años, luego de ser detenida en las inmediaciones de una manifestación y violada por miembros de la policía. A raíz de este hecho, se produjo un estallido de furia en Popayán, con movilizaciones a las comisarias en repudio a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en enfrentamientos y una brutal represión que nuevamente se cobró la vida de un joven. Voceros de la oposición han salido a pedir por la cabeza del director del Esmad y de la policía nacional.

La rebelión ha puesto en jaque también al proyecto de ley de reforma de la salud privatista, otros de los reclamos centrales de las masas movilizadas. La presión popular es lo que ha empujado a los parlamentarios de los partidos Conservador, “de la U” y Liberal, a retirar su apoyo al proyecto, luego de haberlo acompañado originalmente. Solo el gobierno y el partido Cambio Radical, la fuerza a la que pertenece el ministro de Salud Fernando Ruiz, sostiene el proyecto de reforma sanitaria. Pero Ruiz, además de encontrarse cuestionado por el pueblo que rechaza la reforma, ha sido regañado por el presidente de su propio partido, que le pidió la renuncia. Una eventual salida del ministro de salud, en momentos donde la crisis epidemiológica ha dejado a Colombia con la ocupación de camas UTI al 100%, significaría un nuevo salto en la crisis política que afronta el gobierno de Duque.

El “diálogo”

La estrategia política adoptada por el gobierno tiene dos aristas fundamentales. Por un lado profundiza la represión, apoyándose incluso en las bandas paramilitares, con el objetivo de generar un clima de terror y disuadir la movilización popular, lo que por el momento ha fracasado. Por el otro impulsa el “diálogo”, tanto con la oposición como con el Comité Nacional de Paro, con el objetivo de mostrarse como un gobierno ‘sensible’ a las demandas populares.

Duque apunta especialmente a persuadir a la juventud, la gran protagonista de la rebelión, a través de concesiones parciales. El lunes pasado anunció la gratuidad de las matrículas de la educación superior durante el segundo semestre de 2021, para los estudiantes de los primeros tres años. En una reunión que mantuvo el jueves con los funcionarios de las 16 subregiones y los 170 municipios que integran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), anunció el impulso de “nuevos proyectos con mano de obra local y mano de obra joven”. Naturalmente, no perdió la oportunidad de condenar, junto a los gobernadores y los alcaldes, “los bloqueos” de rutas que levanta el pueblo colombiano y “todas las formas de violencia”, equiparando la resistencia popular con la represión criminal que el propio gobierno impulsa.

Una parte de la oposición, la Coalición de la Esperanza, se ha sumado al “dialogo” impulsado por el gobierno. Antes, una de sus principales referentes, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, rechazó las “protestas violentas”, pidió la militarización de Bogotá e incluso habilitó que las instalaciones del Colegio Claretiano en Bosa sean utilizadas por los helicópteros de la Policía. Aunque el llamado Pacto Histórico no se ha sumado al “diálogo”, su principal referente, Gustavo Petro, ha dejado en claro en un artículo de opinión firmado por él, que su fuerza “no está con la consigna de derribar a Duque” y que “Duque debe terminar su mandato” (Cuarto de Hora 9/5). Es decir que -en contraste con el clamor de las masas colombianas, que reclaman que Duque se vaya ahora- Petro busca que el descontento se canalice a través de las elecciones presidenciales de 2022.

Por su parte, el Comité Nacional de Paro (CNP) acudió a la convocatoria al diálogo de Duque con un pliego. Esto, a pesar de que la rebelión popular colombiana trasciende al CNP, que no es reconocido como un interlocutor válido y legítimo por parte de las masas en lucha. Sucede que la dirección del CNP le cerró la participación a una enorme masa de organizaciones y ha quedado prácticamente reducido a las tres centrales obreras. Por su subordinación política a la oposición patronal, el CNP rechaza luchar por la caída de Duque y por ende se resiste a profundizar la rebelión. Es por eso que en vez de impulsar un congreso de trabajadores, para transformar el paro en una verdadera huelga general, solo se limita a impulsar convocatorias a movilizaciones aisladas. El paro del 28 de abril solo ha continuado como consecuencia de la presión que generó el estallido de la rebelión popular. El gobierno de Duque debe negociar con una dirección que no es reconocida por las masas en lucha y a la cual ni siquiera puede garantizarle su pliego mínimo de reivindicaciones, ya que va en la dirección opuesta a su plan de austeridad, diseñado por el FMI y los acreedores externos.

El laboratorio de Cali

De la mano de la rebelión ha surgido un extensísimo proceso de organización, con el nacimiento de asambleas populares y una “primera línea” que le hace frente a la represión, como se ve en el Portal de las Américas de Bogotá. Sin embargo, es en la ciudad de Cali, la tercera más importante del país, y más en general en todo el Valle del Cauca, donde se procesa la experiencia más avanzada de la rebelión colombiana.

Según el periodista caleño Luis Alfonso Mena, en Cali existen puntos de movilización y resistencia en Sameco, en Puerto Resistencia, en Terrón Colorado, Loma de la Cruz, entre otros. Los camioneros se sumaron a los piquetes en Cali, permitiendo únicamente el pase de alimentos y medicamentos. La llegada de la Guardia Indígena y la Minga el 2 de mayo, con más de 5 mil indígenas, terminó de transformar a Cali en el epicentro de la rebelión. Hacia el norte del Valle, se encuentra paralizado el Puerto Buenaventura, el principal puerto del país de acceso al pacífico. En el municipio de Yumbo, denominada la capital industrial del Valle del Cauca, al norte de Cali, se encuentra jugando un importante papel el Sintramunicipio, un histórico sindicato combativo que ha logrado parar la producción industrial, algo que no se veía desde el paro 1977. El 6 de mayo, una reunión de representantes electos de los 15 puntos de resistencia y de numerosas organizaciones, realizada en la Universidad del Valle del Cauca, emitió un comunicado que alertó sobre el rol desmovilizador de las mesas sectoriales convocadas por Duque, cuestionó la representación del CNP y convocó a impulsar asambleas populares y a que se centralicen en un espacio único de coordinación.

El 10 de mayo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, decretó el cierre total del departamento, con el objetivo de aislar la lucha en Cali y que solo tengan paso las fuerzas armadas. Un “diálogo” montado por el gobierno nacional y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con los sectores en lucha, terminó siendo levantado en el medio de un escándalo. Es que mientras se ficcionaba un “diálogo”, en Buga, otra localidad cercana a Cali que también pertenece al Valle del Cauca, la policía desenvolvía una represión brutal con el objetivo de levantar un bloqueo de ruta.

En Cali y en toda Colombia, está presente la tendencia a la puesta en pie de asambleas populares y a su coordinación. Numerosas organizaciones combativas y de izquierda, levantan la consigna “Fuera Duque” y junto con ello plantean el impulso de un Encuentro Nacional de emergencia o una Asamblea Popular Nacional. Su concreción significaría un paso adelante fundamental, para centralizar el movimiento de lucha, elaborar un programa económico y político de los obreros, los campesinos, los indígenas y estudiantes, e impulsar la huelga general hasta que caiga Duque.

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