A menos de un año de su victoria electoral, el gobierno de Gustavo Petro atraviesa su momento político más difícil: la derecha alienta manifestaciones en su contra, le estalló un conflicto interno que lo obligó a deshacerse de dos de sus colaboradores más importantes, y un paquete de reformas clave para el futuro de su administración -salud, laboral y jubilatoria- se encuentra bloqueado en el parlamento.

En cuanto a las protestas, fueron organizadas la semana pasada por el uribismo contra algunos proyectos del oficialismo y en ellas se escuchó la consigna Fuera Petro. Mientras tanto, ese mismo espacio político se vale de algunas de sus posiciones en el aparato estatal para debilitar al mandatario. La procuradora general Margarita Cabello, ministra de justicia durante la gestión de Iván Duque, lleva a cabo varios procesos contra legisladores del Pacto Histórico, entre ellos el del senador Iván Flores, quien fue separado de la cámara por ocho meses tras acusar de corruptos y asesinos a policías de Cartagena. El gobierno señala también la animosidad del fiscal general Francisco Barbosa, designado por Duque, y del Consejo de Estado. Denuncia un golpe blando en marcha que, tratándose del uribismo, conviene tomar con seriedad.

Además de organizar los mítines, la derecha está sacando rédito político del caso de espionaje ilegal contra una niñera que llevó al reciente desplazamiento de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Un escándalo con filtraciones a los medios y fuertes pases de factura al interior del oficialismo.

Bloqueos

Recordemos que, una vez en el poder, el dirigente del Pacto Histórico había anudado un acuerdo de gobierno con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, tres formaciones tradicionales de la política colombiana, con el propósito de alcanzar una mayoría parlamentaria y dar una señal de moderación ante la clase dominante. En esa misma línea, designó como ministro de Hacienda a José Ocampo, un economista de centroizquierda respetado por el gran capital. Petro se reunió incluso con el expresidente Alvaro Uribe como parte del mismo planteo conciliador.

En su luna de miel, por así llamarla, Petro logró la aprobación de una reforma tributaria que sube los impuestos a las petroleras y mineras, y normalizó relaciones con Venezuela. Pero enseguida se topó con la resistencia del uribismo y el resto de los partidos tradicionales ante otros proyectos que había prometido en la campaña electoral.

Respecto a la reforma laboral, que pone límites a la tercerización y los contratos por tiempo fijo, cambia el horario de nocturnidad y aumenta el pago de domingos y días festivos, una comisión de la Cámara de Representantes acaba de fulminarla, por lo que el gobierno sopesa si la reimpulsa en sesiones extraordinarias o vuelve a la carga en el próximo período legislativo, que empieza en julio. Es interesante observar que la reforma no prosperó siquiera en una versión más devaluada que había formulado el oficialismo.

La reforma sanitaria, que podría eliminar las Entidades Promotoras de la Salud (EPS), intermediarias privadas entre los usuarios y las clínicas y hospitales, pasó la votación en comisión en Representantes pero luego se estancó. El jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, es uno de los principales enemigos de la misma.

La reforma jubilatoria fue aprobada por una comisión del Senado, pero encuentra dificultades para avanzar en las votaciones que le quedan en el pleno de esa cámara y en Representantes. El corazón de esta iniciativa consiste en que Colpensiones -organismo estatal- asegure una pensión de 50 dólares para 2,5 millones de personas que no reciben ingresos jubilatorios. Las aseguradoras privadas seguirían existiendo, pero el organismo público concentraría un porcentaje de aportes mayor que en la actualidad para financiar la medida. Como la informalidad laboral asciende al 58 por ciento, la mayoría de los colombianos está en riesgo de no poder acceder a una pensión. El gobierno de Petro busca poner un parche ante esta situación dramática: 50 dólares es apenas un cuarto del salario mínimo.

Petro impulsa estos proyectos (de características fuertemente limitadas)  porque es consciente de que Colombia viene de una rebelión popular, y si no hay algún cambio, sobrevendrá una gran frustración con su gobierno. Las encuestas indican que su aprobación ya ha empezado a caer. Es que los meses pasan sin que se produzcan las transformaciones prometidas. Ni siquiera ha sido juzgado el aparato represivo que mató a más de un centenar de manifestantes.

Conciliación

El bloqueo parlamentario de la derecha puso a Petro ante el riesgo de un impasse, por lo que buscó aires con una reformulación del gabinete. Desplazó hace poco más de un mes a los conservadores y a La U, aunque no a los liberales. Incorporó gente de fuerzas más afines, como la Alianza Verde. En Hacienda asumió Ricardo Bonilla, que lo acompañó mientras estuvo al frente de la alcaldía de Bogotá, quien comparte con su predecesor en el cargo, no obstante, el respeto a la regla fiscal y el statu quo.

Petro también promovió dos movilizaciones de las centrales sindicales para darle aliento a su paquete de reformas. En el acto del 1 de mayo, en medio de críticas a los grupos empresarios, advirtió que “querer coartar las reformas puede llevar a la revolución”  (El País, 1/5) . Pero su intención no es abrir un curso revolucionario sino llegar a un acuerdo de convivencia con la derecha.

En la cuestión clave de la tierra se ve muy nítidamente esta orientación. Petro insistió en que no expropiará y que pagará la tierra para la reforma agraria. Y todo esto, cuando él mismo admite que así solo ha conseguido 17 mil hectáreas de las 3 millones que necesita (ídem).

En pocas palabras, mientras Petro se mueve tímidamente, la burguesía se sienta sobre sus privilegios y la derecha no deja pasar ninguna oportunidad para reposicionarse.

La transformación social de fondo que Colombia necesita plantea como una cuestión decisiva la organización y movilización de las masas obreras y campesinas, con independencia total de la burguesía y sus partidos.

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