La criminal represión y los sucesivos recules del gobierno de Iván Duque –primero modificando el proyecto de reforma tributaria, luego directamente retirándolo y finalmente despidiendo al autor del mismo, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla– fracasaron en desactivar el paro general y la rebelión popular que se desarrolla en Colombia. Los camioneros junto a diversos sectores se mantienen bloqueando las carreteras, lo que está empezando a generar desabastecimiento en distintas ciudades. Los paros, los piquetes, las movilizaciones y los combates contra las fuerzas represivas, se suceden día tras día, son de masas y tienen un alcance nacional. Dando una magistral clase de dialéctica, a través de un cántico, el pueblo colombiano ha popularizado la consigna “a parar para avanzar, viva el paro nacional”.

Abajo Duque

Las masas movilizadas han visto en el recule de Duque, en primer lugar, el potencial que encierra el paro, la lucha y la movilización popular. Pero también han visto la oportunidad de voltear la reforma sanitaria privatizadora, que al día de hoy mantiene “mensaje de urgencia” en el Congreso Nacional, y de tirar abajo todo el “paquetazo de Duque”, es decir la reforma laboral y pensional que motivaron los grandes paros y movilizaciones de noviembre de 2019. La lucha contra la reforma sanitaria adquiere una importancia decisiva ante la situación de colapso en la que se encuentra el sistema de salud, como consecuencia del mal manejo de la crisis pandémica y el fracaso del plan de vacunación. La lucha contra el “paquetazo” aparece como otra cuestión clave en momentos donde el 42,5% de la población se encuentra en la pobreza y un 17% de los trabajadores desocupados. La juventud, la gran protagonista de la rebelión popular, encara esta lucha con el objetivo de terminar con la precariedad laboral y poner fin al arancelamiento en las universidades, que mantienen vedado el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior. El movimiento campesino e indígena reclama el acceso a la tierra, luego de que se incumpliera la limitadísima reforma agraria que se estableció en los Acuerdos de Paz de 2016.

A su vez, las masas quieren terminar con un Estado policial profundamente represivo. En Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares son responsables del asesinato de centenares de dirigentes sociales año tras año. En el marco de las actuales jornadas de protesta las fuerzas represivas del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) han asesinado a 24 manifestantes (solo si tomamos como fehacientes los registros de la Defensoría del Pueblo) y han detenido y herido, en algunos casos gravemente, a centenares de luchadores. Asimismo, existen denuncias de que hay más de 80 desaparecidos desde que se iniciaron las protestas. El gobierno ha sacado a los militares a patrullar las calles y amenaza con declarar el “estado de conmoción interior”, lo que habilitaría a las autoridades a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir las manifestaciones sociales, asumir el control de la radio y la televisión durante un periodo máximo de 90 días y realizar inspecciones a domicilios sin necesidad de una orden judicial previa.

Como consecuencia del rechazo de las masas a toda esta política ajustadora y represiva, la consigna “Abajo Duque” se ha instalado como una de las reivindicaciones centrales de la rebelión popular colombiana.

Crisis y maniobras

Habiendo fracasado el proyecto original de reforma tributaria, Duque pergeña un nuevo proyecto que le permita revertir el cuadro de quebranto estatal. Sucede que, para este año, se prevé un déficit fiscal del 8,6% del PBI. Obligado por la rebelión, el gobierno ha mermado sus aspiraciones iniciales, y busca ahora recaudar 14 billones pesos -en vez de los 23 billones que pretendía recaudar con el proyecto original. Pero el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dejó en claro que “el 80 por ciento del gasto público es inflexible a la baja, porque se refiere a la deuda pública, entre otros temas” (El Tiempo, 5/5). De esta manera, el gobierno pretende darle una señal de confianza a los sectores del capital financiero que especulan con la deuda pública colombiana, luego de que el martes se produjera una corrida cambiaria que motivó una fuerte devaluación del peso. En el presupuesto 2021, el gobierno estipuló pagos equivalentes a los 70 billones de pesos en materia de deuda pública, de los cuales 23 billones son para el pago de deuda externa.

 

Mientras refuerza la represión e incluso criminaliza a los sectores más combativos del movimiento de masas, el gobierno de Duque ha convocado a la oposición política, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y estudiantiles a un “diálogo nacional”, con el objetivo de desactivar la rebelión popular. La oposición, por su parte, tanto la encabezada por Gustavo Petro como la Coalición Esperanza, aboga por una salida en los marcos del régimen. Y aunque es cierto que rechazó el proyecto de reforma tributaria de Duque y repudió la represión, también lo es que rechaza de plano el planteo de tirar abajo al gobierno Duque y sus cómplices. El objetivo principal de esta oposición pasa por capitalizar políticamente el descontento popular en el terreno institucional, a través de las elecciones presidenciales de mayo de 2022.

Política revolucionaria

En oposición al planteo que levanta el Comité Nacional de Paro, que al igual que los bloques políticos opositores rechaza levantar la consigna “Fuera Duque”, es necesario profundizar la rebelión hasta que caiga el gobierno y todo el régimen. Esto, empoderaría aún más a los trabajadores colombianos y abriría un nuevo escenario político en el país y en el continente. La clave pasa por profundizar el paro por tiempo indeterminado, transformándolo en una verdadera huelga general que logre paralizar el conjunto de la actividad productiva. Un congreso de trabajadores, estudiantes y campesinos, podría funcionar como un factor de centralización de la lucha a escala nacional, elaborar un programa obrero y popular de salida a la crisis y, de ese modo, proyectarse como alternativa política de poder.

La rebelión popular en Colombia, y ni hablar de una eventual caída del gobierno de Duque, no solo le asesta un fuerte golpe a la derecha latinoamericana. También pone en aprietos a los gobiernos del Grupo de Puebla, que están ejecutando ajustes de las mismas características en los países donde gobiernan (Argentina y México tienen índices de pobreza y desocupación similares a los de Colombia). Es lo que explica que los “nacionales y populares” Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador no hayan abierto la boca sobre los brutales crímenes que Duque ejecuta contra el pueblo colombiano.

Pero por sobre todas las cosas, el desarrollo de la rebelión popular colombiana representa un golpe brutal al imperialismo norteamericano. Sucede que Colombia es, desde hace décadas, el principal enclave del imperialismo yanqui en América Latina. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas y colombianas vienen realizando ejercicios conjuntos en el país sudamericano y más de 800 soldados norteamericanos se desplegaron, en junio pasado, por territorio colombiano. A todo esto, se le suman las siete bases militares que los yanquis aún tienen instaladas en Colombia.

La rebelión popular colombiana debe inspirar al conjunto de los pueblos latinoamericanos, que necesitan sacarse de encima a los gobiernos entreguistas y ajustadores para instaurar gobiernos de trabajadores.

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