Este lunes 30 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Coincidiendo con esta fecha, diferentes organizaciones de derechos humanos y populares de Colombia han lanzado una convocatoria destinada a visibilizar y condenar los terribles casos de terrorismo de Estado en su país.

Uno de los hechos más dramáticos es el de los “falsos positivos”, tal como los bautizó la prensa oficialista. Nos referimos a las ejecuciones extrajudiciales de civiles no combatientes, quienes eran engañados o secuestrados por militares, con el fin de hacerlos pasar por bajas de la guerrilla y, de este modo, legitimar socialmente la campaña de “seguridad democrática” del ex presidente Álvaro Uribe.

En este marco, entrevistamos a Ana y a Ximena, migrantes colombianas que han tomado en sus manos, junto a muchos otros, la organización y difusión de la actividad, que tendrá un capítulo local en la movilización del lunes a las 14 hs. en Buenos Aires, del Obelisco a Plaza de Mayo -donde se realizará una performance artística.

 

Durante la entrevista, relataron para Prensa Obrera la brutalidad del régimen colombiano y la impunidad de la que gozan tanto los represores como los representantes del poder político. De su denuncia, que recoge los testimonios presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz y del registro de organizaciones independientes, queda claro que se trata de un plan sistemático, ejecutado por el Estado, tanto para las desapariciones forzosas como para el posterior encubrimiento de los responsables.

Otro elemento que destacan es la dificultad con el registro de los casos. El número de víctimas que cobró mayor difusión, los 6.402 “falsos positivos”, es el primer emergente de un conteo provisorio. Las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado en Colombia. Los primeros casos se remontan a la década de los 80s, y continúan hasta la actualidad. El número 6.402 corresponde a los casos verificados por la Jurisdicción Especial para la Paz durante el periodo de 2002-2008, que concentra cerca del 75% de las denuncias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos apuntan -en base a sus propios registros y estimaciones de denuncias anónimas debido al temor ante las represalias- que, incluso en ese breve recorte, la cifra sería de 15 mil.

Desde estas páginas, el Partido Obrero suma su apoyo a la campaña por verdad, justicia, reparación y no repetición.