La detención policial del taxista Javier Ordoñez, quien falleció tras recibir varias descargas eléctricas con una pistola taser y ser golpeado por efectivos en las calles, desató una profunda conmoción en Colombia. Sus familiares denuncian que es un claro caso de torturas. Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, decenas de instalaciones policiales fueron incendiadas en todo el país por manifestantes. En el marco de la represión, hubo al menos 10 muertos y cientos de heridos. Varios testigos afirman que vieron a las fuerzas policiales disparar contra quienes participaron de las acciones de repudio. El gobierno desplegó efectivos del Ejército para colaborar con las tareas de represión.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió rápidamente a defender a las fuerzas represivas, señalando que el caso de Ordoñez es un hecho aislado. Sin embargo, en lo que va de 2020 se acumulan más de cien denuncias contra el accionar de los uniformados solo en Bogotá. Asimismo, está fresco en la memoria el caso de Dilan Cruz, el joven de 17 años que murió por un disparo en la cabeza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante la rebelión de 2019. Más recientemente, ha estallado un escándalo que compromete a efectivos del Ejército en la violación de niñas y mujeres indígenas.

El régimen colombiano es responsable también por la muerte cotidiana de activistas sociales (casi 100 en el primer semestre del año), perpetrados con total impunidad por los grupos paramilitares.

En las filas de la oposición, la alcaldesa centroizquierdista de Bogotá, Claudia López (Alianza Verde), declaró que “así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes”, equiparando la represión estatal con la resistencia que ésta engendra. Algunos legisladores de ese partido están planteando proyectos inocuos de reforma policial, que dejan intacto el aparato represivo.

Entrega y represión

El gobierno derechista de Iván Duque viene llevando a cabo una agenda reaccionaria contra las masas, en beneficio de los grandes grupos capitalistas. En el marco del estado de emergencia instituido con la excusa del Covid-19, decretó una reforma laboral que institucionaliza salarios por debajo del mínimo legal y habilita la contratación parcial y por horas. Asimismo, otro decreto permite vender empresas públicas. Los trabajadores de la petrolera estatal Ecopetrol denuncian que el gobierno quiere privatizar el área de distribución de combustibles. Otro punto en el que el gobierno intentó avanzar es en rebajar los aportes patronales, pero esto no prosperó por un choque con la Corte Suprema.

Mientras el gobierno favorece en forma directa a los grupos capitalistas (se le asignó un préstamo de 370 millones de dólares a Avianca), la situación social se deteriora cada día más. El desempleo ha trepado casi al 20% y se estima que la pandemia sumará 5 millones de personas a la pobreza, totalizando 19 millones en dicha condición (cerca del 40% de la población).

El estallido popular colombiano se inscribe en este contexto y retoma el proceso de lucha abierto en noviembre de 2019, que se resintió sobre todo a partir del comienzo de la pandemia. Este 7 de septiembre, se produjo una caravana nacional contra la reforma laboral, convocada por las centrales sindicales y organizaciones sociales. El 21 se desarrollaría un paro nacional. Las conducciones sindicales, sin embargo, son un lastre para el movimiento. Tras el histórico paro y la gigantesca movilización del 21 de noviembre pasado, uno de los dirigentes de la CGT había llamado a “volver a la normalidad”, tratando de limitar la continuidad de la lucha.

Los trabajadores de las APP’s, en tanto, se están organizando contra la precarización laboral y participaron de una asamblea virtual del 25 de agosto que discutió un paro internacional para el 8 de octubre.

Crisis política

Colombia se encuentra marcada también por la crisis política. El expresidente Alvaro Uribe, que pertenece al mismo partido político que el actual presidente (Centro Democrático), fue detenido a instancias de la Corte Suprema por sobornar testigos en el marco de una causa que investiga sus nexos con los grupos paramilitares. En respuesta al máximo tribunal, Duque amenazó con impulsar una reforma judicial. Viene chocando con los jueces, que han cuestionado algunos de los decretos dictados en el marco del estado de emergencia.

Algunos referentes del uribismo acusan al expresidente Juan Manuel Santos de estar detrás de la detención de Uribe, con quien rompió durante su gobierno para impulsar el proceso de negociaciones con las Farc. Santos niega las imputaciones en su contra, pero asegura que recibió mensajes “desde Washington” en los que el Partido Demócrata expresa su malestar por el apoyo del actual gobierno colombiano a la campaña reeleccionista de Trump (RCN Radio, 9/9). En tanto, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reclamó abiertamente la liberación de Uribe.

Tendríamos, así, a los principales referentes de la derecha colombiana reproduciendo en la arena local las divisiones del imperialismo yanqui. El alineamiento de Colombia con Estados Unidos es profundo: se acaban de desplegar 700 efectivos militares norteamericanos adicionales en el país. Colombia es una pieza clave de las operaciones golpistas contra Venezuela.

El contexto de crisis se completa con un recrudecimiento de las masacres practicadas por las bandas criminales para afianzar su dominación territorial. El regreso del uribismo al poder ha pavimentado este camino. Asimismo, el gobierno colombiano está retomando la política de fumigación aérea con glifosato de las plantaciones de coca, una declaración de guerra contra el campesinado. Los pueblos indígenas denuncian el intento del oficialismo de montar zonas de desarrollo empresarial en áreas baldías que deberían estar destinadas a ellos. Tenemos el escenario de un recrudecimiento de los conflictos sociales en el campo, potenciado por el naufragio del acuerdo de paz con las Farc: un sector volvió a las armas y el que aceptó reinsertarse es hostigado por los grupos paramilitares. En aquellas áreas que se ha desmovilizado la guerrilla, por otra parte, su lugar ha sido ocupado en muchos casos por estos grupos.

La lucha y la organización de la clase trabajadora y las masas campesinas es el camino para derrotar el terror paramilitar y las políticas de ajuste y privatización de Duque. Es necesario un congreso de bases y un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general.