En sesiones extraordinarias, el Congreso colombiano aprobó a fines de enero, a instancias del gobierno de Iván Duque, una ley de seguridad que constituye una respuesta represiva al levantamiento popular de 2021.

La medida, que modifica el Código Penal, endurece las penas por piquetes y cortes de calle cuando los manifestantes “empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten” (citado por El Espectador, 26/1). Al mismo tiempo, incrementa las penas por agresión a integrantes de las fuerzas de seguridad.

En tanto, crea la figura de “legítima defensa privilegiada”, que habilita el uso de la fuerza letal en caso de invasión de la “propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado” (ídem). El presidente Iván Duque sostuvo que con ello se busca llevar tranquilidad a “campesinos” y empresarios, “para que nadie pretenda a la fuerza arrebatarles la propiedad” (Infobae, 25/1). Es una medida dirigida, en rigor, contra los procesos de recuperación de terrenos de manos de los grandes latifundistas (los verdaderos apropiadores de tierras), que incentiva al mismo tiempo el paramilitarismo.

Numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que la nueva ley criminaliza la protesta social. Grupos del valle del Cauca se declararon en “desobediencia civil” en rechazo a la norma, según un comunicado del 8 de febrero.

La represión contra el levantamiento popular de 2021, que derrotó el proyecto de reforma tributaria del gobierno e instaló la consigna “Fuera Duque”, dejó decenas de muertos. Duque sigue fortaleciendo ese aparato represivo, para mantenerse en el poder y preservar los intereses de la clase dominante.

Esto ocurre mientras continúan los crímenes contra activistas sociales y exguerrilleros. Más de 300 firmantes de los acuerdos de paz Farc-gobierno han sido asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). A la vez, “comunidades enteras en reincorporación (han sido) desplazadas de sus antiguos asentamientos”, según un documento elaborado por exmiembros de las Farc (Contagio radio, 7/2).

En lo que va del año, una veintena de activistas sociales han sido asesinados, según el ya citado Indepaz. El último caso es el de Ovidio Alemeza, guardia indígena en el departamento del Cauca, zona donde operan militares, grupos paraestatales y grupos guerrilleros.

En Arauca, estado fronterizo con Venezuela, el gobierno ha acentuado el despliegue militar en las últimas semanas (hay un efectivo cada 27 habitantes, según denuncia la representante de Derechos Humanos del Oriente Colombiano, Francisca Aidé Castillo -ídem, 29/1), con el pretexto de los choques entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un sector disidente de las Farc que no se reinsertó. Pero el verdadero propósito es la custodia de las petroleras que operan en la región y el disciplinamiento de la población.

En tanto, a casi un mes de las elecciones, Amparo Tolosa, una candidata del Pacto Histórico, sufrió un atentado de ocho balazos en el coche en que se movilizaba, aunque el blindaje de su auto le permitió salvarse a ella y a su equipo de seguridad.

El aparato represivo y los grupos paraestatales a él ligado operan con la más completa impunidad en Colombia, al servicio de los grandes hacendados, petroleras y mineras que se apropian de las riquezas del país.

La ley de seguridad es un nuevo eslabón de esa política y de la criminalización de la protesta social.

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