El gobierno de José Mulino fletó esta semana un primer vuelo hacia Medellín con migrantes deportados, como parte de un acuerdo con la Casa Blanca para contener a los refugiados que cruzan la peligrosa selva del Darién (en la frontera entre Colombia y Panamá) con el propósito de acercarse a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas se comprometieron a financiar viajes aéreos por hasta 6 millones de dólares.

La obsecuencia del gobierno de Mulino es tal que la deportación de los 29 colombianos, que subieron al avión esposados, se hizo en presencia de funcionarios estadounidenses. Para mitigar el impacto del operativo, el gobierno panameño aseguró que todos los expulsados cuentan con antecedentes criminales. Pero sea esto cierto o no, el arreglo entre Mulino y Washington abarca a cualquier viajero que cruce irregularmente la frontera. “El memorándum acoge cualquier persona, no solo criminales”, explicó la agregada de seguridad interior de Estados Unidos en Centroamérica, Marlene Piñeiro (La Nación, 21/8).

El número de migrantes que se arriesgan a atravesar el Darién creció dramáticamente en los últimos años. En 2021, fueron 150.000, con una fuerte participación de haitianos y cubanos. En 2022, la cifra ascendió a 250.000, con un aporte mayoritario de venezolanos, y con muchos ecuatorianos. Para 2023, se duplicó a casi 500.000, y en lo que va de 2024 ya son más de 230 mil los viajantes (datos de El País, 20/8). La actual crisis venezolana, sumada al incremento del narcotráfico en Ecuador, podría disparar estos números ya asombrosos.

Si bien es la propia descomposición social en la región la que alienta esta diáspora, hay otros factores que también influyen en el desarrollo de esta ruta migratoria. Un informe de Human Rights Watch de 2023, titulado “Este infierno es mi única opción”, afirma que ciertas restricciones de movimiento hacia Centroamérica y México, aprobadas por distintos gobiernos sudamericanos, empujó a miles de personas a arriesgarse a hacer la travesía por el istmo, donde enfrentan no solo los peligros naturales propios de un territorio escarpado y selvático (uno de los ríos de la región, el Turquesa, fue rebautizado como “río de la muerte”, debido a los migrantes que perecen ahogados) sino de los grupos criminales que operan en la zona. El Clan del Golfo, organización narco con poder en la región colombiana del  Chocó, controla los caminos y lucra con la desesperación de los peregrinos.

Mulino, del partido Realizando Metas (RM), quien reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli como candidato presidencial en las elecciones de este año tras la inhabilitación del exmandatario por una condena por lavado de dinero,  prometió cerrar el paso de Darién en la campaña electoral. Su primera medida de gobierno fue suscribir el pacto migratorio con Joe Biden, que quiere mantener a raya la frontera sur estadounidense. Además, el presidente panameño ordenó cercar con alambre de púa algunos tramos de la selva.

El entendimiento entre los yanquis y Mulino (que, en el caso de los vuelos a Venezuela, no está operativo como fruto de la suspensión de relaciones entre Caracas y Panamá, y la propia crisis política en la nación petrolera) es, parafraseando a Roger Waters, un nuevo ladrillo en la pared. Se suma al pacto que Washington mantiene con México para taponar sus fronteras, y a las expulsiones en masa desde los propios Estados Unidos que, bajo la gestión de Biden, superarían incluso los guarismos abultados de la mismísima administración Trump. Con hasta 750 mil expulsiones en un año, serían los números más altos desde 2010 (La Nación, 5/6). La cooperación con estas políticas del imperialismo procede tanto de gobiernos derechistas  (Panamá) como “nacionales y populares” (México).

La unión de los trabajadores nativos y migrantes en una lucha común contra la burguesía y el imperialismo, en defensa del derecho de asilo y las condiciones de vida de la población trabajadora, es la alternativa a las políticas represivas, expulsivas, y en muchos casos xenófobas, de los gobiernos capitalistas.

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