Ha comenzado a trascender la forma que está tomando el curso devaluatorio e inflacionario que ha abierto el proceso de unificación monetaria en Cuba, así como su impacto sobre las condiciones de vida de las masas. La medida, impulsada por el tándem Miguel Díaz Canel-Raúl Castro, comenzará a regir a partir del 1° de enero. Hace perecer al peso convertible por dólar (CUC) para dejar en su lugar únicamente al peso cubano (CUP), con una tasa de cambio de 24 a 1 con la divisa estadounidense.

Ajustazo

La primera aproximación al tema concierne al aumento de precios en distintos tipos de medicamentos, entre ellos algunos de gran importancia y muy utilizados por los cubanos como la dipirona (analgésico), cuyo valor aumentará 13 veces, o la amoxicilina (antibiótico), que costará, multiplicación mediante, entre 18 y 33 pesos. El escenario que se viene configurando es turbulento en todos los planos, pues casi el 20 por ciento de la población de la isla supera los 60 años de edad, y la elevación de las pensiones que anunció el gobierno nacional no compensará de ninguna manera la subida de precios. Es justamente por esto que ya se ha desatado una “corrida” de ciertos sectores de la población hacia las farmacias en busca de medicamentos antes de que empiecen a regir los nuevos valores (Radio Televisión Martí, 22/12).

Lo mismo ocurrirá con los precios de los servicios de electricidad, gas licuado, Internet, transporte público y de los productos de la canasta básica que se entregan a través de la libreta de abastecimiento. Las tarifas del servicio eléctrico, por ejemplo, aumentarán hasta cinco veces: “clientes residenciales que pagaban 1.459 pesos cubanos (60 dólares) por 1.000 Kwh mensuales, ahora tendrán que pagar 7.267 pesos (302 dólares), el equivalente a 3,5 salarios mínimos“ (El Nuevo Herald, 18/12). El nuevo salario mínimo anunciado por el gobierno será de 2.100 pesos cubanos.

Esta onda ascendente de los precios cercenará también la posibilidad de obtener documentos legales como certificaciones de nacimiento, matrimonio, entre otros. Quienes deseen trabajar o estudiar en el extranjero, por ejemplo, deberán pagar hasta 260 pesos por la obtención de certificación para notas y títulos.

Ha encendido alarmas, asimismo, la instalación de un “corralito” para dólares en bancos cubanos.

Desde el punto de vista de la clase obrera, todo este fenómeno tendrá el agravante de que numerosas empresas extranjeras de las que operan en la isla pasarán a pagar los salarios en pesos cubanos. Esto supone, naturalmente, un beneficio adicional para el capital extranjero, pues desde ahora podrá afrontar el valor de la fuerza de trabajo atesorando una mayor cantidad de divisas. El aumento de salarios dado a conocer por el gobierno, por otro lado, no podrá contrarrestar la escalada inflacionaria y, además, el golpe será más duro si se combina con una posible oleada de despidos, fruto del escenario de quiebras que plantearía la eliminación del régimen especial mediante el cual las empresas públicas accedían a dólares para la importación a una paridad de 1 a 1. Estos ataques contra la clase, asimismo, han sido precedidos por una modificación del Código de Trabajo que dio lugar a despidos sin causa y a la flexibilización de la jornada laboral.

Restauración capitalista

La medida ha surgido como una reacción a la necesidad de obtener divisas en el marco de un descalabro generalizado de la economía del país caribeño, que se encuentra atrapada en un laberinto de contradicciones emergidas desde el aislamiento, el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y los espasmódicos coletazos de una bancarrota capitalista mundial, que, agudizada por la pandemia, produjeron el derrumbe de la actividad turística. Desde la clique burocrática se estima una caída del PBI que llegaría al 11%, la mayor debacle desde la crisis que produjera la caída de la Unión Soviética en los años noventa.

En este marco, la burocracia cubana profundiza, a través de estas reformas, su orientación restauracionista, cuyo sendero ya venía siendo recorrido por ella luego de haber otorgado personalidad jurídica a las pequeñas y medianas empresas privadas, o eliminando el requisito de participación mayoritaria del Estado en empresas mixtas (a excepción de aquellas que operan en la extracción de recursos naturales o que brindan servicios públicos). La mayor apertura económica y el progreso de la restauración del capital desenvuelta en este período vuelven más vulnerable a la economía cubana a los sacudones de la crisis mundial.

El imperialismo norteamericano, por su parte, ha metido la cola una vez más en el tablero político cubano, imponiendo nuevas sanciones contra varias empresas nacionales dedicadas al turismo. Entre ellas se encuentra Gaesa, un emporio empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, que contiene en su esfera de capitales desde hoteles y supermercados hasta servicios portuarios y aduaneros. Otras de las empresas penalizadas fueron la financiera Cimex y la cafetera Kave Coffee.

La embestida impulsada por Donald Trump ha sido interpretada por algunos analistas como un obstáculo para la futura administración Biden, pues, según ellos, será “más complicado” desmembrar tamaña política de embargo. Lo cierto es que el futuro presidente demócrata viene dejando abierta la posibilidad de un viraje en la política del imperialismo, a la que él consideró en campaña electoral como un “desastre inefectivo” y que responde asimismo a una inquietud que recorre a un sector del capital norteamericano, que ve cómo la influencia china, rusa y europea se acrecienta al fragor del bloqueo.

La política restauracionista de la burocracia cubana pretende empalmar con la política exterior del nuevo gobierno de Estados Unidos. La reciente designación de Lyanys Torres Rivera como embajadora de Cuba en Washington ha sido caracterizada por varios cubanoamericanos como una señal en ese sentido, dado que ella estuvo en las negociaciones entre Barack Obama y Raúl Castro, con su correlato en un proceso de restauración capitalista más acentuado.

Un planteo

Frente a este cuadro, está planteada para las masas cubanas la tarea de organizarse de manera independiente por sus derechos sindicales y por la construcción de un partido revolucionario de su clase. La burocracia de la isla, cuya matriz política es la utilización de la maquinaria estatal para regimentar a fondo al proletariado cubano y para llevar adelante, en sus términos, una restauración burguesa, debe ser barrida por una acción histórica de los trabajadores que ponga en pie un gobierno propio.