En torno del decreto que prohibe el ingreso de inmigrantes -sobre todo de musulmanes- se está procesando una gran crisis politica. La Justicia bloqueó la aplicación del veto migratorio y provocó la reacción presidencial dirigida a remover este escollo. Por ahora, la batalla legal no le ha sido favorable a Trump. Una corte de apelaciones de San Francisco rechazó un recurso de urgencia del gobierno que pretendía anular otro fallo de un juez de Seattle y dejó sin efecto la resolución antimigratoria, a pedido de los Estados de Washington y Minessota.

Estamos ante una pulseada estratégica. Un revés del gobierno sería un golpe serio a su tentativa por avanzar hacia un régimen de poder personal, por encima del Congreso. El hilo conductor de este esfuerzo apunta a poner en pie un Estado policial y a desenvolver una política de guerra comercial y belicista a escala internacional.

 

Trump deberá demostrar si es capaz de abrirse paso en esa dirección, y reunir los recursos políticos y económicos que necesita para gobernar en esa línea. Por eso el presidente deslizó la posibilidad de llevar la batalla legal hasta la Corte, lo que a su vez ha puesto en el orden del día la cuestión clave de su composición. Aún resta nombrar al noveno integrante del cuerpo, en un cuadro de paridad de fuerzas entre el ala liberal y la conservadora. La Casa Blanca no oculta su interés por acelerar la designación del miembro faltante , lo que le permitiría a Trump contar con una Corte afín. Pero un fracaso de este operativo podría acelerar el impeachment del magnate, extremo que ya insinúan algunos sectores.

 

Fractura y división

 

El decretazo contra los inmigrantes ha puesto de relieve la enorme fractura del Estado yanqui, que se extiende a todos sus estamentos e instituciones: Estados federales han tomado la iniciativa de interponer causas judiciales, mientras municipios, el cuerpo diplomático y hasta la propia administración central, algunos de cuyos funcionarios

han repudiado la resolución de la Casa Blanca y se niegan a colaborar en su aplicación.

 

Esta fractura se nutre de una gran división de la burguesía imperialista. Un centenar de empresas de Silicon Valley, lideradas por Google, Facebook y Microsoft, rechazó el decreto inmigratorio de Trump y se sumó a la demanda presentada por varios Estados. En la lista no sólo figuran las empresas tecnológicas; también otras como AirBnB , firma lider en alquiler de viviendas, Uber y Lyft, en servicios de transporte. La decisión de la Casa Blanca generó mucho malestar en estos sectores, con gran peso de fuerza laboral inmigrante. En 2016, el 37% de los empleados de estas empresas eran extranjeros. Pero este rechazo al veto inmigratorio es un tiro por elevación contra el conjunto de la orientación económica del nuevo gobierno. Su proteccionismo choca con el esquema “global” de negocios y producción que impera en muchas de las grandes corporaciones estadounidenses. 

 

Iniciativa popular

 

Al reparo de esta crisis politica se ha colado la movilización popular. En la última semana, en forma ininterrumpida, continuaron las protestas contra el decretazo. Cientos de miles de personas se manifestaron en aeropuertos y centros urbanos norteamericanos, y protestas similares se multiplicaron alrededor del mundo.

 

Este proceso tiene un carácter contradictorio. Por un lado, encarna un repudio popular a la política derechista, xenófoba y discriminatoria de Trump y en defensa de los derechos democráticos. Al mismo tiempo, es clara la dirección patronal de este movimiento. Estamos ante un frente de contención encabezado por el Partido Demócrata y que incluye al papa Francisco, y que apunta a enchalecar al movimiento anti-Trump bajo su tutela.

 

Los demócratas como Obama y el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, se están asociando con las protestas para encausarlas y evitar que se desmadren. La hipocresía está a la vista, si se piensa que bajo la administración demócrata se alcanzó un record de 2,5 millones de deportaciones. Uno de los representantes demócratas que encabeza la denuncia contra el decreto de Trump es Michael Morell, exdirector de la CIA bajo la gestión demócrata, quien ha defendido públicamente el uso de la tortura y los asesinatos con drones que él

monitoreó en persona durante su mandato.

 

Viene al caso recordar que la política inicial de Obama y de los demócratas fue colocar paños fríos a la conmoción popular que provocó el triunfo de Trump, y exhortar a favor de una colaboración con el nuevo gobierno. Ello incluyó a Sanders y a la burocracia sindical enrolada históricamente en el Partido Demócrata. La masiva y honda reacción que provocó la ascensión del magnate y sus primeras medidas los obligó a acomodar de apuro su libreto.

 

El desafío que plantea este nuevo escenario es darle a este gran irrupción de masas una fisonomía política independiente. Es necesario separar a los trabajadores y la juventud de la tutela de la burguesía y defender la independencia de clase. Esto vale también para el sector de trabajadores que abrigan expectativas en Trump cuya política xenófoba y demagogia nacionalista ha introducido una cuña divisionista entre los explotados.

 

A las variantes y opciones patronales en disputa, es necesario oponerles un rumbo y un programa político propio que enarbole la defensa integral de los derechos democráticos y reivindicaciones sociales de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.La llamada izquierda radical debe discutir una estrategia en la convulsiva etapa política que ingresamos.