El miércoles 30 de septiembre se conocía ante los ojos del mundo la aprobación de un nuevo pacto entre el gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo llega en medio de un Ecuador sumergido en lo más profundo de las turbulentas aguas de la crisis capitalista mundial. El déficit fiscal llega a casi un 9% del PBI y la caída internacional de los precios petroleros han agudizado todas las contradicciones que caracterizan a la dolarizada economía nacional (sus ingresos dependen del crédito internacional y del comercio exterior). Para cumplir con las exigencias de este préstamo, cuyo monto trepa a unos 6.500 millones de dólares –y con las demandas de los bonistas de la deuda reestructurada-, el programa del FMI supone un ajuste homérico contra los trabajadores. El paquete contiene componentes explosivos como el aumento del IVA de un 12% a un 15%, despidos generalizados y disminución de salarios –junto a una “modernización” de los contratos laborales-, una profundización en los recortes ya consumados a la educación, y de conjunto una poda del gasto público de características mayúsculas. A esta deuda, además, se le agregan los préstamos tomados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con China.

Para tener una idea de las dimensiones del quebranto nacional, los primeros 2.000 millones de dólares que llegaron del empréstito serán utilizados, según Lenín Moreno, para saldar cuentas con proveedores del Estado, municipios, extrabajadores de empresas públicas, y con compensaciones jubilatorias (El País, 6/10). El jueves 22 de este mes, miles de trabajadores y campesinos rechazaron en las calles el reciente acuerdo de marras y la bancarrota social a la que están siendo conducidas las masas laboriosas de la mano del gobierno y el conjunto de la clase capitalista.

El préstamo del FMI arriba después de la consumación de la reestructuración de la deuda por casi 17.400 millones de dólares con el conjunto de los acreedores internacionales, entre los cuales se hallan grandes jugadores como BlackRock, BlueBay Asset Management y Ashmore, que se han visto beneficiados con el reconocimiento de tasas de interés por encima de la media internacional.

Arena política

Es evidente que el mencionado pacto con el FMI condicionará todo el proceso político por venir, y con ello al próximo gobierno. A solo 4 meses de las elecciones presidenciales, las fuerzas políticas intervinientes ya se encuentran completamente sumidas en esta órbita. El presidente Lenín Moreno no se postula para una reelección, con lo que transfiere a su sucesor parte de la tarea del ajuste.

Los dos candidatos mejor posicionados en las encuestas, el banquero Guillermo Lasso (que encabeza una alianza entre CREO y el Partido Social Cristiano) y el candidato del correísmo Andrés Arauz, hicieron algunas críticas al acuerdo. El primero rechazó el aumento del IVA (El Universo, 14/10) y el segundo planteó una “renegociación”. Pero ambos se reunieron con el FMI a mediados de septiembre y según los funcionarios de Kristalina Georgieva todos los candidatos con los que se entrevistaron “aprecian la ayuda” del organismo financiero (El País, ídem).

Tanto Lasso como el correísmo convalidan una línea de ajuste y de sometimiento al capital financiero. Sus reparos solo expresan el temor a las consecuencias socialmente explosivas del acuerdo con el FMI, en un país que viene de un levantamiento popular.

Sobre las elecciones, en las que compiten 17 candidatos, algunos analistas auguran una polarización política entre la correísta Unión por la Esperanza y la derecha nucleada alrededor de Lasso. El derrumbe del gobierno es total: la candidata de la oficialista Alianza País, Ximena Peña, obtiene guarismos marginales en todas las encuestas. E incluso se desmarcó de Lenín Moreno, al que le reclamó renunciar a la presidencia del partido. Las brutales políticas de ajuste y el desmanejo de la pandemia, con los cadáveres acumulándose en las calles de Guayaquil, han sellado la suerte del mandatario.

En el caso del expresidente Rafael Correa, su proscripción electoral derivó en la candidatura ya mencionada de Arauz. En el caso del vice, la candidatura pertenece al empresario Carlos Rabascall, un elemento elegido por el mismo Correa, cuya designación puede ayudar a dilucidar el carácter que adquiriría una posible vuelta del correísmo al poder.

Pachakutik, el brazo político de la Conaie, organización que jugó un rol protagónico en el levantamiento contra la anulación de los subsidios al combustible, presenta como candidato a Yaku Pérez, un referente indígena que fue prefecto de la localidad del Azuay. Rechazó reunirse con la delegación del Fondo y plantea una revisión de los acuerdos. Pachakutik aparece como tercera fuerza en varios sondeos.

La candidatura de Pérez no se presenta como la candidatura de la rebelión de octubre sino que asume una tónica conciliadora. “No queremos que los ricos se vuelvan pobres. Sino que los pobres tengan bienestar, trabajo, salud, educación” (El Comercio, 6/10), dijo en la inscripción de candidaturas. Además, hizo un llamado a la reconciliación, a deponer los “odios” y “venganzas” y manifestó su disposición a gobernar para los 18 millones de ecuatorianos.

Esta conciliación que pregona Pachakutik es inviable, porque justamente la riqueza de los grandes grupos económicos se asienta en el despojo y el empobrecimiento de las grandes masas.

Perspectivas

El proceso electoral no debe hacer perder de vista que el ajuste de Lenín Moreno sigue su curso. Es necesario quebrar el pacto con el FMI en las calles, por medio de un plan de lucha de las organizaciones obreras, indígenas y estudiantiles. El fin del sometimiento al capital internacional y de las penurias que padecen los trabajadores y campesinos ecuatorianos solo podrá ser obra de una acción histórica encabezada por ellos mismos.