Tras la primera reunión de una mesa de negociaciones con funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) levantó las movilizaciones que conmovieron a Ecuador durante 18 jornadas -el mismo día del acuerdo hubo manifestaciones en varios puntos del país.

Entre los compromisos alcanzados, figura una rebaja de 15 centavos en los combustibles (la expectativa era lograr una disminución de 40 centavos), la derogación de un decreto que extendía las actividades petroleras, la limitación de un decreto que expande la frontera minera (no podrá haber actividades en zonas protegidas, territorios ancestrales o zonas arqueológicas), un mayor control de precios ante la inflación, la declaración de emergencia en el sistema de salud pública (que redundaría en mayores insumos para hospitales y centros de salud), un aumento del Bono de Desarrollo Humano de 50 a 55 dólares, un subsidio del 50% en el precio de la urea para pequeños y medianos productores, y la condonación de deudas de hasta 3 mil dólares para pequeños productores.

El gobierno de Lasso, cuyo eje de gobierno pasa por el cumplimiento del pacto con el FMI firmado por su predecesor en el cargo, Lenín Moreno, se vio obligado a suscribir esos puntos debido al alcance de la rebelión. Quito, la capital, fue copada por las delegaciones indígenas, que fueron alojadas solidariamente en las universidades. Los bloqueos en el interior del país llevaron a una fuerte reducción de la producción petrolera. El 22, el sindicato de maestros y estudiantes se movilizaron, mostrando una tendencia a la unión en las calles de todos los sectores golpeados por las políticas oficiales. El 24, los indígenas ocuparon las gobernaciones de Napo y Cotopaxi en reclamo de respuestas, y en este último caso llegaron incluso a designar simbólicamente como gobernador al dirigente Abraham Salazar. La represión, que se cobró la vida de cinco manifestantes; las detenciones y la apertura de procesos judiciales; y el estado de excepción, que implicó el despliegue de policías y militares, fueron incapaces de quebrar la lucha.

Pero más allá de los logros reivindicativos, ha quedado en pie el gobierno reaccionario. Su caída se había planteado objetivamente a partir de la propia movilización, e incluso la consigna de “fuera Lasso” era coreada por las bases indígenas que ingresaban a la capital.

El desenlace vuelve a poner de manifiesto los límites de la dirección de la Conaie, que rehuyó el planteo de echar al presidente y buscó una mediación de la Iglesia.

La crisis se había agudizado a tal punto que la Asamblea Nacional discutió la destitución del mandatario a través del mecanismo de “muerte cruzada”, que conduce a un gobierno transitorio del vicepresidente y nuevas elecciones ejecutivas y legislativas. El planteo de la oposición (Unes, Pachakutik) no logró los dos tercios de los votos necesarios. Lasso se salvó gracias al apoyo del Partido Social Cristiano y sectores de Izquierda Democrática. Tres legisladores de Pachakutik se abstuvieron.

El gobierno de Lasso ha sobrevivido, pero queda fuertemente condicionado. En la Asamblea Nacional, se encuentra en minoría. El compromiso que asumió ante la Conaie le ata las manos en la expansión petrolera y minera, dos de sus objetivos más importantes. Y el potencial resurgimiento de la movilización aparece como otro obstáculo. De este modo, se verá obligado a buscar la colaboración de la oposición y de las conducciones del movimiento obrero y campesino para aplicar su programa de gobierno y los compromisos con el Fondo.

Para los luchadores que han protagonizado estas jornadas, queda planteado sacar las conclusiones de la nueva rebelión y la necesidad de poner en pie una alternativa política, independiente de todas las fuerzas patronales, que derrote a Lasso y abra paso a un gobierno de trabajadores y de las masas explotadas.