Las movilizaciones indígenas y populares continuaron en todo Ecuador el miércoles, en la jornada número 17 de Paro Nacional, en reclamo de una agenda de diez puntos que incluye la reducción del precio de los combustibles, la condonación de deudas de pequeños productores hasta los 10 mil dólares, y una moratoria en la extensión de la frontera minero-petrolera, entre otros reclamos.

En Quito, las delegaciones indígenas se alojan en colegios, universidades y el ágora de la Casa de la Cultura. Una asamblea del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), en tanto, votó marchar a la capital. En las provincias amazónicas, se ratificó el estado de protesta indefinida. La producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, ha caído a la mitad debido a los bloqueos en el interior.

La novedad es que el gobierno del banquero Guillermo Lasso y la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas) acordaron la reinstalación de una mesa de diálogo, con la mediación de la Iglesia. Esas negociaciones se habían iniciado el fin de semana, pero el gobierno interrumpió las mismas pretextando la muerte de un militar en el cantón de Shushufindi (provincia de Sucumbíos). Con respecto al hecho en cuestión, la federación indígena denuncia un ataque en la zona por parte de 300 efectivos militares que custodiaban camiones de gasolina. Y propuso la formación de una comisión investigadora independiente para esclarecer el caso.

Mientras accede al “diálogo”, el gobierno no se priva de continuar con la represión. Aunque Lasso había levantado el estado de excepción, lo acaba de reinstalar en cuatro provincias. Hay al menos dos manifestantes muertos y el Comité de Derechos del Niño de la ONU alertó sobre el lanzamiento de balas de goma y gases lacrimógenos que afecta a menores. Hay también decenas de detenidos y el máximo dirigente de la Conaie, Leónidas Iza, quien fue apresado en los primeros días del paro durante 24 horas, debe presentarse el próximo 4 de julio a una audiencia que lo acusa por uno de los cortes realizados.

El “diálogo” y la represión son las dos vías con las que el gobierno  busca poner fin a una rebelión que lo acorraló.

Lasso había ganado aire el martes tras eludir un planteo de destitución presentado en la Asamblea Nacional por la oposición, que no logró los dos tercios de los votos necesarios.

Hubo 80 votos a favor de la salida del mandatario, 48 en contra y 9 abstenciones, sobre un total de 137 legisladores. A favor de la salida del mandatario votaron el Unes (partido del expresidente Rafael Correa), la mayoría de los legisladores de Pachakutik (ligado a la Conaie), algunos referentes de Izquierda Democrática y algunos independientes.

El espacio que responde al presidente, Bancada del Acuerdo Nacional, votó en contra y sumó el apoyo de sectores de Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano. Tres diputados de Pachakutik, en tanto, se abstuvieron.

Fuera Lasso, gobierno de trabajadores

El 25 de junio se desarrolló una Asamblea Popular en el ágora de la Casa de la Cultura de Ecuador, que habría contado con la participación de 5.000 luchadores indígenas. Esta resolvió mantener en pie el plan de lucha hasta conquistar la agenda de diez puntos y planteó convocar a nuevos sectores.

La dinámica de las movilizaciones ha ido mucho más lejos que el pliego reivindicativo, por más importancia que éste tenga. La crisis abierta plantea la expulsión de Lasso, cuyo gobierno represor y ajustador, al servicio del FMI, es incompatible con las reivindicaciones más elementales de las masas. El “fuera Lasso” es una consigna que aparece en las protestas y bloqueos. La huelga general de las organizaciones obreras ayudaría a lograr este objetivo.

La Asamblea Popular necesita elevarse al plano de una alternativa política de las masas en lucha, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores.

 

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