A partir del lunes, miles de manifestantes empezaron a arribar a Quito, la capital ecuatoriana, como parte del plan de lucha impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas de Ecuador) y otras organizaciones. Las universidades abrieron sus puertas solidariamente para albergar a los movilizados, que el lunes 13 dieron el puntapié inicial al “paro nacional” con piquetes y protestas a lo largo y ancho del país. El pliego de reclamos incluye una reducción del precio de los combustibles, la condonación de deudas de pequeños campesinos, un control de precios y una moratoria en la extensión de la frontera petrolero-minera, que hace estragos en las comunidades del interior.

La irrupción popular es la consecuencia de las políticas de hambre y ajuste del gobierno del banquero Guillermo Lasso, cuya orientación pasa por el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscripto por su predecesor en el cargo, Lenín Moreno.

Ante las movilizaciones, Lasso dictó el estado de excepción por 30 días en seis provincias, incluyendo el Distrito Metropolitano quiteño. Esto implica la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y un toque de queda nocturno en la capital, entre otras medidas. La represión ya ha dejado por lo menos dos manifestantes muertos y cientos de heridos.

El ministro de Defensa brindó una conferencia de prensa junto a los jefes de las Fuerzas Armadas para intimidar las manifestaciones. El gobierno sigue el libreto represivo de Lenín Moreno contra el levantamiento popular de 2019, en cuyo transcurso las masas indígenas también ganaron la ciudad capital ante la supresión de los subsidios en los combustibles. En aquella ocasión, el gobierno debió mudarse por unos días a Guayaquil.

El miércoles se desarrollaba en Quito una movilización del Frente Unitario de Trabajadores, en el que revisten organizaciones como el sindicato docente. Hay una convergencia en las calles de los sectores golpeados por la política económica oficial.

Lasso, en el ojo de la tormenta

La gravedad de la situación se revela en el debate de la Asamblea Nacional de esta semana, donde abiertamente se discutió una posible salida de Lasso -cuyo bloque parlamentario es minoritario- del poder por el mecanismo de la “muerte cruzada”. De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, el presidente puede ser destituido en casos de “grave crisis política y conmoción interna”. Se requieren para ello dos tercios de los votos de la Asamblea. En tal caso, es el vicepresidente quien asume transitoriamente el cargo y debe convocar a elecciones, tanto legislativas como ejecutivas. Algunos legisladores del Unes, partido del exmandatario Rafael Correa, dejaron abierta esa posibilidad, que exigiría el acuerdo de otras formaciones políticas como Pachakutik (brazo político de la Conaie) y los socialcristianos para prosperar.

Esta variante sería un recurso extremo para estabilizar la situación, en caso de que la situación se radicalice. Vale apuntar que, según el diario El Universo (20/6), miles de los indígenas que ingresaron a la capital el lunes lo hicieron al grito de “Fuera Lasso”. El gobierno se ha ganado el odio de los más explotados.

Represión y “diálogo”

Por lo pronto, lo que prevalece es la combinación de la represión con pérfidos llamados al “diálogo”, que tienen el único propósito de sacar a la población movilizada de las calles. Lasso se hizo eco de uno de esos llamados, promovido por el colectivo Diálogos Nacionales, que nuclea diversas ONG’s.

Con la convocatoria al “paro nacional”, la Conaie rompió un largo período de tregua con el gobierno. Lasso supo valerse de ese tiempo de gracia para avanzar en sus políticas.

El dirigente de la Conaie, Leónidas Iza, no descarta la posibilidad de un diálogo con el gobierno, pero exige que sea sin intermediarios y que previamente cese la represión -él mismo estuvo detenido durante alrededor de 24 horas la semana pasada.

La enorme movilización en curso deja abierta la posibilidad no solo de conquistar los reclamos parciales sino también de terminar con el gobierno ajustador y represivo de Lasso, como reclaman sectores de las bases.