Tras meses de paros, movilizaciones y jornadas con millones de trabajadores en las calles, los ojos del mundo se posarán en los actos del 1° de Mayo en Francia, donde la convocatoria de la Intersindical -conglomerado de las federaciones obreras- augura una concurrencia multitudinaria, expresando el profundo hartazgo popular con el gobierno y la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas. Será necesaria una fuerte delimitación política para que esta tendencia de lucha prevalezca, no solo frente al gobierno, sino también ante las direcciones sindicales que operan para decretar el tránsito hacia la vía institucional.

La conmemoración del 1° de Mayo no coincide con el auge de las marchas, sino que, por el contrario, el movimiento viene de sufrir un golpe. Esto es responsabilidad de las burocracias sindicales y de la centroizquierda parlamentaria, que alentaron las expectativas en un fallo favorable a los huelguistas por parte del Consejo Constitucional -es decir, un desvío institucional. El viernes 14 de abril, el puñado de “venerables” funcionarios que compone el Consejo Constitucional rechazó las impugnaciones legales a la reforma, decretando que, en lo esencial, se ajusta a derecho.

La realidad desenmascaró la impostura de la burocracia. Un desaire al gobierno de Emmanuel Macron en este organismo hubiese implicado que la gran burguesía francesa le soltaba la mano. Pero, de momento, se decidieron a sostenerlo. La burocracia sindical y la centroizquierda, al tomar como árbitro a este resorte del Estado, que por definición no sirve a las mayorías sino a la clase dominante, pusieron su parte para cimentar el orden vigente.

El texto de convocatoria al 1° de Mayo de la Intersindical está dominado por esta orientación de componenda con el régimen y desmonte de la movilización callejera. Tanto es así que, tras la consigna contra la reforma jubilatoria, no se coloca un pliego de reivindicaciones ni mucho menos un plan de lucha, sino la invitación a aguardar -una vez más- el dictamen del reaccionario Consejo Constitucional del miércoles 3. Esta vez, los “venerables” hombres de Estado considerarán un nuevo pedido de consulta popular limitada (conocida como RIP), que ya habían rechazado en la sesión anterior. Pero la “consulta” -que sería solo sobre algunos puntos de la reforma- es un callejón sin salida. Entre juntada de firmas y presentaciones legislativas, demoraría más de un año. Para peor, no tiene estatuto de ley sino de “proyecto”, con lo cual el Parlamento aún debería votar su aprobación -o rechazo.

Esta orientación da cuenta que la dirección de la Intersindical está utilizando la masividad del 1° de Mayo para negociar con el gobierno las condiciones de un abandono decoroso de las calles. Urge, entonces, promover entre la vanguardia una reflexión más amplia sobre el rol de la Intersindical. Si bien es cierto que, bajo la presión de las bases, las burocracias salieron a las calles con mayor radicalidad que en el pasado, también lo es que el peso de su comando “unitario” evitó que el movimiento de lucha terminara de cristalizarse en una huelga general.

Es necesario corporizar el balance de la Intersindical y de la burocracia durante la jornada del 1° de Mayo. Por eso, la delimitación debe expresarse en el reclamo de la huelga general -apartándose de falsos atajos autoproclamatorios- y rechazar la subordinación de la Intersindical a los organismos del Estado y sus acuerdos con el gobierno. Esto implica apoyarse en la combatividad del activismo para dar pasos en dirección a un polo de oposición sindical, con una plataforma de la clase, que pueda imponer a las federaciones un verdadero plan de lucha por el retiro de la reforma jubilatoria.

El 1° de Mayo también es la oportunidad para refutar el relato de la centroizquierda -tanto de Jean-Luc Mélenchon como de quienes buscan disputar su liderazgo. En un reciente editorial, Mélenchon llama a pasar a una etapa “destituyente”, que consistiría en una oposición sistemática a todo planteo de Macron, claro que únicamente en el terreno parlamentario. Pero son los trabajadores en lucha, con sus huelgas y piquetes, los únicos habilitados para plantear “Fuera Macron” y reclamar el fin del régimen de la llamada Quinta República. Se trata de consignas que implican el problema del poder, por lo cual solo pueden ser consumadas en las calles -en la huelga y en la acción directa- rechazando colocar al movimiento detrás de salidas electorales.

Mientras estos debates se desarrollan, Macron lanza medidas para recuperar la iniciativa. En los últimos días oficializó ataques a los migrantes, el recorte en los “planes sociales” (RSA) y una zanahoria para ganarse a las clases medias: una consulta sobre impuestos regresivos. Con esta agenda reaccionaria también intenta mitigar la fuga de apoyos hacia la ultraderechista Marine Le Pen. Todo esto tras los aplausos -de ambos- al accionar de las fuerzas represivas durante las protestas.

La tregua de la Intersindical al gobierno tras el fallo del Consejo Constitucional le regaló a la burguesía dos semanas para reorganizar sus fuerzas. Pero eso no quiere decir que los trabajadores se quedaran quietos. Florecieron todo tipo de convocatorias, dando cuenta de lo poroso del control de la burocracia: huelgas sectoriales, reclamos por salario, piquetes, cacerolazos. Son estos esfuerzos -no la expectativa en el Estado- los que marcan un rumbo hacia la imposición de la huelga general “ilimitada” -indefinida-, el Fuera Macron y el fin del régimen de austeridad europea.

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