Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para evitar un Brexit desordenado se multiplican. Para este miércoles se esperaba un encuentro clave entre el primer ministro Boris Johnson y Ursula von der Leyen, titular de la comisión que regentea el viejo continente. Si no hay un acuerdo antes de fin de mes, el vínculo entre ambas entidades pasará a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio, lo que supone cuotas y aranceles, y puede tener graves consecuencias económicas a ambos lados del canal de la Mancha.

El 31 de diciembre culmina el período de transición establecido por los acuerdos de retirada, que fueron votados por la Cámara de los Comunes y el Parlamento Europeo. Desde entonces, las partes vienen negociando infructuosamente un acuerdo de libre comercio.

Uno de los principales motivos que traba las deliberaciones, según los medios, es la política de subsidios a empresas por parte de Londres. Bruselas reclama un control semejante al que rige en el continente, pero el primer ministro británico Boris Johnson lo resiste. La puja se da en un escenario global de guerra comercial, en que los Estados buscan favorecer a sus propias compañías y adoptan represalias contra las demás. La Unión Europea resolvió en octubre imponer aranceles a importaciones norteamericanas por 4 mil millones de dólares, como respuesta a los aranceles por 7,5 mil millones instituidos por Trump el año pasado. Ambas partes se atacan por las subvenciones respectivas a sus industrias aeronáuticas.

Además de la cuestión de los subsidios, los europeos reclaman la inclusión de una cláusula que obligue a mantener homologadas en el tiempo la legislación laboral y ambiental, de manera que su rival no pueda valerse de una mayor precarización de la fuerza de trabajo o depredación del medio como ventaja competitiva. Para la canciller alemana Angela Merkel, es una cuestión crucial. Lo que no dice es que su propio país es un precursor del deterioro de las condiciones laborales como mecanismo para reforzar a su propia burguesía en el mercado mundial.

Asimismo, sigue en el caldero la cuestión del futuro de Irlanda. El acuerdo de retirada había establecido que no hubiera controles aduaneros entre el sur y el norte, como una manera de impedir el resurgimiento de una frontera “dura”, que reactivara el conflicto histórico en la isla. De esta manera, quedarían rigiendo allí las normas europeas. Como alternativa, se acordó una especie de aduana en el mar -es decir, un control de las exportaciones e importaciones entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

Este pacto, sin embargo, entró en crisis por la posterior discusión de una ley de mercado interno en Londres, por el que la capital británica se autohabilitaba a controlar los subsidios de las empresas radicadas en el norte irlandés y a definir los trámites requeridos para las exportaciones a la isla. La Unión Europea puso el grito en el cielo, por lo que Johnson dio marcha atrás y anunció la eliminación de las cláusulas más cuestionadas de la ley. Pero con tantas idas y vueltas no conviene dar la cuestión por cerrada.

Está también en debate la cuestión pesquera. Los europeos quieren seguir manteniendo el acceso a las aguas británicas después del período de transición, mientras que, en sentido contrario, los pescadores del Reino no los quieren ver nunca más por allí. Francia se muestra como el gobierno más inflexible en defensa de sus intereses en el área, amenazando incluso con un veto a cualquier acuerdo que no contemple favorablemente esta cuestión.

Disgregación y crisis

El Brexit es la expresión más palmaria de las tendencias a la disgregación en la Unión Europea y acelera las propias tendencias centrífugas en el Reino. En Escocia se están reactivando los planteos para un nuevo referéndum independentista. La primera ministra Nicola Sturgeon exigió que este se desarrolle en 2021.

Al mismo tiempo, la crisis capitalista y la pandemia vienen haciendo estragos en uno y otro lugar. El Reino Unido se encamina a la mayor caída de su PBI en 300 años. Para contrarrestar la crisis, Johnson impulsó un salvataje de los capitalistas que disparó el endeudamiento a los niveles más altos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. También en el continente se están aplicando planes masivos de rescate a los grandes grupos económicos.

Mientras las negociaciones por el Brexit se tensionan, Johnson ha resuelto uno de los mayores aumentos del presupuesto militar de la historia británica, toda una señal en medio de las tensiones geopolíticas. Promete que el país volverá a ser la “primera potencia naval de Europa”. Y de la mano de este plan, reactivar la industria naval. El jefe del laborismo, Keir Starmer, expresó su apoyo a esta política militarista. Se lo ha leído también como un indicio de que el país abandona la Unión Europea, pero no saca los pies del plato de la Otan.

El Reino Unido apuesta a compensar la pérdida de vínculos con la Unión Europea con un mayor alineamiento con Estados Unidos, pero eso implicará una acentuación de su subordinación y la apertura para el capital yanqui de ciertas áreas de negocios (incluyendo la salud). Johnson, que apostó por Donald Trump, ya tuvo su primera reunión con Joe Biden.

La Unión Europea y Johnson rivalizan para sacarse ventajas y transferirse los costos de la crisis, mientras atacan a sus trabajadores. Es necesario oponerles la lucha por la unidad socialista del Reino Unido y de Europa.

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