Facundo Molares es fotógrafo de la revista digital “Centenario” y viajó a Bolivia en octubre pasado a cubrir el proceso electoral y los posteriores sucesos del golpe de Estado, cuando debió ser internado. Durante ese período fue imputado y detenido por llevar a cabo un supuesto corte del puente “La Amistad” en la ciudad de Monteros. Lleva 10 meses preso en condiciones de salud muy delicadas.

En un estremecedor relato, su padre nos contó el caso en Patagonia Obrera (programa radial que se emite los miércoles de 20 a 22hs por FM 106.1 “La Vanguardia” de Caleta Olivia y por FM 98.1 “Impacto” de Las Heras) y remarcó que según el Código Procesal Penal de Bolivia, su detención se dio en un marco ilegal e ilegítimo.

Nos comentó también que Facundo se encontraba cubriendo una manifestación en un puente, donde las fuerzas de seguridad reprimían a los manifestantes. En ese momento, se descompensó y le sacaron tanto la cámara como el celular.

Hugo comentó que su hijo periodista se encuentra en una cárcel de Chonchocoro, a 4000 metros sobre el nivel del mar. Además, dijo que cada tanto le permiten hacer una llamada, después de haber estado incomunicado 2 meses.

Ante todo este contexto, su familia pide la audiencia de cese de la prisión preventiva, debido a que “ya venció el plazo que tenía la fiscalía para acusar, que era de 150 días. Van tres audiencias que se suspendieron. Definitivamente esta es una artimaña del sistema judicial boliviano”.

Distintos organismos de Derechos Humanos, ya han expresado “su honda preocupación por la situación que atraviesa el  ciudadano argentino Facundo Molares Schonfeld privado de la libertad en territorio extranjero. Ello, en salvaguarda de la integridad personal -dadas las condiciones de detención y de salud-, y el  peligro de vida que corre, agravado exponencialmente por la pandemia por Covid-19, que como sabemos en condiciones de  encierro y hacinamiento resultan potencialmente fatales”.

Todo comenzó en noviembre del pasado año, cuando tras sufrir una descompensación debió ser internado de urgencia en un hospital de la localidad de Monteros, donde estuvo en estado de coma inducido y asistido con respirador artificial. En esas condiciones, un mes después terminó imputado, detenido y trasladado al Penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en El Alto, una de las cárceles más peligrosas de Bolivia, como resultado de una causa, sin pruebas, armada en su contra. Su estado de salud, de por sí muy delicado (sufre de hipertensión arterial, edema pulmonar, lesión renal grave y pérdida parcial de la visión), ha empeorado desde entonces tras estos meses de encierro.

Cabe aclarar que Hugo Molares, padre de Facundo, junto a su compañera, viajaron a Bolivia cuando su hijo todavía se encontraba internado como NN, y terminaron también detenidos por 25 horas después de identificarlo, hasta que intervino el Tribunal Superior de Justicia de Chubut. Molares es abogado y Juez de Paz en Trevelín.

El pasado primero de septiembre de 2020  se realizó la segunda audiencia de cesación de prisión preventiva. Duró no más de 5 minutos en los que el juez volvió a suspender la audiencia sin escuchar al abogado defensor. ¿La causa? Otra vez la falta de notificaciones a alguna de las partes. Ya venció el plazo que tenía la fiscalía boliviana para acusar.

Hace diez meses que está en prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra, siendo que fue prácticamente secuestrado del hospital donde estaba internado.

El reciente Plenario del Sindicalismo Combativo de la Patagonia Sur votó una resolución especial reclamando su libertad.

Exijamos al gobierno nacional y a la Embajada de Bolivia la urgente libertad y extradición al país de Facundo Molares.