Un informe de la Comisión de la Verdad creada para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, ha concluido que se trató de un “crimen de Estado” que involucra a miembros del Ejército, las fuerzas policiales y del poder político y judicial.

En este contexto, se han lanzado nuevas detenciones contra 20 mandos militares, 44 policías, cinco funcionarios estatales y 14 integrantes de Guerreros Unidos, un cartel del narcotráfico. El más prominente de los aprehendidos es Jesús Murillo Karam, quien se desempeñaba como procurador general de la república en aquel entonces, y que estuvo encargado de diseñar una versión falsa de los hechos para encubrir a los más altos responsables.

Los estudiantes del combativo liceo rural de Ayotzinapa habían arribado a la localidad de Iguala, en Guerrero, a fines de septiembre de 2014, como parte de un viaje de recolección de fondos para poder participar de la conmemoración que se hace todos los años en el Distrito Federal de la masacre estudiantil de Tlateloco, en 1968. Tras una cacería que involucra a las fuerzas policiales, cuarenta y tres de ellos fueron desaparecidos. Otros resultaron torturados y asesinados esa misma noche del 26-27 de septiembre.

Hoy se sabe que los alumnos eran vigilados por la Secretaría de Defensa (Sedena) y que se realizaron sobre ellos tareas de espionaje desde los batallones castrenses. Se apeló, por ejemplo, al uso del software israelí Pegasus, incorporado en el país durante la gestión presidencial de Felipe Calderón (PAN). Incluso se ha revelado que uno de los 43 desaparecidos, Julio César López Patolzin, era un informante oculto de la Sedena y brindó partes informativos al Ejército hasta poco antes de la noche fatídica.

Todos los niveles del aparato estatal (federal, provincial y municipal) estuvieron al tanto en el momento mismo de los hechos del viaje de los normalistas y de la postrera persecución.

Las desapariciones de Ayotzinapa causaron una profunda conmoción en México y su repercusión se extendió al mundo entero. Bajo la consigna “Fue el Estado”, decenas de miles de personas empezaron a movilizarse en todo el país. En el Zócalo, plaza emblemática del Distrito Federal, en reiteradas oportunidades se exigió la salida del presidente Enrique Peña Nieto (PRI).

Para blindar a los máximos responsables, el procurador Murillo Karam formuló la versión -conocida como “verdad histórica”- según la cual los estudiantes habían sido ejecutados por miembros del cartel narco Guerreros Unidos, en cooperación con la policía municipal de Iguala, tras confundir a los estudiantes con miembros de una banda rival conocida como Los Rojos. Según esta versión, los cuerpos habían sido incinerados en el basurero de la localidad de Cocula.

Uno de los subordinados de Murillo Karam, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, participó personalmente de las torturas contra cuatro detenidos para construir la versión falsa, que protegía al Ejército y el gobierno mexicano. Hoy se encuentra prófugo y amparado por Israel, que dilata su extradición.

Al mismo tiempo, 26 personas ligadas al caso han sido asesinadas, como parte de un plan para borrar evidencias. Algunos artículos periodísticos denuncian un apagón informativo en la región de Iguala y un clima generalizado de intimidación.

Los estudiantes de Ayotzinapa estaban políticamente enfrentados al alcalde de Iguala, José Luis Abarca (PRD), que está detenido en la causa y al que se sindica como uno de los líderes del cartel de Guerreros Unidos. Es que Abarca participó personalmente del secuestro, tortura y asesinato de tres referentes de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ). Los normalistas habían hecho en el pasado un acto y una toma del palacio municipal en reclamo de justicia, ocasión en la que fueron amenazados por el intendente. Tanto Abarca como el gobernador Angel Aguirre (también del PRD) debieron renunciar poco después de las desapariciones.

Aunque aún no están claras todas las razones del ataque a los 43 ni el organigrama plan criminal, sí se ve nítidamente un entramado de persecución e impunidad que involucra a todos los estamentos del aparato estatal y al narcotráfico, en un país con más de 100 mil desaparecidos. Este aparato descompuesto golpeó en los pibes de Ayotzinapa a la vanguardia de la juventud mexicana.

El abogado de los familias, Vidulfo Rosales, calificó la detención de Murillo Karam como un avance. De todos modos, los familiares cotejarán el informe de la Comisión de la Verdad con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) antes de fijar una posición.

La lucha inclaudicable de los allegados, el movimiento estudiantil, la docencia combativa, y en general del pueblo mexicano, que desde el primer momento apuntó a la responsabilidad estatal, nos ha traído hasta aquí. Es necesario redoblar la pelea para lograr el completo esclarecimiento de los hechos, y la detención y condena de todos los involucrados.