El 20 de octubre comenzó en la sala primera del Tribunal de Sentencia de Honduras el juicio por el crimen de Berta Cáceres, una luchadora ambiental que fue asesinada en 2016 por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

En el proceso se juzga a un grupo de sicarios y a oficiales del Ejército que realizaron tareas logísticas y de inteligencia en función del crimen, así como a personal de la firma Desarrollo Energético (DESA), la compañía a cargo del proyecto hidroeléctrico en la comunidad indígena lenca, denunciado como un peligro medioambiental para el río Gualcarque.

La investigación del crimen estuvo plagada de irregularidades. Los familiares de Berta han denunciado “la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas”.

Por eso mismo, han recusado a las integrantes del tribunal y reclaman que “el juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde”.

En un comunicado suscripto también por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), afirman que “hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio”.

La trama de responsabilidades se extiende a altos ejecutivos de la compañía y también podrían estar involucrados “otros altos cargos del Estado”, según un comunicado de Amnistía Internacional (3/3). En marzo pasado, el jefe de DESA, Roberto David Castillo, fue detenido como posible autor intelectual, aunque no es juzgado en este proceso.

En pocos crímenes la responsabilidad estatal es tan patente. Honduras ostenta una de las cifras más altas de crímenes contra activistas ambientales en el mundo. Entre 2010 y 2016 fueron asesinados 120 militantes, según un informe de la ONG Global Witness.

El país se encuentra gobernado por Juan Orlando Hernández, un títere del imperialismo, reelecto el año pasado mediante una elección fraudulenta que incluyó represiones contra manifestaciones opositoras con un saldo de 30 muertos. Actualmente, el gobierno refuerza la frontera con Guatemala para congraciarse con Trump frente a los migrantes que huyen de un país asolado por la pobreza (que abarca al 65% de la población) y las bandas criminales.

Cárcel a todos los responsables del crimen de Berta Cáceres. Abajo el régimen de Hernández.