A 9 meses del golpe de Estado que desplazara del poder a Aung San Suu Kyi, del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), continúa la resistencia de las masas, en un escenario convulsionado. No por nada, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió en septiembre pasado que la situación del país podría conducir a una guerra civil. El Tatmadaw (Ejército oficial) ha detenido a más de 7.000 personas y alrededor de 1.000 han muerto en medio de las protestas anti golpistas. Es una fuerza que utiliza métodos brutales como la tortura para quebrar a aquellos que luchan.

Desde el punto de vista de la lucha de clases, el nivel de intervención de los diversos contingentes obreros y juveniles que han enfrentado a la dictadura militar nucleados en sus organismos sindicales, o a menudo de forma espontánea, ha disminuido relativamente. En cambio, hay un incremento de la lucha armada, fundamentalmente en las regiones donde habitan las minorías étnicas. Los ejércitos étnicos que operan en el país son 100 y muchos de ellos han causado bajas considerables al Tatmadaw. Incluso, una porción significativa de trabajadores y jóvenes se ha unido a estos. Entretanto, quienes también vienen teniendo un papel muy relevante en la situación política nacional son las mujeres, realizando huelgas casi a diario y estando en varias ocasiones a la vanguardia de los choques directos contra el Ejército.

Los principales opositores políticos al golpismo (la NLD junto con algunas minorías étnicas), organizados en el “Gobierno de Unidad Nacional”, un gabinete paralelo, llamaron en septiembre a la población y a las guerrillas a librar una batalla común contra la Junta, en el marco de una “guerra defensiva”.

Si bien algunos grupos étnicos aceptaron incorporarse a este frente, en donde parece primar la NLD, las contradicciones a su interior no tardaron en emerger. Se trata del currículum de la fuerza comandada por la nobel de la paz y ex primer ministra, que mientras detentaba el poder desenvolvió una política de persecución contra las minorías étnicas, con especial ensañamiento contra los rohingya (musulmanes, en un país mayoritariamente budista). La NLD pretende, a través de este frente, disputar el reconocimiento internacional y avanzar en un proceso de cooptación de las minorías.

A raíz de la convocatoria a la “guerra defensiva”, el gobierno reforzó el pretorianismo estatal. Los enfrentamientos entre las guerrillas (étnicas y las que corresponden a un agrupamiento llamado Fuerza de Defensa del Pueblo, de carácter no étnico) y el Ejército están tomando cada vez más vuelo, algunos analistas han dicho que el régimen militar “se enfrenta a un nuevo tipo de conflicto armado que no está preparado para contrarrestar” (The Irrawady, 21/10). Se reproducen en casi todo el país, y con fuerza particular en las regiones no urbanas. El citado periódico birmano señala en otro artículo que muchas áreas de la ciudad de Kawlin, bastión de la lucha contra el golpismo, están bajo el control de las Fuerzas de Defensa del Pueblo.

En medio de este clima plagado de tensiones, la Junta liderada por el general Min Aung Hlaing ha buscado disminuir la conflictividad por medio de la liberación de miles de opositores, que fueron obligados a firmar un documento de compromiso para abandonar la agitación y la actividad anti golpista; algunos de ellos, sin embargo, han sido detenidos nuevamente o se han exiliado a otros países.

Crisis económico-social y política exterior

En sintonía con estos sacudones políticos, Myanmar ha asistido a una intensificación de su ya profunda crisis social, con miles de desplazados, y de las tendencias a la bancarrota económica. El Banco Mundial avizora “un futuro marcado por un panorama de incertidumbre similar al del presente: la economía birmana se contraerá más de un 18 por ciento este 2021” (El País, 3/8). A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que casi la mitad de la población del país asiático podría verse sumida en la pobreza a principios del próximo año. Esta perspectiva se ve acicateada por la creciente inflación, la caída de las remesas, que significan una fuente de ingresos importantísima para cientos de miles de familias, y por un aumento de la tasa de desocupación. El impacto del Covid-19, asimismo, ha causado estragos en el territorio nacional.

La clique militar ha logrado imponer este fortísimo ajuste contra la clase obrera birmana mediante la instauración de un régimen de terror y de exterminio. Se viene sosteniendo con el apoyo clave de China y de Rusia. La Junta reforzó hace poco sus vínculos militares con la antigua república soviética; se produjo casi inmediatamente después de que la Asamblea General de la ONU adoptara una resolución que pide el cese de la venta de armas a Naipyidó.

Las principales potencias han aprovechado este cuadro para llevar más a fondo su política de rapiña en la región. Estados Unidos y la Unión Europea se han embarcado en un operativo para aislar al gobierno militar, con la imposición de sanciones a distintas empresas vitales para el funcionamiento de la economía birmana. Detrás de esto se esconde la tentativa de contrarrestar la influencia de China (y de Rusia), cuyos lazos económicos con Myanmar son profundos.

Las diatribas del imperialismo norteamericano han tenido su expresión también al interior de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), a la que ha amenazado con dejarla de lado y reforzar aún más sus relaciones con el grupo Quad (Estados Unidos, India, Australia y Japón), así como el pacto de seguridad trilateral Aukus (Estados Unidos, Australia, Reino Unido), si no le pone un coto al gigante asiático, el cual se transformó en 2020 en el principal socio comercial del bloque.

El golpe de febrero se ha terminado convirtiendo en un factor de desestabilización a nivel general, cuyas consecuencias negativas están afectando duramente a la población laboriosa.

Fuera la dictadura, viva la lucha de la clase obrera contra el golpe.