Las elecciones legislativas del 13 de marzo en Colombia -que incluyen una consulta optativa sobre los precandidatos presidenciales- tienen un condimento especial. Una coalición que se reivindica del campo “progresista”, el frente Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro (que se presenta con el lema de su partido Colombia Humana, y el apoyo del PC y otros grupos), podría ganar la elección y, así, allanar el terreno a las presidenciales de mayo, donde todas las encuestas lo colocan como favorito. Esto significaría, en primer lugar, la derrota electoral, por primera vez en décadas, del sector del cual proviene el actual presidente Iván Duque, el odiado “uribismo” del ex mandatario Álvaro Uribe, que podría perder su mayoría en las cámaras.

Ante esto, existe una ilusión de que, tras hitos como la victoria de Boric en Chile y de Arce en Bolivia, un triunfo de Petro en Colombia termine de sancionar un cambio de rumbo hacia el centroizquierda en el continente. Subiéndose a esta campaña, se está construyendo un relato interesado sobre el posible rumbo de un gobierno de Petro. En Argentina, el diario Página 12 hizo propias las palabras de un analista que minimizaba las reuniones del líder colombiano con referentes del capital financiero y del imperialismo como una hábil maniobra de “control de daños”, ante las típicas acusaciones de “comunista” o “castro-chavista”.

Pero un análisis honesto, por el contrario, debería partir de considerar las numerosas declaraciones de Petro en favor de un acuerdo general con la gran burguesía colombiana y con Estados Unidos, añadiendo una serie de componentes pretendidamente “nacionales y populares”-de dudosa originalidad y de mayor moderación que los de sus pares “progresistas” del continente.

El programa de Gustavo Petro

En la construcción de su camino a la “Casa de Nariño”, la sede del gobierno colombiano, Petro se ha cuidado de dejar en claro que no cuestionará ninguno de los pilares de la injerencia imperialista en Colombia. Manifestó que sostendrá los acuerdos con el FMI (Bloomberg, 15/2) y la membresía a la OCDE (Semana, 25/2), dos organismos que impulsan políticas de miseria para el pueblo y la transferencia de los recursos nacionales al capital financiero.

Por otro lado, en sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania, evitó mencionar la responsabilidad de la Otan y Estados Unidos. El rol guerrerista del imperialismo, al cual Petro absuelve en la “lejana” Ucrania, tiene un peso central en Colombia, que padece en carne propia el “asesoramiento” militar estadounidense. En 2020, cuando el ex presidente estadounidense Donald Trump amagó con una invasión militar a Venezuela desde suelo colombiano, Gustavo Petro condenó la posibilidad del desplazamiento de tropas extranjeras en territorio de Colombia, pero ni siquiera frente a esta flagrante vulneración de la autonomía nacional abogó por romper los tratados militares con Estados Unidos. Tampoco ahora levanta en su plataforma el retiro de las bases yanquis en Colombia.

En materia económica, cobra relevancia la puja por el banco central colombiano (Banco de la República). Allí, Petro replica los argumentos del “macrismo” argentino sobre la “falta de independencia” de su directorio (en este caso, favorable al gobierno actual de Iván Duque) para, acto seguido, proponer un esquema copiado del kirchnerismo (y, vale aclarar, aplicado también por Macri): la posibilidad de cubrir el gasto con mayor emisión de moneda, la famosa “máquina de imprimir” (Portafolio, 19/2).

Algunos analistas, por ello, barajan la idea de que una eventual modificación en el banco central estaría destinada a que la renegociación de la deuda con el FMI -propuesta por Petro- incluya la posibilidad de servirse, para gastos comunes, de los depósitos especiales de giro (DEG), los préstamos del FMI al banco central que hoy están contabilizadas como reservas. Estos préstamos con el Fondo, falsamente presentados por Iván Duque como una perspectiva de aumento de la base monetaria en dólares, no solo constituyen una hipoteca a futuro, sino que son utilizados para amortiguar la emisión de moneda ya desatada por el gobierno derechista, debido a la necesidad de cubrir déficit, y es una de las variables en el marcado incremento inflacionario colombiano, que ya acumula más del 8% en lo que va de 2022.

Petro no propone, tal como se desprende del debate del martes 8 de marzo con los precandidatos de su frente político (el Pacto Histórico), utilizar estas reservas para un desarrollo nacional, sino aumentar los subsidios empresariales y eliminar cualquier tipo de esquema tributario a las exportaciones del campo, lo cual equivale, en Colombia, a un sostenimiento del latifundio. Los terratenientes colombianos, fuertemente entrelazados con el narcotráfico, han erradicado el cultivo de alimentos en favor de otros bienes más redituables, mientras la inmensa mayoría de campesinos pobres se vuelca a la agricultura de subsistencia, y el trabajador de la ciudad depende de la onerosa importación de alimentos. Por supuesto, este esquema tira por la borda su mentada “primera medida de gobierno”: la declaración de la “emergencia económica” debido a la situación de hambre en la población.

Del mismo modo, el problema inflacionario, que las medidas de Petro agravarán, descargará la crisis sobre el bolsillo de los trabajadores, depreciando el valor real del salario -algo que ya vivimos en Argentina. Una política de emisión, combinado con la ampliación de subsidios empresariales, torna inocua las promesas sobre el “control de precios” y la idea de quitar el IVA a algunos productos de primera necesidad.

En términos de la matriz productiva, suscitó la atención de sectores ambientalistas las declaraciones sobre la “prohibición” de la industria petrolera y de una reconversión energética. Sin embargo, Petro aclaró muy pronto que se trataba de rechazar la firma de “nuevos” convenios de “exploración”, y que se mantendría la plaza actual, lo cual también habilita a nuevas perforaciones en los yacimientos ya existentes. Asimismo, para la temática energética y la innovación en el agro, no plantea recurrir a las comunidades originarias ni a las múltiples experiencias de autogestión de Colombia, sino a la cooperación con Estados Unidos (France 24, 23/2). Como dice el refrán, poner al zorro a cuidar el gallinero.

Con este prisma, queda más claro porqué la falta de cualquier esquema o propuesta para la creación de empleo genuino y de regularización del profuso trabajo informal es reemplazado por pomposos anuncios sobre la ampliación de los planes sociales, más precisamente de un ingreso a “jefas de familia” que tienda a ser (sin plazos ni alcances estimados) de medio salario mínimo, lo cual no llega ni a un octavo del costo de vida en Colombia. Se trata de medidas de contención social, en un contexto en el cual se presume no una disminución, sino un aumento de la pobreza y el desempleo.

Los anuncios sobre el relanzamiento de jubilaciones, educación y salud estatales, manteniendo todos los regímenes privados, si es que efectivamente se ponen en marcha, no solo eluden la investigación elemental de las privatizaciones fraudulentas o de cualquier medida de golpe al capital, sino que rebaja un derecho (educación y salud) y un salario diferido (jubilación) a una prestación social, que el Estado otorgará -o no- de acuerdo a su capacidad de recaudación (la cual, tras el pago de la deuda y los beneficios empresariales, quedará fuertemente menguada). En vez de “ampliar derechos”, consolida una diferenciación social de hecho: mientras el pueblo pobre se debe conformar con una pequeña ayuda, quien pueda pagar accederá a un mejor servicio.

El Pacto… con la derecha

El otro aspecto de la precandidatura de Gustavo Petro es la ampliación de su política de alianzas, sin límites a la derecha. Ha colocado a la cabeza de listas y tejido acuerdos con “hombres de Estado” y notorios representantes de la burguesía. Dentro de los precandidatos presidenciales, también incorporó a un pastor cristiano, contrario a los derechos y consignas de los movimientos de mujeres y diversidades.

Pero el hecho más controversial, para quienes tienen expectativas desde un campo de izquierda, fue la tentativa de sumar al sector del ex presidente e histórico líder de la derecha neoliberal colombiana César Gaviria. Esta discusión encendió la polémica -en vivo- durante el debate de precandidatos del frente Pacto Histórico. Petro defendió la alianza con la derecha más conspicua, ya sea bajo su integración al gabinete o, incluso, un eventual ofrecimiento de la vicepresidencia. Un mecanismo similar, como garantía a las clases dominantes, fue utilizado por Lula en Brasil.

La única precandidata que se opuso, y enérgicamente, a esta incorporación fue Francia Márquez. Francia es una reconocidísima activista de los derechos democráticos, la comunidad afro y las luchas ambientales. Luego de constituir su propio espacio político (Soy Porque Somos) e intentar sortear la legislación terriblemente proscriptiva para obtener una candidatura independiente, resolvió integrarse a la interna del Pacto Histórico bajo el lema y patrocinio del Polo Democrático, un espacio aliado de Petro, integrado al régimen. Es decir, un condicionante por partida doble.

Todas las encuestas pregonan que la precandidatura presidencial de Francia Márquez en la consulta interna, aunque por mucha distancia, es la segunda después de Petro. Lo cual significa, según los acuerdos previos, que le correspondería la vicepresidencia en una eventual fórmula. La incorporación de la derecha neoliberal que propone Petro implicaría, entonces, el desplazamiento de su ala más crítica, que según parece, no le aportaría votos nuevos, sino que se registraría el fenómeno inverso: Francia crece sobre Petro en franjas del activismo. De todas formas, no sería la primera vez que Petro postergue al espacio de Francia Márquez. Un mes atrás, bajó una de sus candidaturas legislativas en favor de acordar con el alcalde de Medellín, un hombre de la “política tradicional”.

El espacio de Francia Márquez, con independencia de su voluntad personal y la de los activistas sociales que cifran en ella una esperanza, ha atado su suerte a un frente que está muy lejos de los intereses populares que pregona representar. Corre el riesgo cierto de que su arraigo en el activismo sea utilizado como una cobertura “por izquierda” de los acuerdos espurios que ejecute Petro. Por otro lado, la pertenencia a un eventual gobierno del Pacto Histórico, que renovará las credenciales con el FMI, la OCDE y el imperialismo, opaca y desprestigia frente a la población las acciones sociales posibles en barrios y territorios.

Los planteos de Francia -incluso con sus propias imprecisiones o límites- sobre la reforma agraria y la revisión de la tenencia de la tierra ociosa (baldíos), la reindustrialización de la economía y un sistema nacional de producción de alimentos, o las reivindicaciones del movimiento de mujeres y por los derechos de todas las comunidades oprimidas, chocan directamente con los sectores de derecha que integran el Pacto Histórico o que confluirán con él, y a quienes Petro dará un peso aún mayor. ¿Por qué, entonces, continuar dentro un espacio que le coloca un techo tan bajo a los anhelos sociales más sentidos?

¿Cambio de régimen?

Como si fuera un hecho maldito, ninguna de las abundantes declaraciones (y aclaraciones) de Gustavo Petro hacen referencia a la enorme rebelión popular que conmocionó Colombia y América Latina. Durante las protestas, la figura de Petro, que englobaba en el pasado a amplios colectivos que se reivindicaban de izquierda, empalideció. En su lugar, lo novedoso fue el surgimiento de diversos intentos, con menor o mayor éxito, de construir direcciones alternativas al llamado “Comité de Paro” y sus maniobras burocráticas. Es decir, de abrir curso a una movilización independiente. A esta perspectiva, Petro contrapuso medidas de institucionalización de los reclamos. Actuó deliberadamente como sostén del gobierno uribista de Iván Duque.

Sus planteos de gobierno, como era de esperarse, pasan por alto la satisfacción de los reclamos del paro nacional de 2021. Y, tal vez más sentido por los luchadores, no levanta ningún planteo por la libertad y el fin de la persecución de todos los participantes de las protestas, ni mucho menos por el castigo a la brutalidad policial y del cuerpo especial ESMAD, responsables de cientos de muertes y torturas.

El fin de los asesinatos a militantes populares y la garantía de las libertades democráticas elementales es impensable sin el desmantelamiento del ejército colombiano y los paramilitares, de la expulsión de las bases yankis y, en resumidas cuentas, sin tirar abajo el Estado genocida disfrazado de democracia que rige el país. Hasta la fecha, Petro no planteó su hoja de ruta sobre el sensible tema de la guerrilla y los Acuerdos de Paz, a pesar de que han continuado los asesinatos selectivos de ex combatientes, mientras las fuerzas represivas gozan de una impunidad inaudita. Tampoco sobre la situación del ELN, la guerrilla que opera en el norte del país, sobre la cual se redobló la ofensiva militar gubernamental en estos últimos meses.

Colombia es, por lejos, el país del continente donde el carácter farsesco de la democracia burguesa es más evidente. El mismo Petro la ha definido, en una entrevista al medio español Público, como “una especie de franquismo a la colombiana” (12/1). Pero, mientras que el franquismo español se derrumbó con la muerte del dictador Franco y la reconversión de las fuerzas políticas del régimen, Álvaro Uribe y sus propuestas políticas continúan recibiendo el apoyo (financiero y militar) del imperialismo. Es innegable que el uribismo no podrá ser derrotado únicamente con un resultado electoral adverso, tal como pregona Petro y su espacio Colombia Humana.

También en Colombia, la tarea del momento pasa por constituir fuertes organizaciones de raigambre obrera, campesina y popular, con un programa antiimperialista y anticapitalista sin concesiones, es decir, de independencia política de la burguesía, sus partidos y candidatos, para que los trabajadores del campo y de la ciudad se eleven al poder político y a un gobierno propio.

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