El incendio de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, una localidad ubicada en el noroeste de México, provocó este martes la muerte de 39 personas. Como respuesta, cientos de migrantes se movilizaron exigiendo justicia a las puertas del lugar en el que se produjo el siniestro.

El incendio tuvo lugar en el marco de un motín protagonizado por los migrantes; lo llevaron adelante tras enterarse que iban a ser deportados. Los detenidos se encontraban en condiciones de hacinamiento, con sed y hambre.

Un video que comenzó a circular después del suceso muestra cómo los guardas del centro dejaron a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo tomaban una envergadura cada vez mayor.

En los últimos días, muchos migrantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración (INM), el centro de detención, el cual ya cuenta con una larga historia de abuso contra los migrantes. Según medios locales, los trabajadores, provenientes de Centroamérica y Sudamérica, fueron detenidos por estar en la calle vendiendo artesanías y pidiendo dinero.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, culpó a los migrantes por el incendio. No hizo ninguna mención sobre el estado calamitoso en el que estaban detenidos, o sobre el hecho de que los vigilantes no hicieron nada para salvar a las personas.

En la misma sintonía, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que los “responsables directos de los hechos” han sido presentados ante la Fiscalía General de la República, aunque no dio más detalles.

México funciona como un Estado tapón, que impide el paso de los migrantes. Una parte de su frontera con Estados Unidos fue amurallada, y en algunos de sus tramos se instalaron alambres de púa. Esto forma parte de una política impulsada por el gobierno norteamericano, y sostenida por AMLO.

Ciudad Juárez es una de las localidades que lindan con Estados Unidos. Allí, muchos migrantes que buscan cruzar al vecino del norte para pedir refugio permanecen varados.

Según organizaciones civiles mexicanas, en 2022 murieron más de 900 personas intentando cruzar hacia Estados Unidos. La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de detenidos en la frontera.

En diciembre pasado, los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.487 personas (8.000 personas al día); a 202.000 de ellos se les aplicó el denominado Título 8, que permite deportarlos a sus países de origen (El País, 3/2).

Cientos de miles de trabajadores de Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua o Venezuela, países azotados por el hambre y la pobreza, escapan hacia Estados Unidos y Canadá en busca de una vida mejor. A menudo, en el camino, muchos mueren o son reprimidos por las fuerzas policiales mexicanas y estadounidenses.

En febrero de 2021, una caravana de migrantes fue acribillada por una tropa de policías mexicanos. En diciembre del mismo año, un tráiler con migrantes chocó en el estado sureño de Chiapas, lo que dejó un saldo de 54 muertos y 100 heridos.

La situación continúa agravándose. El gobierno de Joe Biden propuso en febrero nuevas restricciones para los migrantes. Sigue con la misma política antiobrera del republicano Donald Trump.

La crisis migrante es una manifestación de la descomposición del capitalismo. Esto explica que sea un fenómeno de alcance internacional. Países como Grecia o Italia reciben cientos de desplazados provenientes de países de África carcomidos por la guerra imperialista. Los gobiernos occidentales les cierran las puertas a los migrantes que intentan ingresar a los países; el gobierno italiano, liderado por la ultra Georgia Meloni, es un ejemplo claro de cómo se está implementando esta política.

Defendemos el derecho de asilo y peleamos por la unión de trabajadores nativos y migrantes para terminar con el racismo, la xenofobia y los gobiernos ajustadores.