A través de dos recientes resoluciones, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos flexibilizó las sanciones que pesan sobre Venezuela. Una de dichas resoluciones habilita las transacciones con el Banco Central de Venezuela y otras entidades bancarias estatales. La otra, autoriza a empresas a negociar contratos comerciales y a participar en licitaciones abiertas por el gobierno venezolano.

Por medio de este esquema, la Casa Blanca busca incentivar y facilitar las inversiones extranjeras en Venezuela y afianzar su dominio económico sobre la nación caribeña, tras la invasión militar de enero en que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en más de una ocasión su intención de controlar el petróleo venezolano (las mayores reservas de crudo del mundo). Una de sus primeras decisiones, tras el derrocamiento de Maduro, fue suscribir un acuerdo con su sucesora, Delcy Rodríguez, para la compra de 50 millones de barriles de petróleo. Los fondos fueron a parar a una cuenta supervisada por la Casa Blanca. Poco después, Trump encabezó un encuentro con los principales referentes de la industria petrolera estadounidense, donde los instó a invertir 100 mil millones de dólares para reactivar la industria petrolera venezolana.

El gobierno de Rodríguez es una pieza de este operativo. La presidenta defiende públicamente la necesidad de reformas que lleven "seguridad jurídica" a los inversores. Su gobierno, además, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos que avanza en una reprivatización del sector, iniciada ya bajo el gobierno de Maduro. Dicha reforma modifica el artículo 22, que establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento eran actividades reservadas al Estado y las compañías con una participación estatal mayor al 50%. A partir de ahora, se habilita a las privadas a ejercer dichas actividades, e incluso a comercializar el crudo. A su vez, en el caso de las empresas mixtas, los socios privados podrán asumir un rol operativo mayor. Para mayor seguridad de las petroleras, inclusive, se habilitó la figura de un “arbitraje independiente” para la resolución de controversias, lo que sería una referencia velada a los tribunales internacionales.

Rodríguez participó este lunes de una reunión con referentes de Chevron (ver foto), que, tras la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, amplió su participación en algunos proyectos compartidos con el Estado venezolano. La reactivación de la industria petrolera venezolana tiene aún mayor interés para Estados Unidos ante la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, exige enormes inversiones previas. El economista José Toro Hardy, dedicado a temas petroleros, calcula que son necesarios entre 100 y 150 mil millones de dólares para ello, ya que, entre otras cuestiones, se requeriría la reconstrucción de la infraestructura energética (Banca y Negocios, 14/4). Por el momento, las grandes petroleras exigen garantías y no se apuran en hacer grandes desembolsos.

En el caso de la minería, la Asamblea Nacional también aprobó por unanimidad -a comienzos de mes- una reforma que favorece el desembarco del capital extranjero en el sector. Se habilitan concesiones de hasta 30 años. Un mes antes de la votación, Rodríguez se había reunido con inversores mineros y funcionarios estadounidenses. No solo se trata del potencial aurífero de Venezuela, sino de sus tierras raras, que hoy son fuente de disputa a nivel mundial. Organizaciones ambientales advirtieron sobre el impacto negativo que podrían tener estas modificaciones en zonas hasta ahora protegidas de la selva amazónica y reservas indígenas.

En medio de todo este operativo, que incluye la posibilidad de un regreso de Venezuela al FMI, la oposición proimperialista capitaneada por María Corina Machado asegura que el interinato de Rodríguez quedó vencido y reclama la convocatoria a elecciones. Sin embargo, de momento, Trump no considera que Machado reúna las condiciones políticas para hacerse cargo del mando, por lo que trata de vehiculizar sus intereses a través de Rodríguez.

La ofensiva del imperialismo en América Latina, que tiene su expresión más aguda en Venezuela y Cuba, pero cuyo alcance es general, exige la movilización y la lucha de los trabajadores y los explotados de todo el continente.