31/03/2021

Estados Unidos pide la liberación de los golpistas bolivianos

El asesino vuelve a la escena del crimen.

El sábado pasado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, emitió un comunicado en que reclama la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez y el resto de los detenidos por el golpe de Estado de noviembre de 2019. No es casual, toda vez que Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Evo Morales.

Hasta el momento, se encuentran en prisión, además de la exmandataria, dos de sus ministros (Álvaro Coímbra, de Justicia; Rodrigo Guzmán, de Energía) y el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta. Hay órdenes de detención contra otros ministros y militares, algunos de los cuales huyeron del país. A su vez, el general Alfredo Cuéllar y el excomandante de policía Jaime Zurita están en prisión domiciliaria por la masacre de Sacaba, Cochabamba, en que once personas fueron asesinadas en el puente de Huayllani, en noviembre de 2019. En el caso de las masacres en Senkata, en El Alto, ocurridas ese mismo mes, en las que fueron asesinadas diez personas, solo está detenido el comandante de la División Mecanizada del Ejército, Franco Orlando Suárez. Al mismo tiempo, 27 policías fueron procesados por la quema de la wiphala (bandera indígena) en esa misma época.

Pese a la machacona propaganda de los propios golpistas por presentar la asunción de Áñez como resultado de una sucesión constitucional, no hay ninguna duda de que se trató de un golpe de Estado. Las fuerzas armadas efectuaron una conferencia de prensa el 10 de noviembre de 2019 en la que “sugirieron” a Evo Morales que dejara el poder. Y fue el comandante en jefe de esas fuerzas, Williams Kalimán, quien le colocó la banda presidencial a la entonces senadora Áñez dos días más tarde, en una sesión irregular del Senado, sin el quórum correspondiente. Como parte del operativo golpista, Luis Fernando Camacho organizó milicias fascistas que arribaron a La Paz desde el oriente boliviano. El mismo ingresó al Palacio Quemado con la Biblia bajo el brazo. Como resultado de una extraordinaria lucha obrera y popular, un año más tarde los golpistas debieron convocar a elecciones presidenciales y perdieron el poder.

Frente a las detenciones, la derecha inició una campaña. Camacho, que en las últimas elecciones de gobernadores de este mes logró ser electo gobernador de Santa Cruz (por la fuerza Creemos), amenazó con que “un preso más y paramos el país” (La Nación, 16/3). Se protege, en primer lugar, a sí mismo. Comunidad Ciudadana (CC), la fuerza del expresidente Carlos Mesa, emitió un comunicado en que reclama la libertad de los presos con el argumento de la “reconciliación” y la “paz” (hablan de paz los defensores de un golpe que dejó decenas de manifestantes muertos). El gobierno de Bolsonaro también salió a defender a Añez. En Cochabamba, esposas de policías encabezaron una movilización para que cesen las aprehensiones. A su vez, la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) de La Paz y Cochabamba se declararon en estado de emergencia.

Aunque el gobierno del MAS criticó las declaraciones de Blinken como una intromisión en los asuntos internos de Bolivia, trascendió estos días una entrevista al presidente Luis Arce en que señala que el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, se contactó con representantes norteamericanos para iniciar diálogos y “mejorar las relaciones” (La Razón, 28/3). La entrevista sería previa al posicionamiento público del titular del Departamento de Estado, pero es ilustrativa de la línea contemporizadora del gobierno boliviano. Del mismo modo, el ecuatoriano Andrés Arauz ha usado una parte de su campaña presidencial en seducir a Estados Unidos (pronosticó que “nuestra relación va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente Biden”). Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, más allá de algunas críticas en sus discursos, siguen negociando un acuerdo con el FMI. Los “nacionales y populares” no tienen intenciones de emprender una lucha contra el imperialismo.

La lucha por la cárcel a los responsables del golpe en Bolivia y por justicia para las víctimas tiene que ir de la mano del desarrollo de una independencia política del movimiento obrero y campesino. Es necesario poner en pie un partido de trabajadores.

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