En estos momentos hay dos presidentes enfrentados en Perú. De un lado Martín Vizcarra, quien asumió a fines de marzo del 2018 en reemplazo del Pedro Pablo Kuczynski (destituido por medio de un golpe de estado parlamentario) y que, en el día de ayer, disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020.

Del otro, la actual vicepresidenta de Vizcarra, Mercedes Araoz, que fue nombrada presidente por una mayoría del Congreso que rechaza su disolución y votó “la vacancia” (renuncia) de Vizcarra.

Se ésta produciendo una rápida polarización. Anoche el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú se reunió durante largas horas con el gabinete, tras lo cual sacó un comunicado que reafirma la autoridad de Vizcarra “como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales”. Estaría avalando la disolución del parlamento.

Por otra parte, la principal Cámara Empresaria del Perú, la Confiep, ha sacado una declaración defendiendo al Congreso: “expresamos nuestro enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra” (RPP, 30/9)

La lucha contra la ‘corrupción’, o quién maneja el poder judicial

El choque formal giró en derredor de quien pasaría a controlar el Poder Judicial: estaba en discusión la elección del Tribunal Constitucional. Vizcarra se opuso a la manipulación que pretendían realizar las bancadas mayoritarias (fujimoristas y apristas) para tratar de imponer su propia camarilla.

Lógicamente, ambos bandos afirman que su fórmula era garantía para la lucha “contra la corrupción”. En realidad, sería garantía de impunidad, ya que todos están implicados en casos de corrupción. El affaire Odebrecht y otros llevaron a la cárcel ‘preventiva’ a cuatro expresidentes (y uno se suicidó), han salpicado a las bancadas parlamentarias (están detenidos líderes parlamentarios) e incluso está acusado en varias causas el propio presidente Vizcarra. La “corrupción” no es patrimonio del Congreso, sino de todo el régimen político y social capitalista.

La mayoría parlamentaria fujimorista-aprista es la que destituyó en su momento a Kuczynski y nombró a Vizcarra. Y es también la que ha realizado un fuerte control obstruccionista sobre el nuevo gobierno, que subió casi carente de base parlamentaria y política propia. Vizcarra fue obteniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, de sectores de la burguesía y de la ‘embajada’ contra los chantajes fujimoristas, desarrollando una campaña anticorrupción con la cual enfrentó y detuvo incluso a Keiko Fujimori, la líder del bloque opositor.

Frente patronal contra los trabajadores

Vizcarra aparece como defensor de los grandes intereses mineros y del capital financiero. Días antes de este primer desenlace, la Confiep sacó un comunicado llamando “a los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, a encontrar los mecanismos de diálogo y consenso, que garanticen la gobernabilidad” y apoyando las políticas que impulsa el gobierno, en particular la de “competitividad” (reforma laboral).

Vizcarra había sacado en las fiestas de fin de año de 2018 un decreto en ese sentido, con un fuerte ataque al salario y las conquistas laborales (tercerización en toda la línea, anulación de convenios colectivos, etc), que tuvo el apoyo de toda la clase capitalista y sus políticos. Vizcarra y el parlamento fujimorista votaron estos ataques a los trabajadores. La Federación Minera denuncia que ”ambos, Presidente Martín Vizcarra y mayoría fujimorista política en el Congreso, desarrollan los mismos contenidos de precarización y empobrecimiento de los trabajadores peruanos. Hace poco esa mayoría que hoy es blanco de críticas por parte de Martín Vizcarra, extendió el Régimen Especial Agrario que le niega derechos y protección a los trabajadores del campo, coincidiendo el Congreso con las medidas que el Presidente viene impulsando en su Política de Competitividad, es decir, más desigualdad y marginalización de los hombres y mujeres humildes del Perú”.

Toma cuerpo la resistencia de los trabajadores

La división interburguesa ha facilitado también que empiecen a levantar cabeza las luchas obreras. La más importante fue la huelga general de los mineros, que, aunque no llegó a la totalidad de los obreros de los alrededor de 110 complejos mineros existentes, fue un golpe político fuerte. La marcha de los mineros sobre Lima hace un mes y la fuerte represión con que la enfrentó el gobierno de Vizcarra tuvieron fuerte impacto. El programa de los mineros en huelga planteaba la derogación de las leyes de “competitividad” y la recuperación de conquistas perdidas (contra la tercerización, por paritarias, contra la inseguridad laboral, etc).

La industria minera es clave en el Perú: más de 200 mil trabajadores constituyen su base laboral. La Federación Minera está a la cabeza de este proceso de lucha, que se manifiesta también en sectores fabriles de Lima, entre otros.

La CGTP con el gobierno

La Central Obrera peruana (CGTP) está dirigida por el PC stalinista, que se ha alineado junto a Vizcarra y declaró abiertamente mediante un afiche y un comunicado: “Respaldamos el cierre del Congreso. Exigimos elecciones adelantadas”. La Federación Minera viene criticando a la dirección de la CGTP, acusándola de haber dejado aislada la huelga minera que fue reprimida.

La CGTP se prepara para ir a elecciones en un frente popular que se está constituyendo en torno a la llamada “Asamblea Nacional de los Pueblos” (ANP), con la integración dirigentes de fuerzas centroizquierdistas  como Nuevo Perú.

La clase obrera puede (y debe) intervenir en forma independiente

En esta crisis en curso, la clase obrera y los explotados no deben alinearse ni detrás del poder ejecutivo de Vizcarra, ni del Congreso de los Fujimori. Ninguna de ambas fracciones burguesas es progresiva. Ambas son proimperialistas y antiobreras. Los trabajadores deben aprovechar esta crisis para organizarse en forma independiente.

Para esta noche, ha sido convocada por la Federación Minera una “Asamblea Abierta” para la “Construcción de una Plataforma de Lucha”, colocando en primer lugar la lucha por la Derogación de los Decretos de “competitividad”. Esta Asamblea puede ser una gran oportunidad para lanzar una campaña por la convocatoria de un Congreso de Trabajadores a nivel nacional y en cada provincia, que vote un programa del movimiento obrero y permita su estructuración para poder intervenir en forma independiente en esta crisis nacional.