En las últimas horas se oficializó el retorno al confinamiento en las regiones costeras de Galicia y Cataluña, dado que se registraron unos sesenta puntos de rebrotes por Covid-19 (Clarín, 8/7). La enfermedad, que venía en desaceleración, ha dado lugar a rebrotes que podrían estar relacionados con el apresuramiento del gobierno en “volver a la normalidad”, en función de los reclamos empresarios. En el caso de la región catalana de Segriá, por ejemplo, se estima que el aumento de contagios está ligado a la llegada de trabajadores temporarios que laboran en la recolección de la fruta.

Las fábricas de diversos rubros y actividades ligadas al turismo han reanudado su funcionamiento. La cuestión de las medidas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo se vuelve un problema clave para el movimiento obrero español, que ha empezado a librar también batallas contra los despidos masivos y el ataque al salario que los grupos empresarios y el gobierno de Pedro Sánchez han emprendido en el marco de la pandemia.

A mediados de marzo, los trabajadores directos y subcontratados de Nissan fueron a la huelga cuando la multinacional nipona anunció oficialmente el cierre de sus plantas en Barcelona. En ese entonces, arrastradas por las bases, las centrales obreras UGT y CC.OO acataron la medida de fuerza, pero insistiendo continuamente en abrir una mesa de negociación con el gobierno y la patronal, debilitando la huelga. Pasó el tiempo sin respuestas y los trabajadores de Acciona (subcontratados de Nissan), al enterarse que la fábrica trasladaría sus materiales y maquinarias, convocaron a un acampe para bloquear la entrada y salida de camiones, postura en la que permanecen hace seis días. Por su parte, los trabajadores de la fábrica de aluminio Alcoa entraron en huelga e hicieron movilizaciones en Galicia contra el intento de cierre empresario. Para facilitar la tarea de las patronales, el titular del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha hecho un llamado a abaratar el costo de los despidos (Murcia Economía, 9/7).

Además de las cesantías masivas, que podrían llevar el desempleo hasta el 20% a fines de año (contra el 14% que había a fines de 2019), se ha aplicado un plan de suspensiones con reducción salarial (los ERTE), con un ingreso a cargo del gobierno que abarca cerca de 4 millones de trabajadores.

Los ataques patronales se repiten en otros lugares de trabajo. El próximo 28 y 29 de julio, los transportistas realizarán un paro activo contra los trabajos excesivos, la violación de las horas de descanso y una reducción salarial del 15% en marzo (El Estrecho Digital, 5/7). Por otro lado, la semana pasada, Airbus anunció recortes del personal en todo el mundo, afectando a unos 900 empleados españoles (Hosteltur, 1/7) y a unos 1.500 de su call center, Airbnb (El Diario Digital, 8/7). También se producirán despidos en las empresas energéticas: 130 en Sener y 239 en Siemens Gamesa (Dirigentes Digital, 8/7). Durante la pandemia, se produjeron unos 700.000 desempleos y la tasa aumentó a 18 millones (El Periódico, 3/7).

Pero las luchas no se producen sólo en las fábricas. Si la consejera de Sanidad Universal, Ana Barceló, se niega a abrir una mesa de negociación para atender las necesidades de los trabajadores sanitarios, el Sindicato Médico de la Comunidad Valencia podría impulsar una huelga indefinida, que comenzaría el 10 de julio. Entre sus principales reivindicaciones, exigen respetar el descanso obligatorio de 36 horas luego de cada guardia, una jornada laboral máxima de 38 horas semanales y un aumento salarial. En Madrid, la fecha ya está definida: el próximo 13 de julio, un total de 4.400 trabajadores irán a la huelga. Por Andalucía, el sindicato de Enfermería planteó la misma medida de fuerza, pero aún sin fecha (EuropaPress, 7/7).

Por último, la educación también sufre los ataques del gobierno. Los docentes le exigen a la Comunidad de Madrid que garantice una vuelta a clases sin riesgos de contagio, con un protocolo de salubridad e higiene efectivo, la reducción de estudiantes por aulas y el aumento del plantel docente y auxiliar. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza en Madrid convocaría una huelga para el inicio de clases, el 8 y 9 de septiembre, en la medida que estos requisitos no se cumplan.

Una misma tendencia se registra en todos los conflictos: la burocracia sindical como aparato de contención, intentando limitar la organización obrera del país. La UGT y la CC.OO dejaron pasar los despidos y las rebajas salariales sin votar un plan de lucha. Para defender los convenios colectivos de trabajo, el salario y las condiciones de vida y para que las luchas triunfen, es necesario un plan de acción, en la perspectiva de la huelga general.