Grecia: el gobierno aprueba una reaccionaria ley anti protestas

Decenas de miles se movilizan en todo el país

El 9 de julio, el parlamento griego votó un proyecto de ley que cercena el derecho a la protesta. Fue enviado al recinto por el gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, cuyo partido, el derechista Nueva Democracia, cuenta con 158 escaños en el Congreso lo que, sumado al voto de otros bloques, le permitió reunir 189 votos sobre un total de 300 legisladores.

Más de 10 mil trabajadores y jóvenes convocados por algunos sindicatos como el de empleados públicos y por la izquierda se movilizaron en Atenas, manifestación que fue reprimida violentamente por la policía y tuvo como saldo cientos de detenidos. Las movilizaciones se replicaron en más de 40 ciudades del país. La ley representa una ofensiva en toda línea contra el derecho a la protesta y, más en general, es un arma que buscará ser usada contra las acciones de lucha de los trabajadores.

En primer lugar, la nueva legislación plantea la obligación de que las protestas sean previamente aprobadas por el gobierno, así como su modalidad y recorrido, que en ningún caso podrá obstruir el tránsito de manera total ni la actividad comercial so pena de ser consideradas un delito y por lo tanto ser pasibles de ser disueltas en lo inmediato por las fuerzas represivas. A la vez, la ley instaura la figura de ‘responsables’ de las manifestaciones, que deberán ser previamente informados y que serán quienes deberán cargar con las consecuencias legales y económicas si se produjeran hechos considerados ilegales o daños materiales.

En el parlamento (donde sus diputados votaron en contra sin poner en peligro numérico la aprobación de la ley), el dirigente de Syriza y ex primer ministro Alexis Tsipras no se privó de desarrollar una demagogia opositora. Durante el gobierno de la ‘izquierda radical’, el ajuste ordenado por la Unión Europea y el FMI fue aplicado en regla enfrentando la movilización sistemática del pueblo trabajador. Por su parte, la coalición Movimiento para el Cambio, integrada por el Partido Socialista, votó a favor de la ley.

Las nuevas disposiciones represivas son una medida preventiva por parte del gobierno ajustador para enfrentar las acciones de la clase obrera y la juventud en respuesta a las dramáticas consecuencias sociales y económicas de la pandemia, que vino a profundizar la crisis capitalista mundial. Cuando aún no tuvieron lugar todos los efectos de la crisis sanitaria, el desempleo en Grecia ya supera el 15%. La economía griega es fuertemente dependiente del turismo que representa el 25% de sus ingresos y se trata de una de las ramas económicas más afectadas por la expansión del Covid-19. Una reapertura temprana de las fronteras dispuesta por parte del gobierno de Mitsotakis llevó a un rebrote y a la necesidad de imponer nuevas restricciones a la llegada de turistas.

La tendencia de la juventud y la clase obrera a enfrentar los embates contra sus condiciones de vida es uno de los datos de la realidad política griega desde el estallido de la crisis mundial en 2008 y su impacto en el país helénico con la consecuente sucesión de ajustes draconianos. En febrero la clase obrera respondió con un paro general a la reforma previsional impulsada por el gobierno e incluso durante la cuarentena, numerosos colectivos obreros como trabajadores de la salud, docentes, trabajadores del turismo entre otros protagonizaron importantes acciones de lucha.

Será necesario derrotar esta nueva legislación represiva, así como la continuidad de los planes de ‘austeridad’ gubernamental, mediante la profundización de las luchas de la clase obrera, proceso junto con el cual deberá emerger con fuerza una alternativa política propia de los trabajadores.