El proceso electoral en Guatemala, donde el 25 de junio hay comicios presidenciales y se renueva el Congreso, se encuentra fuertemente cuestionado por la inhabilitación de tres candidatos de peso. El Tribunal Supremo Electoral sacó del juego, con argumentos arbitrarios, a la candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos, la referente indígena Thelma Cabrera (que en 2019 consiguió el 10% de los votos); al empresario de derecha Carlos Pineda (de Prosperidad Ciudadana, quien figuraba primero en algunos sondeos); y a Roberto Arzú García Granados, de Podemos (hijo del expresidente conservador Alvaro Arzú). También fue apartado el candidato a alcalde de la capital por la coalición del movimiento Semilla, el indigenista Winaq (grupo fundado por la ex Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú) y la URNG -partido nacido de las viejas formaciones guerrilleras.

En este escenario proscriptivo, quienes aparecen mejor ubicados para ganar la primera vuelta (se descuenta un ballotage, puesto que todos los candidatos están muy lejos del 50% de intención de voto) son Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, formación que suele definirse como centroizquierdista), y dos candidatos de derecha: Zury Ríos Sosa, de la alianza Valor-Unionista, hija del dictador Efraín Ríos Montt; y Edmond Mulet, de Cabal, un exjefe de la Minustah (las tropas de ocupación de Naciones Unidas en Haití) y ex embajador en Estados Unidos y la Unión Europea. Un prontuario.

Manuel Conde, el candidato de Vamos, que es el partido del mandatario saliente Alejandro Giammattei, obtendría magros resultados, según los sondeos. La aprobación del presidente se ha despeñado hasta el 3,9% en algunas encuestas.

En total, hay más de 20 postulantes.

Guatepeor

Giammattei, quien llegó a la presidencia tras vencer a Torres en el ballotage de 2019, es un eslabón más en la larga cadena de gobiernos capitalistas que hundieron el país. En el llamado corredor seco, la pobreza trepa actualmente al 80% y las muertes por desnutrición infantil en las áreas rurales se han multiplicado, un problema que se agrava por los estragos del clima sobre la agricultura (El País, 6/5).

Ya en 2020, la pobreza envolvía a más de la mitad de los guatemaltecos. En tanto, el 1% más rico concentra la misma riqueza que el 50% de la población (Expansión.com, 30/3).

El empobrecimiento de las masas disparó la migración. Entre 2013 y 2020, aumentó un 44% el número de guatemaltecos que viven en Estados Unidos (ídem). Junto a Honduras y El Salvador, Guatemala conforma el llamado triángulo norte que representa el mayor flujo de migrantes en dirección al río Bravo.

Este terrible escenario se completa con los crímenes y la persecución contra luchadores sociales. El Comité por el Desarrollo Campesino (Codeca) denuncia el asesinato de 23 de sus militantes desde 2018.

En 2020, grandes movilizaciones campesinas hacia la capital desafiaron el presupuesto de ajuste 2021 e instalaron la consigna de “Fuera Giammattei”.

Tensiones con el Norte

Giammattei sostuvo un vínculo dual con Estados Unidos. Por un lado, su gobierno fue una pieza importante en los intentos de contención y represión de las oleadas migratorias en la región, suscribiendo convenios al respecto con Washington. A la vez, fue el primer mandatario latinoamericano en entrevistarse con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, a raíz de la guerra en el este europeo, alineándose así en el campo del imperialismo.

Pero por otro lado, el presidente guatemalteco chocó con la Casa Blanca cuando desplazó de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a Juan Carlos Sandoval, quien contaba con el aval de Estados Unidos y llevaba a cabo una investigación por corrupción que rozaba al mandatario. Al mismo tiempo, el gobierno se enfrentó con ese organismo por el manejo del caso Odebrecht, acusándolo de establecer acuerdos de delación premiada para los que no tenía atribuciones.

La FECI es uno de los resortes del imperialismo en Guatemala para apuntalar su influencia y disputar espacios de poder y negocios con las camarillas políticas nativas y corruptas. El gobierno anterior del comediante Jimmy Morales sostuvo un choque similar con Washington cuando suspendió el mandato de la Cicig, una comisión anticorrupción apoyada por las potencias extranjeras.

La burguesía y el imperialismo destruyeron a Guatemala. Solo la clase obrera y las masas campesinas pueden abrir una salida.